Los remolacheros piden al Gobierno que incentive el abandono del cultivo

Las organizaciones agrarias han reclamado a la Administraci¨®n la adopci¨®n de medidas para elevar los ingresos percibidos por la remolacha. Por un lado, piden medidas que incentiven a seguir a los cultivadores y por otro, demandan m¨¢s ayudas para quienes quieran abandonar, lo que redundar¨ªa en beneficio de los que permanezcan en el sector.

Tras la reforma de la OCM, frente a unos precios medios con la regulaci¨®n anterior de 48 euros por tonelada, en la ¨²ltima campa?a el precio base fue de 32,9 euros m¨¢s 1,4 euros por el reparto del sobre nacional y 0,9 euros por la aplicaci¨®n de art¨ªculo 69 de la reforma. En total, algo m¨¢s de 35 euros que se reducir¨¢n a 32 euros para esta campa?a, a 31 euros para la siguiente y a menos de 30 euros a partir de 2009.

Junto a esas cifras de liquidaci¨®n de las f¨¢bricas, el agricultor percibe una ayuda desacoplada que, en la ¨²ltima campa?a, fue de 8,40 euros por tonelada y que llegar¨¢ a los 12,6 euros a partir de 2009. En todo caso, el conjunto de los ingresos est¨¢ por debajo de los precios percibidos con la OCM anterior, lo que ya se ha traducido en un descenso de la superficie de siembra de m¨¢s de 15.000 hect¨¢reas sobre un total de 100.000 hect¨¢reas.

Para apoyar el mantenimiento del cultivo, una primera medida solicitada a la Administraci¨®n es la puesta en marcha de planes de viabilidad en el marco del desarrollo rural, con apoyos espec¨ªficos para este cultivo

Ante la industria, el sector solicita a la Administraci¨®n que incremente el porcentaje a percibir por el cultivador sobre la ayuda por reestructuraci¨®n que cobrar¨¢n las industrias. Agricultura fij¨® un m¨ªnimo de un 10% y un m¨¢ximo del 15% y dio libertad a las comunidades para establecer el porcentaje.

De acuerdo con esa posibilidad, Castilla-La Mancha, donde se ha producido el cierre de la ¨²nica planta azucarera, lo fij¨® en el 14%. Por su parte en Andaluc¨ªa, donde la industria ha llevado a cabo nuevas inversiones, se ha establecido en el 10%. Las organizaciones agrarias piden que ese porcentaje pueda llegar al 25% como media hasta 2009.