El choque entre el PP y el PSOE lastra el arranque de la Ley de Dependencia

Un mes ha durado el consenso con el que se aprob¨® la Ley de Dependencia. Esta norma, considerada el avance social m¨¢s importante de la legislatura, establece el derecho a recibir ayudas por parte de las personas con alg¨²n tipo de discapacidad (1,5 millones en Espa?a). El conflicto explot¨® el lunes en la reuni¨®n de constituci¨®n del Consejo Territorial, que es el organismo que debe establecer los criterios del reparto de subvenciones, sus importes y el sistema de control. El Gobierno se present¨® a esa reuni¨®n con 11 representantes, que el PP juzga excesivos y quiere dejar en tres.

Las discrepancias del lunes se repitieron ayer, en conferencias de prensa sucesivas en las que PP y PSOE, aparte de descalificar al otro partido, defendieron sus posturas. A diferencia de otros organismos de coordinaci¨®n entre el Gobierno central y las comunidades, el Consejo Territorial es el competente para dar el visto bueno a los reales decretos con el desarrollo pr¨¢ctico de la ley. Como dijo la responsable de Pol¨ªtica Social del PP, Ana Pastor, "es donde se va a decidir el dinero".

La composici¨®n del organismo fue fijada como sigue: un representante de cada comunidad (19, incluidas Ceuta y Melilla); dos de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), el presidente -el ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera- y otros 11 altos cargos. ?stos representaban a las secretar¨ªas de Estado de Servicios Sociales y de Cooperaci¨®n Territorial; las secretar¨ªas generales de Presupuestos, Sanidad, Trabajo y Empleo; la subsecretar¨ªa del Ministerio de Trabajo; las direcciones generales de Familias, de Coordinaci¨®n de Pol¨ªticas Sectoriales, del Instituto Nacional de Mayores y del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Composici¨®n abusiva

Para el PP esta composici¨®n es abusiva, ya que concede la mayor¨ªa al partido que est¨¢ en el Gobierno. Por eso sus representantes rechazan que la reuni¨®n del lunes 22 fuera v¨¢lida e incluso estudia que sus comunidades la recurran, como ya hicieron con el orden del d¨ªa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -denuncia que han ganado-.

Seg¨²n Pastor, la composici¨®n del Consejo -que afirma que pactaron con Caldera a cambio de votar la ley- se limitar¨ªa a los 19 representantes auton¨®micos, uno de la FEMP, los ministros de Trabajo, Sanidad y, si acaso, Administraciones P¨²blicas. Adem¨¢s, las decisiones deber¨ªan tomarse por unanimidad.

En conferencia de prensa posterior a la del PP, la secretaria de Pol¨ªticas Sociales del PSOE, Matilde Valent¨ªn, y la portavoz en la comisi¨®n de Asuntos Sociales, Marisol P¨¦rez, descalificaron los argumentos del PP. "Se trata de una oposici¨®n destructiva. Llegaron a la reuni¨®n con consigna y orden de torpedearla", dijo Valent¨ªn.

Pero aparte de las opiniones, la representante del PSOE tir¨® de reglamento: la ley establece en su art¨ªculo 8 que el Consejo estar¨¢ compuesto por representantes del Gobierno -no dice cu¨¢ntos- y de las comunidades. El requisito que se pone es que ¨¦stas deber¨¢n tener la mayor¨ªa, y la tienen: 19 frente a 11 de la Administraci¨®n.

Adem¨¢s, la toma de decisiones, seg¨²n el reglamento que llev¨® el Ministerio de Trabajo, se har¨¢, para todas las decisiones que deben desarrollarse mediante un decreto ley, por doble mayor¨ªa: la de todo el Consejo y la de los representantes auton¨®micos. El reglamento dice exactamente: "Los acuerdos y propuestas se adoptar¨¢n por asentimiento de los presentes y en su defecto por el voto favorable de la mayor¨ªa de los representantes de la Administraci¨®n General del Estado y de la mayor¨ªa de los de las comunidades aut¨®nomas". Valent¨ªn justific¨® la presencia de 11 altos cargos en que el Consejo tiene mucha capacidad decisoria, por lo que los departamentos implicados deben estar presentes.

En lo ¨²nico en que ambos partidos est¨¢n de acuerdo es en que esta pelea no debe afectar al desarrollo real de la norma.