La Audiencia juzgar¨¢ a ?vila Rojas por apropiaci¨®n indebida
El juzgado penal se inhibe por la magnitud de la posible pena
La Audiencia Provincial de Granada ser¨¢ la que finalmente juzgue al promotor Jos¨¦ ?vila Rojas por dos operaciones urban¨ªsticas irregulares, despu¨¦s de que el Juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Granada se inhibiera de la causa. El traslado de las diligencias se debe a que el delito de apropiaci¨®n indebida que le achaca la acusaci¨®n particular de forma alternativa al de estafa, supera la pena de cinco a?os de prisi¨®n.
La defensa de ?vila Rojas, imputado en el caso Malaya contra la corrupci¨®n en Marbella, estima que el juzgado de lo Penal no es competente para juzgar a su cliente despu¨¦s de que la acusaci¨®n particular, ejercida por la empresa Promociones y Propiedades Inmobiliarias, SL, solicitara una calificaci¨®n alternativa al fraude por apropiaci¨®n indebida, que puede conllevar una pena de seis a?os de c¨¢rcel. La acusaci¨®n particular se mostr¨® conforme con la medida.
El fiscal acusa al constructor de cometer sendos fraudes a la Hacienda P¨²blica por los que solicita un total de ocho a?os de c¨¢rcel y 20 millones de euros de multa. La primera operaci¨®n irregular tuvo lugar el 22 de mayo de 2001, cuando el empresario y la sociedad CCF 21, perteneciente al empresario Carlos S¨¢nchez , tambi¨¦n imputado en el caso Malaya, adquirieron una finca en Marbella.
El mismo d¨ªa los nuevos due?os vendieron la finca a Promociones y Propiedades Inmobiliarias, SL. En el contrato se estipul¨® que la operaci¨®n quedaba sujeta al pago del IVA, una cantidad que deber¨ªan ingresar en Hacienda los vendedores, ya que supuestamente la hab¨ªan recibido de los compradores, que adelantaron el 16% de la transmisi¨®n, lo que no se llev¨® a cabo. La cantidad defraudada asciende a 580.577 euros en concepto de IVA y a 1,95 millones de IRPF. La acusaci¨®n particular ve tambi¨¦n una presunta apropiaci¨®n indebida, por la que reclama seis a?os de prisi¨®n y multa.
La segunda operaci¨®n se desarroll¨® el 29 de junio de 2002 Presuntamente, el empresario y de nuevo CCF 21 vendieron otra finca y tampoco, seg¨²n el fiscal, pagaron a la Agencia Tributaria los impuestos correspondientes.
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