El Gobierno ayudar¨¢ a UDC, ERC e IU a recuperar sus bienes de 1939
La Ley de Memoria Hist¨®rica comenzar¨¢ a tramitarse el 6 de marzo
El PSOE, y por tanto el Gobierno, aceptaron ayer en el Congreso reformar la ley de 1998 de restituci¨®n a los partidos hist¨®ricos del patrimonio confiscado por r¨¦gimen de Franco tras la Guerra Civil. Esa norma, aprobaba por el PP, se ha demostrado, seg¨²n CiU, ERC e IU-ICV, demasiado exigente a la hora de comprobar el patrimonio real. Por eso el Congreso aprob¨® reformarla, aunque ahora habr¨¢ que discutir f¨®rmulas y cantidades.
Las consecuencias de la Guerra Civil regresaron ayer al Congreso por tres frentes. Uno, el de las tres proposiciones de ley de CiU -s¨®lo Uni¨® exist¨ªa en 1939-, ERC e IU-ICV -por sus predecesores PCE y PSUC- para reformar la ley de restituci¨®n a los partidos de los bienes incautados por el franquismo, que fueron tomadas en consideraci¨®n y pasar¨¢n a comisi¨®n. Otra, la moci¨®n de ERC para crear una comisi¨®n que estudie la devoluci¨®n a Catalu?a de los papeles de Salamanca que correspond¨ªan a ayuntamientos y particulares catalanes, y no s¨®lo a la Generalitat, como ha sucedido. Fue aprobada.
Y por ¨²ltimo, la Mesa del Congreso se concentr¨® ayer en la Ley de Memoria Hist¨®rica, que ya ha sufrido nueve ampliaciones del plazo de enmiendas. Ante la presi¨®n de los grupos peque?os -CiU, PNV, ERC, IU-ICV y el Mixto ofrecieron una rueda de prensa conjunta la semana pasada para pedir que se tramite ya-, el PSOE se ha comprometido a cerrar ese plazo definitivamente el 6 de marzo para que comience la tramitaci¨®n. IU-ICV amenaza con "replantearse" sus relaciones con el PSOE si ¨¦ste sigue en su empe?o, seg¨²n Joan Herrera, de "dejar morir" la ley.
El propio Herrera, que intervino junto a Jordi Xucl¨¤ (CiU) o Joan Puig (ERC), puso un ejemplo claro de lo mal que ha funcionado la ley de 1998 porque exig¨ªa unas medidas probatorias excesivas, a su entender, que hacen casi imposible demostrar el patrimonio que ten¨ªan los partidos tradicionales espa?oles en 1939.
"El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)", explic¨® Herrera, "que durante los a?os de Guerra Civil jug¨® un papel central en Catalu?a, recibi¨® el valor equivalente a 500 pesetas. Se acreditaban m¨¢s de 200 locales en arrendamiento, cerca de 20 locales en propiedad, se acreditaban cuentas corrientes, pero es verdad que exist¨ªa un problema probatorio porque es evidente, despu¨¦s de una guerra civil, despu¨¦s de m¨¢s de 40 a?os de dictadura, que hay elementos que no se pueden acreditar tal y como exig¨ªa la ley".
Todos los portavoces, y en especial Aitor Esteban, del PNV -un grupo que tambi¨¦n tiene una importante reclamaci¨®n por el patrimonio incautado en Espa?a y en el extranjero, por ejemplo en la Francia del r¨¦gimen de Vichy-, se quejaron de que con los partidos la ley ha sido mucho m¨¢s estricta que con los sindicatos. La Uni¨®n General de Trabajadores recibi¨® en noviembre de 2005 151 millones de euros en concepto de devoluci¨®n de su patrimonio, casi exactamente la misma cantidad -150- que ten¨ªa como deuda con el ICO desde el esc¨¢ndalo de la cooperativa PSV.
Por el PSOE intervino Francesc Vall¨¦s, del PSC, quien asumi¨® que la ley -que no fue apoyada por su grupo en 1998- "no ha sido eficaz" porque se dificulta en exceso "la carga de la prueba de la titularidad".
El PP, por el contrario, se opuso. Jaime Ignacio del Burgo lanz¨® un exordio hist¨®rico: "Compartimos absolutamente todas cuantas afirmaciones ha realizado respecto al sufrimiento hist¨®rico de quienes en un momento de la tragedia nacional fueron los vencidos. Pero partimos de un hecho que es incuestionable e incontrovertible, que el dinero jam¨¢s puede pagar el sufrimiento". Y luego dio cifras: a 31 de diciembre del a?o 2005, dijo, Acci¨®n Nacionalista Vasca -partido inactivo- percibi¨® 695.000 euros, ERC, 1.760.000; Izquierda Republicana, 3 millones; el PCE, 1.025.000; el PNV, 10.469.000; el PSOE, 10.804.000, y el PSUC, 574. En total, 27.839.135 euros.
[El PP ha presentado para hoy seis preguntas y una interpelaci¨®n dirigidas al titular de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo. Para gran enfado de la oposici¨®n, el Gobierno ha decidido que tres de ellas, las que se refieren a la ilegalizaci¨®n del PCTV, las conteste el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba. El PP lo calific¨® de tratamiento "ofensivo" a la oposici¨®n].
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