El fiscal esgrime el 'caso Bot¨ªn' para que los polic¨ªas del '¨¢cido b¨®rico' eludan el banquillo

La fiscal¨ªa de Madrid no s¨®lo no ve delito en la actuaci¨®n de los jefes policiales del caso del ¨¢cido b¨®rico, sino que, adem¨¢s, entiende que este asunto debe ser sobrese¨ªdo y que los agentes ni siquiera deben pasar por el trance de la pena de banquillo. En el escrito remitido a la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al Consejo General del Poder Judicial, los fiscales fundamentan su petici¨®n de sobreseimiento definitivo del caso, entre otros argumentos, en una resoluci¨®n dictada el 20 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La resoluci¨®n, que evit¨® que el presidente del Grupo Santander, Emilio Bot¨ªn, se sentara en el banquillo, fue ponencia del juez Javier G¨®mez Berm¨²dez, el mismo que ahora est¨¢ al frente del tribunal que juzga la matanza del 11-M y que ha sido aupado a la presidencia de esta sala por los actuales vocales mayoritarios y conservadores del Poder Judicial.

De acuerdo con la resoluci¨®n de G¨®mez Berm¨²dez, para que un juez siente en el banquillo a un imputado en un procedimiento abreviado, es imprescindible que lo exijan "el ministerio p¨²blico" y/o "la acusaci¨®n particular". En el caso de las diligencias del ¨¢cido b¨®rico, esgrimido por los medios pr¨®ximos al PP para trazar un v¨ªnculo entre el 11-M y ETA (la llamada teor¨ªa de la conspiraci¨®n), tanto la fiscal¨ªa como la Abogac¨ªa del Estado (la ¨²nica acusaci¨®n particular en este proceso) solicitan el sobreseimiento. En el proceso del ¨¢cido b¨®rico existe una acusaci¨®n o acci¨®n popular, representada por una asociaci¨®n de v¨ªctimas patrocinada por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP. Pero la ¨²nica acusaci¨®n particular es el Estado.

"El juez lo acordar¨¢"

El caso que afecta a esta sustancia matacucarachas surge a ra¨ªz de que la polic¨ªa hall¨® ¨¢cido b¨®rico en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los principales acusados en el 11-M. Tres peritos de la polic¨ªa cient¨ªfica hicieron un informe dando cuenta de este hallazgo y se?alando que una sustancia del mismo tipo hab¨ªa sido encontrada en la casa de dos etarras detenidos a?os antes en Salamanca y en la de una activista antisistema arrestado en Madrid en 2004. Los jefes policiales de estos peritos entendieron que no cab¨ªa establecer una relaci¨®n merced a ese hallazgo e hicieron otro informe omitiendo ese detalle por considerarlo intrascendente para las pesquisas del 11-M. Pero los medios afines al PP interpretaron esa omisi¨®n como un intento del Gobierno de ocultar un supuesto nexo entre ETA y el 11-M.

La juez Gallego admiti¨® una denuncia de la asociaci¨®n que patrocina Esperanza Aguirre y les abri¨® diligencias por falsedad. Lo m¨¢s grave que vio la juez es que uno de los jefes policiales firm¨® unos an¨¢lisis de esa sustancia que ¨¦l no hab¨ªa realizado personalmente. Por ello, les abri¨® un procedimiento abreviado e inst¨® a las partes, como marca la ley, a que acusaran o pidieran el sobreseimiento. Tras el empuje al caso de la juez, la junta de fiscales de Madrid (15 fiscales) lo analiz¨® y entendi¨® que no hab¨ªa delito en la conducta de los jefes policiales, entre ellos el jefe de la polic¨ªa cient¨ªfica, Miguel ?ngel Santano. En los procedimientos abreviados existe la tendencia de que los imputados tienen que sufrir la pena de banquillo si lo pide alguna de las partes. En este caso, s¨®lo lo pide la asociaci¨®n que patrocina Esperanza Aguirre. Para que ni siquiera se sienten en el banquillo, la fiscal¨ªa de Madrid aporta una resoluci¨®n del juez G¨®mez Berm¨²dez referida a un asunto en el que la acusaci¨®n popular se empe?¨®, sin ¨¦xito, en llevar al banquillo al presidente del Santander. La fiscal¨ªa de Madrid hace suyo el contenido de ese auto en el escrito que ha remitido a la juez Gallego.

Un auto de procedimiento abreviado, como el que la juez Gallego ha abierto a los jefes policiales del ¨¢cido b¨®rico, implica que la juez da por concluida la instrucci¨®n, entiende que los hechos revisten car¨¢cter de delito y que hay personas presuntamente responsables. A continuaci¨®n, seg¨²n la ley, el juez debe dar traslado a "todas las acusaciones", sin distinci¨®n de clases, ya sean p¨²blicas, privadas o particulares, para que presenten acusaci¨®n e interesen la apertura de juicio; o, en cambio, soliciten el archivo de la causa.

Hasta aqu¨ª no hay diferenciaci¨®n entre las partes. Pero la Audiencia Nacional esgrimi¨® el art¨ªculo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ahora se basa la Fiscal¨ªa de Madrid, que dice literalmente: "Si el ministerio fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) el juez lo acordar¨¢". El legislador no habla en global de las partes: cuando quiere matizar a qu¨¦ tipo de parte se refiere lo hace y diferencia entre acusador particular, privado o acci¨®n popular. En este caso, seg¨²n fuentes fiscales, el art¨ªculo 782 habla n¨ªtidamente del ministerio fiscal y de la acusaci¨®n particular (en este caso, la abogac¨ªa del Estado). Si ambas piden el sobreseimiento, como as¨ª ocurre en el caso del ¨¢cido b¨®rico, "el juez lo acordar¨¢".

Las otras partes que hay en el proceso del ¨¢cido b¨®rico son las defensas, que tambi¨¦n piden el sobreseimiento, y la acci¨®n o acusaci¨®n popular (la patrocinada por Esperanza Aguirre), que pide condena y pena de banquillo. Entiende el actual presidente del tribunal del 11-M que "el legislador usa el lenguaje con propiedad" y que cuando alude al ministerio fiscal y a la acusaci¨®n particular se refiere s¨®lo a ¨¦sas y no a las otras. Y que si esto es as¨ª, el juez no tiene m¨¢s remedio que archivar.

En el escrito que la fiscal¨ªa ha remitido a la juez Gallego se indican, adem¨¢s, otros motivos en los que fundamenta la inexistencia de delito. Hassan El Haski, en cuya casa se hall¨® la pol¨¦mica sustancia, ha negado en el juicio del 11-M tener relaci¨®n con ETA y ha tachado de "pel¨ªcula" un asunto en el que los medios afines al PP han empleado decenas de p¨¢ginas y de horas de radio.