El fiscal pide reabrir la instrucci¨®n de la estafa del 'caso Ciempozuelos'

En el intento de macroestafa de 152 parcelas de Ciempozuelos, los denunciantes no eran tan buenos ni los denunciados tan malos a juzgar por el escrito que ha enviado el fiscal al juez de Valdemoro Agust¨ªn Carretero. La Fiscal¨ªa de Madrid le ha remitido un informe en que el ve "mala fe" y "mendacidad" en algunos denunciantes y por ello pide al juez que reabra la investigaci¨®n, que estaba cerrada y con siete reos.

Este caso es la ra¨ªz del que supuso el ingreso en prisi¨®n de los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Joaqu¨ªn Tejeiro y Pedro Torrej¨®n por cohecho y blanqueo de capitales. En concreto, alude al grupo empresarial que supuestamente pretendi¨® arrebatar el a?o pasado 152 fincas a sus supuestos due?os. Esas fincas ocupan un mill¨®n de metros cuadrados, que iban a ser recalificados, lo que generar¨ªa plusval¨ªas de unos 600 millones.

La Fiscal¨ªa entiende que los denunciantes -la sociedad Prosci, que acudi¨® al juzgado para decir que el citado grupo empresarial quer¨ªa adue?arse de fincas de otros y pidi¨® que no se dejase a sus directivos acercarse a Ciempozuelos- han podido obrar de "mala fe" y cometer "fraude procesal". Seg¨²n el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, la actitud de los denunciantes ha originado que el juzgado se fiara de la "buena fe procesal" de ellos y diera "por v¨¢lida la relaci¨®n de afectados y perjudicados" que Prosci indicaba en su denuncia. Proci describ¨ªa las fincas y junto a ellas dec¨ªa qui¨¦n era su due?o.

La realidad, seg¨²n la Fiscal¨ªa, es que esa relaci¨®n de afectados "es inveraz e incluso mendaz". Valerio se?ala en su escrito: "Basta repasar los folios 3.761, 4001, 4082 (...) para comprobar que las sociedades constituyentes de Prosci -Esprode, Bitango y Sanedi-, en enero de 2007, pose¨ªan la pr¨¢ctica mayor¨ªa de las fincas alegadas; que la mitad de aquellas se hab¨ªan adquirido en los meses anteriores, y que un porcentaje significativo se adquirieron con inmediatez a la presentaci¨®n y admisi¨®n de la denuncia". Es decir, que algunos denunciantes han podido utilizar las medidas cautelares del juez para dar pelotazos urban¨ªsticos en la zona, tal y como supuestamente pretend¨ªan hacer los denunciados.

Alerta del catastro

El caso de esta macroestafa surge cuando el catastro alerta a una serie de vecinos de Ciempozuelos de que hab¨ªa ocho sociedades que pretend¨ªan escriturarse 152 fincas en la zona. La mayor¨ªa de las fincas estaban sin inscribir en el registro de la propiedad. Los denunciantes, la asociaci¨®n Prosci (que integra al Ayuntamiento de Ciempozuelos, Esprode y Bitango, sociedad ¨¦sta vinculada al empresario Fidel San Rom¨¢n, uno de los implicados en el caso Marbella) aseguraron que esas ocho sociedades estaban utilizando tretas para apoderarse de esas fincas en connivencia con dos notarios.

Tras recibir esa denuncia, el juez Carretero orden¨® a los directivos de esas empresas que no se acercaran a Ciempozuelos y, como medida cautelar, dict¨® una resoluci¨®n prohibiendo la compraventa e inscripci¨®n de las mismas en los registros. El fiscal se?ala ahora: "Mal puede ser perjudicado una sociedad [el fiscal se refiere a Prosci y el resto de sociedades] que, despu¨¦s de transmitir informaci¨®n inveraz sobre perjudicados, aprovecha el auto de prohibici¨®n de transmisiones para (...) comprar la totalidad de [22] parcelas". Lo llamativo, pues, es que meses despu¨¦s de dictar esa orden, Esprode, y otras personas, hayan acudido al juez alegando que en la zona tienen m¨¢s fincas, algo de lo que no inform¨® en la denuncia. Seg¨²n documentos del sumario, esas fincas han sido escrituradas con posterioridad a la orden judicial.