?Derecho a la vivienda: uso o propiedad?

Adem¨¢s de constituir una preocupaci¨®n fundamental para muchas familias de rentas bajas y medias, la vivienda se est¨¢ convirtiendo en una prioridad para los gobiernos. De ah¨ª que hayan comenzado a incluir la vivienda entre las prioridades de su agenda pol¨ªtica. Esta prioridad se manifestar¨¢ de modo m¨¢s intenso en los programas electorales de los pr¨®ximos comicios locales.

Esta mayor sensibilidad pol¨ªtica al problema de la vivienda es, en gran parte, la reacci¨®n a dos tipos de movimientos sociales. Por un lado, la rebeli¨®n de los j¨®venes mileuristas, a la que me refer¨ª en el art¨ªculo del martes, quienes, incapaces de emanciparse y salir de casa de sus padres, han comenzado a movilizarse.

Por otro, al activismo de muchos actores sociales que llevan tiempo trabajando, tan afanosa como precariamente, en la b¨²squeda de soluciones concretas para grupos marginales y familias pobres con graves problemas de acceso a una vivienda digna. Al actuar como verdaderos empresarios altruistas de pol¨ªticas p¨²blicas, estos activistas c¨ªvicos dan voz a colectivos sin capacidad por s¨ª mismos para colocar sus necesidades en la agenda pol¨ªtica de los gobiernos.

Una de las novedades que aportan estos movimientos es la reivindicaci¨®n de un nuevo derecho a la vivienda, similar al derecho que se reconoce a la educaci¨®n, a la salud o al acceso a servicios p¨²blicos b¨¢sicos como la electricidad y el agua. O m¨¢s recientemente, el derecho a la dependencia. Este derecho a la vivienda, una vez reconocido, obligar¨ªa a los poderes p¨²blicos a responsabilizarse de su provisi¨®n dando contenido jur¨ªdico y material al precepto constitucional del derecho de todo espa?ol a la vivienda.

Hay muchas razones para considerar que el acceso a un alojamiento digno y asequible es un elemento b¨¢sico de la ciudadan¨ªa y de la cohesi¨®n social. Pero el camino hacia la formulaci¨®n de la vivienda como un derecho universal ser¨¢ largo y dif¨ªcil de construir.

Entre otras razones, porque exigir¨¢ llevar a cabo una operaci¨®n de cirug¨ªa cultural, consistente en separar el derecho a un alojamiento digno y asequible de la aspiraci¨®n a ser propietario de la vivienda. La cultura de propiedad de la vivienda, aunque reciente en el tiempo, es muy fuerte en la sociedad espa?ola. M¨¢s del 80% del stock de vivienda habitada en Espa?a lo es en r¨¦gimen de propiedad, un porcentaje que est¨¢ a mucha distancia de cualquier otro pa¨ªs desarrollado. Como se?al¨¦ ayer, esa cultura de propiedad ha sido fuertemente incentivada por las pol¨ªticas de vivienda que se han llevado a cabo en el ¨²ltimo medio siglo.

Pero lograr que todo espa?ol sea propietario de su vivienda no puede ser una obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos. S¨ª lo es, en cambio, el asegurar el derecho ciudadano a acceder, en condiciones de precio asequible, al disfrute de los servicios de una vivienda que permita llevar una vida digna.

Cuando se habla de equiparar el derecho a la vivienda con el derecho a la sanidad, la educaci¨®n, la dependencia, el agua o la electricidad, supongo que de lo que se est¨¢ hablando es de los servicios que presta la vivienda, no de su propiedad.

Identificar el derecho a la vivienda con la propiedad da lugar a muchos agravios comparativos. ?Qu¨¦ sentido tiene financiar la propiedad a los j¨®venes, y no el alquiler social asequible? La condici¨®n de joven no nos dice nada acerca de su situaci¨®n econ¨®mica en el futuro. Es muy posible que estemos proporcionando viviendas de protecci¨®n oficial en propiedad a j¨®venes que hoy son mileuristas pero ma?ana pueden ser ejecutivos con buenos ingresos. En todo caso, dado que no es posible tener una vivienda en propiedad de forma gratuita o a precios subvencionados para todo el que la necesite (habr¨ªa que dedicar a vivienda todo lo que se gasta en educaci¨®n, salud, pensiones, seguridad o infraestructuras), hay que seleccionar y sortear qui¨¦nes ser¨¢n los agraciados. Pero la selecci¨®n y el sorteo produce muchas injusticias comparadas, como se puede comprobar analizando con cuidado los actuales procesos de reparto de la vivienda de protecci¨®n oficial, especialmente la de promoci¨®n privada.

El derecho a la vivienda tiene que descansar sobre alg¨²n criterio que permita guiar y evaluar las pol¨ªticas. Ese criterio puede ser el concepto de precio asequible, entendido como aquel precio igual al porcentaje m¨¢ximo de la renta (normalmente el 35%) que un hogar deber¨ªa dedicar a la vivienda sin poner en riesgo todos los dem¨¢s consumos que son necesarios para llevar una vida digna, adem¨¢s de reservar una parte para el ahorro. Esta noci¨®n de precio asequible deber¨ªa incluirse y cuantificarse en todas las normativas sobre vivienda de protecci¨®n oficial. Tendr¨ªamos de esa forma un criterio cuantitativo con el que medir y evaluar las pol¨ªticas de vivienda.

Como se?al¨¦ ayer en estas mismas p¨¢ginas, los instrumentos actuales de las pol¨ªticas de vivienda -las deducciones fiscales en el IRPF y la vivienda de protecci¨®n oficial de r¨¦gimen general- no tienen efectos sobre las familias de escasos recursos. Por tanto, se necesitan nuevas pol¨ªticas p¨²blicas que vayan dando cuerpo a un futuro derecho al acceso a una vivienda asequible.

Esas nuevas pol¨ªticas que garanticen a las familias pobres y de rentas bajas el derecho a acceder a una vivienda asequible necesitan apoyarse en dos pilares b¨¢sicos. Por un lado, en ayudas p¨²blicas directas al alquiler o a la compra, y que permitan a las familias con escasos recursos situarse en ese umbral de asequibilidad. Por otro, en la promoci¨®n de vivienda social de alquiler protegido.

?C¨®mo se financiar¨ªa esa nueva pol¨ªtica de apoyo directo a la vivienda de las familias con menos recursos? Por parte estatal, con el aumento de ingresos presupuestarios que se lograr¨ªa reduciendo el nivel actual de desgravaci¨®n por vivienda en el IRPF, de acuerdo con las recomendaciones que de forma un¨¢nime hacen todos los expertos. Por parte auton¨®mica y local, dedicando el suelo p¨²blico existente, y el que se pueda obtener en el futuro, a la construcci¨®n de vivienda de protecci¨®n oficial, de promoci¨®n p¨²blica o privada, de alquiler social. Ese es el camino. Aunque sea largo. Porque el derecho a la vivienda no puede depender, como ahora ocurre, de la suerte de un sorteo.

Ant¨®n Costas es catedr¨¢tico de Pol¨ªtica Econ¨®mica de la Universidad de Barcelona.