La c¨²pula del Ej¨¦rcito elev¨® a Alonso su malestar por la protesta de guardias civiles
Los altos mandos temen el 'efecto contagio' de las reivindicaciones en las Fuerzas Armadas
La c¨²pula militar quiere evitar el efecto contagio en el Ej¨¦rcito del descontento en el seno de la Guardia Civil, 3.000 de cuyos miembros se manifestaron el pasado d¨ªa 20 para pedir la desmilitarizaci¨®n del instituto armado. Los tenientes generales en activo expresaron su malestar el martes al jefe del Estado Mayor, Carlos Villar, que lo transmiti¨® al ministro de Defensa, Jos¨¦ Antonio Alonso. ?ste les inst¨® a erradicar cualquier foco de indisciplina. En los d¨ªas siguientes, fueron expedientados dos l¨ªderes de la asociaci¨®n de guardias civiles convocante de la protesta (AUGC), y arrestado el presidente de una de militares. Seg¨²n la AUGC, el Gobierno ha cedido a la presi¨®n del Ej¨¦rcito y prepara nuevas sanciones.
La concentraci¨®n de 3.000 agentes de uniforme, el pasado d¨ªa 20 en Madrid, cay¨® como una bomba en los cuarteles. "Es lo m¨¢s grave que ha sucedido en los ¨²ltimos a?os", opinaba un mando. "No le tengo ninguna simpat¨ªa a Zapatero, pero resulta intolerable ver a guardias civiles insultar al presidente del Gobierno", agregaba otro. "Es mejor que dejen de ser militares, antes que pasar por esto", remachaba un tercero.
El Consejo Superior del Ej¨¦rcito de Tierra, reunido el pasado martes en el Palacio de Buenvista, tuvo ocasi¨®n de transmitir directamente su malestar al ministro de Defensa, Jos¨¦ Antonio Alonso. El procedimiento empleado fue extremadamente respetuoso, pero no por ello menos claro: primero, los tenientes generales en activo se reunieron con el jefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito, el general Carlos Villar, y expresaron sin tapujos su parecer sobre lo sucedido; luego, Villar se ausent¨® de la reuni¨®n para asistir a la toma de posesi¨®n del nuevo secretario general de Pol¨ªtica de Defensa, el diplom¨¢tico Luis Cuesta; por ¨²ltimo, Villar regres¨® para almorzar con los tenientes generales acompa?ado por el ministro de Defensa.
En el trayecto entre la sede central del Ministerio y el Palacio de Buenavista, Villar tuvo ocasi¨®n de informar a Alonso del rechazo un¨¢nime de los tenientes generales a la concentraci¨®n de guardias civiles y ¨¦ste ya estaba advertido cuando, conforme al gui¨®n previsto, Villar hizo un resumen protocolario de los asuntos abordados en la reuni¨®n mensual del Consejo Superior del Ej¨¦rcito de Tierra.
El ministro empez¨® explic¨¢ndoles que hab¨ªan sido malinterpretadas sus palabras del d¨ªa anterior sobre la manifestaci¨®n de guardias civiles. Preguntado al respecto durante la rueda de prensa con que concluy¨® su visita al centro Geogr¨¢fico del Ej¨¦rcito, Alonso hab¨ªa dicho: "No me consta que se produjera ninguna ilegalidad". El diario Abc titul¨®: "Alonso no ve ilegal que miles de guardias se manifiesten y griten ?Zapatero, embustero!".
El ministro explic¨® a los mandos militares que no se hab¨ªa pronunciado con claridad porque la ley atribuye a la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa y la Guardia Civil la iniciativa para abrir expedientes disciplinarios a los agentes, mientras que a ¨¦l le corresponde decir la ¨²ltima palabra, y precipitarse supondr¨ªa prejuzgar el resultado. Eso no significa, enfatiz¨®, que considerara legal la manifestaci¨®n de guardias uniformados. Todo lo contrario.
La conmoci¨®n que las im¨¢genes de la plaza Mayor causaron a muchos mandos militares s¨®lo se entiende si se considera que, hasta hace 20 a?os, la Guardia Civil era dirigida por un teniente general del Ej¨¦rcito de Tierra y que todav¨ªa hoy los oficiales del instituto armado pasan dos a?os en la Academia General Militar de Zaragoza y acuden a los cursos de Estado Mayor y aptitud para el ascenso al generalato en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Es decir, que muchos militares y guardias civiles son compa?eros de pupitre.
Eso sin contar con que el ministro de Defensa comparte con el de Interior la facultad de proponer al director de la Guardia Civil, conserva la competencia en materia de ascensos y se reserva la imposici¨®n de las sanciones disciplinarias m¨¢s graves, como la separaci¨®n del servicio. Adem¨¢s, ostenta el mando directo sobre los agentes cuando cumplen misiones de car¨¢cter militar.
