El Gobierno recurre una docena de planes urban¨ªsticos de Valencia por falta de agua

El Gobierno ha recurrido una docena de actuaciones urban¨ªsticas en poblaciones valencianas porque sostiene que no tienen garantizada el agua. Los planes impugnados afectan a un m¨ªnimo de 15.000 viviendas aprobadas con un informe negativo de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ) sobre la existencia de agua suficiente para atender nuevos consumos o sin ese dictamen, que es preceptivo. Los tribunales tienen sobre la mesa proyectos de envergadura, como el del Valencia CF en Riba-roja, donde se prev¨¦n 2.700 pisos, o el plan del Manhattan de Cullera, con 35 torres para 5.000 pisos en la costa.

La Comunidad Valenciana afronta el tercer verano de dura sequ¨ªa con escasas reservas en los embalses y fuertes recortes a los agricultores, mientras contin¨²a la presentaci¨®n a los ayuntamientos de nuevos planes urban¨ªsticos que incrementar¨¢n considerablemente el consumo de agua. El Gobierno advierte de que los constructores deben asegurar, antes de construir, que saldr¨¢ agua de los grifos.

Las competencias de ordenaci¨®n urban¨ªstica est¨¢n en manos de los ayuntamientos y la Administraci¨®n auton¨®mica, pero la subdelegaci¨®n del Gobierno en Valencia ha encontrado una v¨ªa para intentar frenar desarrollos desmedidos en la Ley de Aguas, que desde 2005 exige que los planes incluyan obligatoriamente un informe sobre la reserva suficiente de recursos h¨ªdricos. Tambi¨¦n la normativa de la Generalitat valenciana requiere estos dict¨¢menes. Sin embargo, permite la opci¨®n de que sean empresas de suministro de agua las que demuestren que hay recursos disponibles, y considera que los estudios de la CHJ no son vinculantes. El Consell que preside Francisco Camps, del PP, ha aprobado as¨ª actuaciones urban¨ªsticas con resoluciones de entidades privadas, a pesar del dictamen negativo de la CHJ, que es el organismo del Ministerio de Medio Ambiente encargado de la gesti¨®n de r¨ªos y acu¨ªferos en Valencia, Castell¨®n y parte de Alicante. Tambi¨¦n ha dado v¨ªa libre a proyectos sin que la CHJ se pronunciara sobre ellos.

Proyectos recurridos

El enfrentamiento por la validez y la competencia sobre los dict¨¢menes se dirime ahora en los tribunales, donde el Gobierno ha recurrido ya una docena de actuaciones urban¨ªsticas que han entrado en la fase final de aprobaci¨®n por parte de la Generalitat. Seg¨²n estimaciones de este diario, los contenciosos afectan a un m¨ªnimo de 15.000 residencias. En la lista figuran, entre otros, el plan del Valencia CF en Riba-roja, con 2.700 viviendas y una ciudad deportiva, y el Manhattan de Cullera, con 5.000 viviendas en 35 rascacielos e informes negativos de varios organismos estatales.

Este proyecto, pendiente de la aprobaci¨®n definitiva, ha sido recurrido ya dos veces, aunque de momento los tribunales han rechazado paralizarlo. Tambi¨¦n est¨¢n recurridos un programa de actuaci¨®n integrada (PAI) con 4.400 casas y campo de golf en Benaguasil; una urbanizaci¨®n de 200 casas en Ador; un plan de 450 en Gilet y otro plan en Cullera con unos 3.000 pisos, en este caso porque invade dominio de Costas y ¨¢reas inundables. Un gran pol¨ªgono industrial en Alzira figura, asimismo, entre los proyectos que no han demostrado suficiencia h¨ªdrica. La subdelegaci¨®n del Gobierno plantea objeciones, adem¨¢s, a la tramitaci¨®n del plan general de Llaur¨ª y de Venta del Moro.

Todos los casos afectan de momento a localidades de Valencia, pero las impugnaciones se extender¨¢n a Castell¨®n y Alicante a medida que se aprueben nuevos proyectos sin garant¨ªa de abastecimiento, advierte el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Mart¨ªnez.

En el punto de mira de la Administraci¨®n central est¨¢n, por ejemplo, el plan Rabassa en la ciudad de Alicante, con 15.000 viviendas y un primer dictamen negativo de la Confederaci¨®n, y un PAI en Benic¨¤ssim (Castell¨®n) con 2.500 casas y campo de golf. El Ejecutivo socialista destaca que los nuevos desarrollos no s¨®lo deben demostrar la disponibilidad de agua, sino los derechos de uso y la capacidad de financiar las infraestructuras necesarias para llevar los recursos hasta las futuras viviendas.

La respuesta de los jueces a las peticiones de suspensi¨®n cautelar de los planes recurridos ha sido dispar. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano paraliz¨® de forma provisional el plan de Riba-roja y la urbanizaci¨®n de Ador, pero posteriormente levant¨® la suspensi¨®n al aportar la Generalitat nueva documentaci¨®n. El TSJ, no obstante, ha desautorizado que se aprueben operaciones urban¨ªsticas sin agua acreditada, y en el caso del PAI del Valencia CF en Riba-roja ha advertido de que ser¨¢ en la sentencia, al analizar el fondo del asunto, cuando decida si son suficientes las reservas. Otro contencioso se refiere a un PAI en Villalonga con 4.000 residencias y dos campos de golf, pero el TSJ ha advertido al Ejecutivo que se ha adelantado y debe esperar a que termine de tramitarse para recurrirlo.

El Ejecutivo insistir¨¢ en alg¨²n caso ante el Tribunal Supremo en lograr la paralizaci¨®n provisional de los proyectos. La Generalitat denuncia que el Gobierno se opone "por sistema" a nuevas urbanizaciones, para las que considera que hay agua, y denuncia una escasez de la que culpa a la pol¨ªtica h¨ªdrica del ministerio y clama por el derogado trasvase del Ebro. El gobierno valenciano resalta que el TSJ ha aceptado en varias resoluciones que las necesidades se justifiquen con estudios privados.