El juez reactiva la orden de detener a los militares de EE UU que mataron a Couso

El juez Santiago Pedraz reactiv¨® ayer la orden de detenci¨®n internacional a efectos de extradici¨®n de los tres militares estadounidenses que el 8 de abril de 2003 mataron con un disparo de tanque al c¨¢mara de Tele 5 Jos¨¦ Couso, que se encontraba en el piso 15 del hotel Palestina, desde donde cubr¨ªa informativamente la toma de Bagdad por los norteamericanos. La orden hab¨ªa quedado sin efecto cuando la Audiencia decidi¨® archivar el caso, pero la familia de Couso recurri¨® al Tribunal Supremo, que resolvi¨® que la Audiencia Nacional era competente para investigar los hechos.

El juez Pedraz ha retomado la investigaci¨®n del caso y, a petici¨®n de la familia, ha reactivado las ¨®rdenes de detenci¨®n contra los tres militares, presuntos autores del asesinato de Couso. El magistrado les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato, ya que Couso ten¨ªa la consideraci¨®n de personal civil protegido por el Convenio de Ginebra de 1949.

Adem¨¢s, el letrado Leopoldo Torres, en representaci¨®n de la familia de Couso, solicit¨® que se impusiera a los tres militares una fianza de 1.012.000 euros para hacer frente a las responsabilidades que puedan declararse en el proceso. Como los imputados intervinieron en los hechos en su condici¨®n de miembros del Ej¨¦rcito de EE UU participante en la invasi¨®n de Irak, el abogado reclamaba que se requiriera id¨¦ntica fianza a la Administraci¨®n Federal de los Estados Unidos. El letrado exig¨ªa el embargo de bienes para cubrir la fianza en el caso de que no fuera constituida.

El juez Pedraz no se ha pronunciado sobre este extremo, sino que ha dado traslado del escrito del letrado al fiscal para que informe sobre la procedencia de la fianza y el eventual embargo de bienes.

Jos¨¦ Couso falleci¨® el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina, de Bagdad, por los disparos efectuados por un tanque Abrams Ml, que tambi¨¦n caus¨® la muerte al reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk. Como los hechos no fueron perseguidos en Irak ni en Estados Unidos, la familia present¨® una querella en la Audiencia Nacional.

El juez instructor, Santiago Pedraz, consider¨® que los hechos constitu¨ªan delito y solicit¨® la colaboraci¨®n de las autoridades estadounidenses para tomar declaraci¨®n al sargento Thomas Gibson, al capit¨¢n Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp. El primero fue el autor material del disparo que mat¨® a Couso y al reportero de Reuters. Wolford, que ten¨ªa el mando de la unidad de blindados, fue quien autoriz¨® el disparo de Gibson, tras consultar con De Camp, jefe del Regimiento de Blindados n¨²mero 64, de Estados Unidos.

Pero el Departamento de Justicia de EE UU rechaz¨® ejecutar el auxilio judicial solicitado por considerar que el Comando Central de Estados Unidos ya investig¨® los hechos y concluy¨® que fue una respuesta justificada y proporcionada acorde con las reglas de la guerra.

Hasta cuatro jueces remitieron comisiones rogatorias a Estados Unidos para tratar al menos de interrogar a los tres militares americanos, sin que hubiera respuesta.

"Asegurar su presencia"

Por ello, en octubre de 2005, el juez Pedraz acord¨® la busca y captura y detenci¨®n internacional a efectos de extradici¨®n de los tres militares estadounidenses "como ¨²nica medida efectiva para asegurar su presencia en el proceso" y a disposici¨®n de la justicia espa?ola, "a la vista de la nula cooperaci¨®n judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos, a pesar del v¨ªnculo de cooperaci¨®n mutua entre Espa?a y aquel pa¨ªs (...) y de los repetidos recordatorios librados para la ejecuci¨®n y cumplimiento de las solicitudes de auxilio enviadas al fiscal general norteamericano".

Estados Unidos, que no ha reconocido la Corte Penal Internacional, no tiene por costumbre extraditar a sus ciudadanos e incluso en ocasiones ha negociado la impunidad de sus militares antes de intervenir en alg¨²n conflicto b¨¦lico. Un funcionario del Departamento de Estado manifest¨® a Reuters que "har¨¢ fr¨ªo, mucho fr¨ªo, en el infierno", antes de que los militares sean interrogados en Espa?a.

Pero la orden internacional dictada por Pedraz supondr¨¢ un grave contratiempo para los imputados, puesto que impedir¨¢ que puedan viajar libremente por el mundo, ya que podr¨ªan ser detenidos en cualquier aeropuerto y ser extraditados a Espa?a.