Los inmigrantes que denunciaron una estafa piden comparecer en el Parlamento vasco

Harresiak Apurtuz, la coordinadora que representa a los 60 inmigrantes estafados en Vizcaya durante el proceso de regularizaci¨®n de 2005, solicit¨® ayer la comparecencia ante la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento vasco para denunciar lo que consideran "total pasividad" de la Administraci¨®n del Estado. "No nos ha quedado m¨¢s remedio que acudir al Parlamento", declar¨® ayer el presidente de la citada coordinadora de las ONG que apoyan a inmigrantes, Rigoberto Jara.

Un a?o despu¨¦s de que presentaran sus denuncias, que siguen su curso en los juzgados, los inmigrantes contin¨²an en situaci¨®n irregular, pese a que la Ley de Extranjer¨ªa prev¨¦ la regularizaci¨®n en estos casos. De los siete supuestos estafadores, entre ellos dos abogadas, s¨®lo ha sido procesada una asesora.

Los inmigrantes pagaron una media de 1.000 euros a supuestos empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo durante el proceso de regularizaci¨®n extraordinaria del pasado a?o, por lo que el importe global de la estafa ronda los 60.000 euros.

Los presuntos estafadores formalizaban contratos para empresas inexistentes, sin medios materiales ni recursos, que se constituyeron d¨ªas antes del inicio de la regularizaci¨®n. Los hechos fueron confirmados por el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, que traslad¨® los datos a los juzgados.

Amparo parlamentario

Los representantes de los inmigrantes van a pedir amparo a la C¨¢mara vasca al no ver atendidas sus demandas para recibir la documentaci¨®n que legalice su situaci¨®n, despu¨¦s de haber sido v¨ªctimas de un fraude. La fiscal¨ªa del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero siete de Bilbao, reconoce que hay serios indicios de fraude en la actuaci¨®n de una abogada que tramit¨® los falsos contratos. Tambi¨¦n se han presentado denuncias en los juzgados n¨²mero dos, tres y cinco de la capital vizca¨ªna. Los casos se han visto retrasados por la huelga de los trabajadores de Justicia.

La investigaci¨®n policial permiti¨® descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por otras tantas abogadas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta por una falsa ONG que luego desapareci¨®.

Rigoberto Jara explic¨® que "vamos a esperar a que mueva ficha la Administraci¨®n espa?ola despu¨¦s de la comparecencia parlamentaria. Si sigue sin hacer nada, tendremos que seguir hasta las ¨²ltimas consecuencias".

Jara subraya que los art¨ªculos 31 y 45 de la Ley de Extranjer¨ªa prev¨¦n la regularizaci¨®n para los caos de trabajadores inmigrantes que denuncien ilegalidades. Adem¨¢s, una resoluci¨®n del Ministerio de Trabajo, del pasado 23 de junio deja en manos de las subdelegaciones la potestad de regularizar a inmigrantes que colaboren con las autoridades.