La Fiscal¨ªa act¨²a contra 10 ayuntamientos de la costa por delitos de urbanismo

La fiebre urbanizadora que se ha adue?ado de la costa gallega en los ¨²ltimos tres a?os y la cercan¨ªa de las elecciones municipales han disparado el n¨²mero de querellas relacionadas con el urbanismo en los juzgados gallegos. Las dos ¨²ltimas memorias del Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recogen un amplio cat¨¢logo de denuncias vinculadas al ladrillo, casi siempre en ayuntamientos del litoral. El ayuntamiento de Arteixo acumula tres querellas por la v¨ªa penal por permitir construcciones que el ministerio p¨²blico y la Xunta de Galicia consideran ilegales.

El gobierno local de Pontedeume concedi¨® en 1999 una licencia para que un particular se construyese su chal¨¦ de veraneo en una finca r¨²stica de protecci¨®n costera donde la ley proh¨ªbe edificar viviendas unifamiliares. Cinco a?os despu¨¦s el proyecto fue rechazado por el departamento de Urbanismo del Gobierno gallego, que requiri¨® al alcalde socialista, Belarmino Freire, para que revisase la licencia, que seg¨²n la Xunta, era nula de pleno derecho.

Cuando el propietario de la casa se percat¨® de que su vivienda empezaba a salir en los peri¨®dicos, decidi¨® presentar un proyecto de explotaci¨®n de ¨¢rboles frutales para conseguir la vinculaci¨®n del chal¨¦ a una explotaci¨®n agropecuaria y legalizarlo de ese modo. No col¨®. Su propuesta, que lleg¨® a recibir el visto bueno del regidor de Pontedeume, ha acabado en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Betanzos.

En su denuncia, el fiscal especializado en Urbanismo concluye que la construcci¨®n "m¨¢s parece responder a una segunda residencia, que a una casa de labranza", por eso a finales de octubre present¨® una querella contra el arquitecto municipal del ayuntamiento, que inform¨® a favor del permiso, y de la comisi¨®n de gobierno que aprob¨® la licencia. Les imputa un delito de prevaricaci¨®n que el C¨®digo Penal castiga con penas de seis meses a dos a?os de prisi¨®n.

En Fisterra otro particular intent¨® adaptar su casa realizando un relleno para soterrar el bajo. Pretend¨ªa convertirlo en s¨®tano para que su vivienda se adaptase al n¨²mero de alturas permitido. La denuncia est¨¢ en fase de tramitaci¨®n. De prosperar, no ser¨¢ el primer varapalo que recibe el alcalde popular, Jos¨¦ Traba, a quien la Xunta le acaba de requerir para que anule las licencias de 400 pisos ilegales en la zona de La Anchoa, una codiciada recta en primera l¨ªnea de playa que los constructores han llenado de edificios. Las presuntas ilegalidades denunciadas por el fiscal en Arteixo no se refieren a grandes bloques de apartamentos ni a urbanizaciones de pareados. Aluden a la iglesia de la parroquia y a la casa del cura que el regidor, Manuel Pose, del PP, permiti¨® construir invadiendo una zona verde.

La Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial pidi¨® a Pose que anulase el permiso, una decisi¨®n que el regidor decidi¨® ignorar. El ministerio p¨²blico le acusa de un doble delito de desobediencia grave y contra la ordenaci¨®n del territorio. Es una de las tres querellas por la v¨ªa penal a las que se enfrenta el regidor de Arteixo. Todas relacioanadas con delitos urban¨ªsticos.

En otra denuncia el fiscal pide la imputaci¨®n de Pose y del resto de concejales del PP que autorizaron en 2003 unas obras de desmonte y relleno, donde una organizaci¨®n ben¨¦fica, la Fundaci¨®n San Rosendo, acab¨® construyendo una residencia de varias plantas. La querella se dirige adem¨¢s contra la constructora que levant¨® el edificio y la primera teniente de alcalde, Mar¨ªa Isabel Vila por ordenar el archivo de un expediente de reposici¨®n de la legalidad, en contra del criterio de la Direcci¨®n Xeral de Urbanismo. El juzgado de reparto de A Coru?a recibi¨® un tercer caso tambi¨¦n de Arteixo relacionado con una edificaci¨®n autorizada a la empresa Doficas, SL, que seg¨²n el escrito del fiscal, "invade hasta en 13 metros la zona de influencia de la carretera".

Licencia en un yacimiento

Tambi¨¦n en las inmediaciones de A Coru?a el alcalde de Cerceda, Jos¨¦ Garc¨ªa Li?ares, deber¨¢ explicar por qu¨¦ permiti¨® que una empresa construyese su nave industrial en el ¨¢mbito de protecci¨®n de un yacimiento arqueol¨®gico en Agra de Guisande. El ministerio p¨²blico envi¨® a finales de noviembre un escrito al Juzgado Decano de A Coru?a para que entregue a reparto y cite como imputados al regidor y los concejales que votaron a favor de la licencia. El ayuntamiento deber¨¢ abonar adem¨¢s una multa a la Direcci¨®n Xeral de Patrimonio de 30.000 euros por otorgar los permisos sin la correspondiente autorizaci¨®n de la Xunta de Galicia.

El alcalde nacionalista de Mugardos, Xos¨¦ Fern¨¢ndez Barcia tambi¨¦n deber¨¢ responder ante la Justicia por negarse a derribar una casa ilegal, tal y como orden¨® un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Aquel fallo concluy¨® que el propietario hab¨ªa utilizado una licencia de reforma y rehabilitaci¨®n para demoler su vivienda y construir una nueva. Fern¨¢ndez Barcia alega que el tr¨¢mite de derribo est¨¢ en marcha desde febrero de 2006. La setencia data de 1995.