Pero la mayor preocupaci¨®n de los mandos militares era el efecto contagio que la escalada reivindicativa de los guardias civiles pudiera llegar a tener en el seno de las Fuerzas Armadas. "No vamos a tolerar ning¨²n acto de indisciplina", dijo el ministro a los periodistas inmediatamente antes de almorzar con los tenientes generales. Y a ellos tambi¨¦n se lo repiti¨®. "Aunque no hac¨ªa falta", remacha uno.
Preguntado un alto responsable del Ej¨¦rcito si ser¨ªa posible procesar por sedici¨®n a los 3.000 agentes que se manifestaron de uniforme por Madrid, contest¨® provocador: "?Por qu¨¦ no?" Pero el mismo mando admit¨ªa, m¨¢s en serio, que habr¨ªa resultado mucho m¨¢s f¨¢cil tomar medidas expeditivas en su momento y no dejar que el problema adquiriese las actuales dimensiones.
Eso es justo lo que los jefes del Ej¨¦rcito decidieron. "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar....", resum¨ªa uno de ellos.
No es casualidad que el pasado jueves fuera arrestado el presidente de la Asociaci¨®n Unificada de Militares Espa?oles (AUME). Dos capitanas de la Asesor¨ªa Jur¨ªdica del Cuartel General del Ej¨¦rcito acudieron a mediod¨ªa a la base de helic¨®pteros de Colmenar Viejo (Madrid), donde est¨¢ destinado el brigada Jorge Bravo, para comunicarle que ten¨ªa dos horas para presentarse en el centro disciplinario y empezar a cumplir el arresto de un mes y un d¨ªa que le hab¨ªa impuesto el propio jefe del Ej¨¦rcito, Carlos Villar. "De no proceder como le ha sido ordenado, habr¨¢ lugar a exig¨ªrsele las correspondientes responsabilidades penales", dec¨ªa la expeditiva notificaci¨®n.
Para abundar en el car¨¢cter ejemplificador de la sanci¨®n, ¨¦sta fue difundida a trav¨¦s de la p¨¢gina web del Ej¨¦rcito de Tierra, lo que carece de precedentes.
Formalmente, la sanci¨®n le fue impuesta por unas declaraciones formuladas por Bravo en marzo de 2006, en las que cuestionaba la versi¨®n oficial sobre el accidente del Cougar en el que murieron 17 militares espa?oles en Afganist¨¢n. Lo cierto es que, de todas las asociaciones militares, la AUME es la m¨¢s pr¨®xima a la Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organizadora del acto de Madrid que tanta indignaci¨®n hab¨ªa producido en la c¨²spide del Ej¨¦rcito.
Por si hubiera alguna duda, el propio Bravo -aunque de paisano y no de uniforme- subi¨® a la tribuna instalada en la Plaza Mayor y expres¨® p¨²blicamente su apoyo a las reivindicaciones de los guardias civiles. Adem¨¢s, el mismo d¨ªa en que se reun¨ªa el Consejo Superior del Ej¨¦rcito, salt¨® a los medios de comunicaci¨®n la campa?a de la AUME para quejarse por el reparto de los complementos retributivos entre los militares.
Seg¨²n varios expertos, no llega al 2% de los 130.000 militares en activo los que pertenecen a alguna asociaci¨®n. A pesar de que hay media docena legalizadas. Algunas, como AUME, nacieron a partir de la problem¨¢tica de un colectivo concreto -en su caso, los controladores a¨¦reos militares- y han ampliado su campo al resto de las Fuerzas Armadas. Otras, como AME o AMARTE, surgieron de oficiales en la reserva y han incorporado luego a personal en activo.
"No hay por ahora ninguna posibilidad de que ocurra en el Ej¨¦rcito lo mismo que en la Guardia Civil", asegura un alto mando. Por ahora no es para siempre.
En el filo de la navaja
El Gobierno ha renunciado a aprobar en esta legislatura la ley de Derechos y Libertades de los militares, a pesar de que figuraba en el programa electoral del PSOE y de que la ley Org¨¢nica de la Defensa Nacional, de noviembre de 2005, daba un plazo de tres meses para remitirla a las Cortes. En cambio, ha prorrogado la prohibici¨®n de las asociaciones reivindicativas, contenida en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas de 1978. La situaci¨®n legal, sin embargo, no es tan clara. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2001 estableci¨® que una asociaci¨®n no es ilegal por defender los derechos econ¨®micos, sociales y profesionales de los militares, sino por recurrir a mecanismos de tipo sindical, como las huelgas. Por eso, se acept¨® el cambio de estatutos de la UME, que hasta entonces era una hermandad de reservistas y abri¨® sus puertas a los militares en activo. Tambi¨¦n la AUME, que preside el arrestado brigada Bravo, afilia a militares en activo y el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jos¨¦ Antonio Alonso, la inscribi¨® en abril de 2005 en el registro de asociaciones. Estas asociaciones son por tanto legales, pero est¨¢n en el filo de la navaja, sin un marco legal que regule su actuaci¨®n, bajo la espada de Damocles del c¨®digo disciplinario.
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