Los perceptores andaluces de la renta agraria se quintuplican desde 2003

Un total de 81.671 jornaleros andaluces han salido del subsidio agrario desde que, en mayo de 2002, el Gobierno central aprob¨® el pol¨¦mico decreto, que restring¨ªa el acceso a esa prestaci¨®n con duras condiciones. Parte de esos trabajadores se han integrado en la renta agraria, la prestaci¨®n alternativa creada, que se ha multiplicado por cinco desde el a?o 2003, aunque a¨²n no cubren ni la mitad de todas las bajas del subsidio.

Tras equiparar el Gobierno actual los derechos entre los perceptores del subsidio y de la renta agraria, los sindicatos urgen ahora al Ejecutivo a integrar a los trabajadores del R¨¦gimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el R¨¦gimen General, una vieja reivindicaci¨®n.

Los beneficiarios de la renta agraria en Andaluc¨ªa han pasado de los 6.630 en 2003 a los 33.448 en 2006. Esa cifra queda a¨²n lejos de las 81.671 bajas que se han producido en el subsidio agrario en el mismo periodo, pues se pas¨® de los 300.042 jornaleros en 2003 a 218.371 en 2006. Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se considera que el volumen de jornaleros protegidos tiende a estabilizarse, pues tambi¨¦n computa los 8.238 perceptores de la prestaci¨®n por desempleo de nivel contributivo, dirigida a los trabajadores eventuales que s¨ª optan al desempleo general por acumular un n¨²mero elevado de jornales.

Esta disminuci¨®n del n¨²mero de perceptores del subsidio se ha notado en los ingresos recibidos por los trabajadores del campo. S¨®lo en el primer a?o de implantaci¨®n del decretazo, en 2003, dejaron de llegar a Andaluc¨ªa 78 millones de euros, aunque en los ¨²ltimos a?os el gasto por todas las prestaciones sociales se ha ido nivelando. As¨ª, si en 2002 el gasto del subsidio agrario en Andaluc¨ªa era de 894,8 millones de euros, el a?o pasado la cantidad percibida por los jornaleros del r¨¦gimen agrario fue de 873,6 millones, contando no s¨®lo a los perceptores del subsidio, sino tambi¨¦n a los de la renta agraria y los de la prestaci¨®n contributiva, y ello sin contar el gasto que suponen las jubilaciones de los trabajadores eventuales agrarios.

Estos datos, ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desbaratan los que hab¨ªa ofrecido recientemente Izquierda Unida, que cifr¨®, en una pregunta parlamentaria, en 406 millones de euros los que hab¨ªa dejado de recibir Andaluc¨ªa por la salida del subsidio de 144.000 jornaleros (han sido 81.671).

El diputado Antonio Romero ha instado a la Junta de Andaluc¨ªa a que, de acuerdo con lo que figura en el nuevo Estatuto de Autonom¨ªa andaluz, "plantee una negociaci¨®n con el Gobierno central para la retirada completa del decretazo, en cumplimiento con lo que se plantea en el Estatuto sobre la relaci¨®n competencial entre comunidad aut¨®noma y Estado en materia de Seguridad Social y trabajadores del campo".

Sin embargo, la prioridad del Gobierno no pasa tanto por la restituci¨®n de los derechos anteriores al decretazo como por la integraci¨®n de los trabajadores del REASS en el R¨¦gimen General. El secretario de Desarrollo Rural del PSOE de Ja¨¦n, Jos¨¦ ?lvarez, se muestra convencido de que la integraci¨®n se producir¨¢ en esta legislatura, y que se har¨¢ "sin p¨¦rdida de derechos por parte de los trabajadores eventuales agrarios".

Los sindicatos apremian la integraci¨®n. Pedro Marcos, secretario de la Federaci¨®n Agroalimentaria de UGT en Andaluc¨ªa, recuerda que la desaparici¨®n del REASS fue un compromiso que asumieron todos los partidos pol¨ªticos en el Pacto de Toledo de 1995. "El REASS es discriminatorio, injusto, insolidario y perjudicial para los trabajadores del campo", apunta Marcos, que cita como causas de ese agravio la mayor cotizaci¨®n de los jornaleros agrarios, la menor pensi¨®n de jubilaci¨®n o la imposibilidad de tener acceso al subsidio de desempleo general y de jubilarse de forma anticipada.

El subsidio agrario es una prestaci¨®n que aprob¨® el Gobierno de la naci¨®n a la que pod¨ªan acceder unos 600.000 jornaleros de Andaluc¨ªa y Extremadura adscritos al R¨¦gimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aunque la media anual de los que lo han venido cobrando ha sido de unos 240.000 jornaleros. Para que los jornaleros pudieran acceder a las peonadas necesarias (35) para poder cobrar el subsidio (el 75% del salario m¨ªnimo interprofesional durante seis meses) se cre¨® tambi¨¦n el Plan de Empleo Rural (PER).

Tanto el subsidio agrario como el PER han pervivido desde entonces aunque han sido motivo de enfrentamiento permanente entre PSOE y PP. La principal prueba de supervivencia del subsidio se produjo en mayo de 2002, cuando el Gobierno del PP aprob¨® el pol¨¦mico decreto, que impon¨ªa duras condiciones a los jornaleros para acceder a esa prestaci¨®n. Entre ellas, que s¨®lo pudieran acceder al subsidio los que lo hubieran cobrado en los tres a?os anteriores, lo que en la pr¨¢ctica cerraba la puerta a nuevas incorporaciones. Tras las presiones de los sindicatos, el Gobierno estableci¨® en 2003 una prestaci¨®n alternativa -la renta agraria- para los jornaleros expulsados del subsidio.