Bloqueo institucional

Lo que cabe esperar de quienes en pr¨®rroga de sus funciones est¨¢n al frente de una instituci¨®n, es que act¨²en con la m¨¢xima prudencia, gestionen lo estrictamente necesario para su funcionamiento ordinario, se abstengan de adoptar decisiones comprometedoras para quienes deben tomar su relevo y eludan pol¨¦micas y roces entre poderes que, en las circunstancias de transitoriedad en que se hallan, est¨¢n menos justificados que nunca. Es dudoso que el actual Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace ya casi cuatro meses, se comporte de ese modo mesurado y prudente, el mismo que se exige, por ejemplo, a un Gobierno que espera ser sustituido tras unas elecciones generales.

Sus competencias sobre el gobierno de los jueces no quedan reducidas por estar el Consejo en funciones. Es cierto. Pero quienes las ejercen no pueden hacer abstracci¨®n de que su mandato de cinco a?os, constitucionalmente establecido, concluy¨® el 7 de noviembre pasado. Tampoco puede obviar su presidente, que tambi¨¦n lo es del Tribunal Supremo, que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial establece taxativamente que cesa al t¨¦rmino del mandato para el que fue elegido. Por ello resulta alarmante que su voto siga plenamente operativo para sacar adelante decisiones avaladas en exclusiva por el sector conservador del Consejo. En todo caso, hay que se?alar como una muestra de cordura y de no beligerancia la declaraci¨®n institucional de ayer, acordada por una amplia mayor¨ªa del Consejo, en respuesta a las declaraciones del ministro de Justicia, Fern¨¢ndez Bermejo, sobre el supuesto d¨¦ficit de legitimidad del Consejo. Pues m¨¢s all¨¢ del desacierto del t¨¦rmino empleado por el ministro, la actual situaci¨®n del Consejo no es la deseable y menos lo ser¨¢ cuanto m¨¢s se vaya dando largas a su renovaci¨®n.

De dicha situaci¨®n tienen la culpa el Parlamento y, m¨¢s en concreto, los grupos que deben conformar la mayor¨ªa de tres quintos -210 diputados en el Congreso- exigible para elegir a los 20 vocales del Consejo. De ah¨ª que resulte hip¨®crita que Acebes, para forzar una situaci¨®n que le beneficia, se adelante a echar sobre el Gobierno y el nuevo ministro de Justicia la responsabilidad de que se prolongue hasta el final de la legislatura el Consejo elegido en 2001 por un Parlamento con mayor¨ªa absoluta del PP. Ese riesgo acecha tambi¨¦n a instituciones como el Constitucional y el Tribunal de Cuentas, si el PP utiliza su necesario concurso para alcanzar la mayor¨ªa exigible como medio de bloqueo de su renovaci¨®n.