El Ayuntamiento de Sanxenxo vendi¨® propiedades de los vecinos, seg¨²n un informe encargado por el alcalde

En un pleno celebrado en marzo de 2001 el entonces alcalde de Sanxenxo, Telmo Mart¨ªn, se comprometi¨®, ante la oposici¨®n y sus propios vecinos que lo reclamaban, a encargar un dictamen jur¨ªdico que determinase la propiedad de los montes Vica?o y Baltar, frente a la playa de Portonovo. Se trataba de averiguar a qui¨¦n pertenec¨ªa el terreno en el que varias d¨¦cadas atr¨¢s se hab¨ªa asentado la vieja factor¨ªa de Conservas Pe?a, cuya actividad hab¨ªa cesado, y los de una parcela contigua de 3000 metros cuadrados adquirida por Construcuatro, la promotora de Telmo Mart¨ªn.

A la auditor¨ªa externa le correspond¨ªa aclarar la propiedad de varias fincas que los vecinos hab¨ªan puesto a disposici¨®n del ayuntamiento un siglo antes para albergar la factor¨ªa. El letrado, Evaristo Est¨¦vez Vila, entreg¨® en julio de aquel mismo a?o un informe de 22 p¨¢ginas que conclu¨ªa que las 126 h¨¦ct¨¢reas ten¨ªan la consideraci¨®n de "monte comunal", aunque en aquel momento nadie las hubiera reclamado. En su argumentaci¨®n, el letrado certificaba que la cesi¨®n del pueblo al consistorio s¨®lo pod¨ªa interpretarse como temporal, "partiendo del hecho incuestionable de su car¨¢cter comunal, no municipal".

Pero Telmo Mart¨ªn interpret¨® entonces que las terrenos correspond¨ªan al consistorio y aprob¨® un convenio urban¨ªstico con la empresa Construziona, propiedad de la familia del ex conselleiro, Xos¨¦ Cui?a -la misma que unos meses antes hab¨ªa comprado los terrenos a su sociedad- por el que el ayuntamiento renunciaba al aprovechamiento lucrativo al que ten¨ªa derecho a cambio de 1.081.423 euros. De ese modo, la inmobiliaria de la familia Cui?a se hizo con varias fincas en primera l¨ªnea de playa donde ahora promueve pisos de lujo.

La organizaci¨®n ecologista Salvemos Pontevedra ha presentado una denuncia aportando todos estos datos en el Juzgado de Cambados, que ya tiene una causa abierta por este caso relacionada con un presunto delito medioambiental.