Clandestinidad en democracia

Es probable que la ma?ana del s¨¢bado 20 de enero alg¨²n viajero en clase turista del AVE 09667 que circulaba de Sevilla a Madrid advirtiera un fen¨®meno extra?o: decenas de hombres que ocupaban los vagones vest¨ªan un pantal¨®n verde oliva, adem¨¢s de zapatos negros, y ocultaban bajo sus jers¨¦is una camisa igualmente verde. Se trataba de guardias civiles procedentes de varias localidades de Andaluc¨ªa. Todos ellos llevaban en una bolsa el triqui (tricornio) y la chaqueta, seg¨²n las instrucciones recibidas. Acud¨ªan a la concentraci¨®n convocada en la Plaza Mayor por la Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato verde. El acto contaba con los permisos de rigor, pero todos eran conscientes de que acudir con el uniforme iba a tener repercusiones no s¨®lo porque significaba un incumplimiento de las normas disciplinarias sino por sus efectos medi¨¢ticos. Casi todos los peri¨®dicos llevaron a su portada al d¨ªa siguiente la imagen de varios miles de guardias civiles uniformados. A los altos mandos militares se les indigest¨® el desayuno.

En 10 a?os se han producido 17.000 bajas psicol¨®gicas y 438 intentos de suicidio

La sorpresa provocada el 20 de enero ha sido un ¨¦xito m¨¢s en la dif¨ªcil trayectoria de esta organizaci¨®n y es una prueba no s¨®lo del grado de concienciaci¨®n de sus afiliados sino tambi¨¦n de su capacidad organizativa. As¨ª, el 20-E entra en los anales de una larga lucha reivindicativa que mantiene desde hace 12 a?os un sindicato que no est¨¢ reconocido como tal pero que cuenta con 24.700 afiliados sobre un colectivo de casi 70.000 guardias civiles. A ciertos efectos, la AUGC es un sindicato clandestino, hecho parad¨®jico si se tiene en cuenta que todo su historial se ha desarrollado en democracia. No dispone de locales dentro de dependencias de la Guardia Civil, carece de miembros liberados, no puede negociar mejoras econ¨®micas ni convocar una huelga, pero cuenta con una ejecutiva, unos delegados regionales y una organizaci¨®n puramente sindical incluidas las denominaciones, desde el secretario general hasta la reci¨¦n creada secretar¨ªa de la mujer.

Sin ayudas oficiales, con la ¨²nica aportaci¨®n econ¨®mica de los 72 euros que paga anualmente cada afiliado, el sindicato verde dispone de un local, un servicio de prensa, varios canales de comunicaci¨®n a trav¨¦s de Internet y la asistencia de 40 abogados repartidos por toda Espa?a. "Todas nuestras conquistas las hemos conseguido a golpe de sentencia", dice Alberto Moya, secretario de asuntos jur¨ªdicos.

La lucha de este sindicato se ha desarrollado en condiciones muy adversas, con una oficialidad dispuesta a reprimir todas sus acciones a golpe de C¨®digo Militar. Los expedientes, los arrestos, los desplazamientos a otras unidades, la denegaci¨®n de ascensos han llovido sobre quienes se han atrevido a exigir derechos laborales en medio de un entorno militar. "Yo s¨¦ que desde que estoy en este sindicato no puedo cometer el m¨¢s m¨ªnimo error en mi trabajo. No puedo llegar ni cinco minutos tarde", explica Marimar Garrido, que trabaja en criminal¨ªstica y es responsable de la secretar¨ªa de la mujer. Dos de los hist¨®ricos de este sindicato ya no est¨¢n en la Guardia Civil. El sargento Jos¨¦ Morata, responsable del primer foco asociativo en Valencia en 1994, fue expulsado y trabaja en un quiosco de prensa en Benic¨¤ssim (Castell¨®n). Fernando Carrillo, l¨ªder del sindicato hasta hace tres a?os, est¨¢ retirado y tiene una consulta como psic¨®logo. Ambos asistieron emocionados al 20-E.

Algunas de las denuncias de este sindicato pueden parecer ins¨®litas en un pa¨ªs democr¨¢tico: se han producido 17.000 bajas psicol¨®gicas en los ¨²ltimos 10 a?os, 438 intentos de suicidio (uno cada diez d¨ªas, un ratio que supera ampliamente las estad¨ªsticas del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa o las Fuerzas Armadas), 4.000 bajas por motivos psicol¨®gicos antes de la edad reglamentaria, 356 condenas por tribunales militares, m¨¢s de 200 ingresos en prisiones militares y 46.900 guardias expedientados, de los cuales 32.000 han sufrido arrestos. El origen de sus reivindicaciones nace de la aplicaci¨®n del C¨®digo Militar a un cuerpo que act¨²a como polic¨ªa civil. El sindicato no exige la desmilitarizaci¨®n sino la aplicaci¨®n de un nuevo r¨¦gimen disciplinario y la regulaci¨®n del derecho de asociaci¨®n profesional.

Ambas demandas figuran en el programa electoral del PSOE. El 22 de enero de 2004, el entonces jefe del Grupo Socialista, Jes¨²s Caldera, hoy ministro de Trabajo, intervino en una asamblea en Madrid para decir que "quien ha negado la reforma del r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil, ha negado el asociacionismo y no ha mejorado las condiciones salariales ni laborales de los agentes, no puede ofrecer nada".

"Nos hemos hartado de hacer ruedas de prensa con diputados y altos cargos del PSOE", explica Juan Antonio Delgado, secretario de medios de comunicaci¨®n. Sin embargo, llegado el PSOE al Gobierno se produjo una decisi¨®n inesperada: nombraba director general de la Guardia Civil al general Arruche. La etapa de Arruche supuso una gran decepci¨®n. El general abort¨® algunos t¨ªmidos avances que se hab¨ªan dado en la etapa de Valdivielso. Las buenas palabras de algunos altos cargos socialistas no han generado ni un solo avance y, a estas alturas de la legislatura, los dirigentes del sindicato verde saben que no hay tiempo material para que prospere alg¨²n proyecto. Y esa ha sido la espoleta de la convocatoria del 20 de enero.

El anuncio de expedientes parece poco arsenal para erosionar la fortaleza de un sindicato que se ha fajado en la adversidad como ninguna otra organizaci¨®n sindical en democracia. La imagen de los 25.000 agentes de la gendarmer¨ªa francesa manifest¨¢ndose en Par¨ªs es ahora motivo de inspiraci¨®n para un sindicato desenga?ado y que est¨¢ dispuesto a todo.