Una ley mod¨¦lica

Hay quienes, como EL PA?S (v¨¦ase el editorial del 10 de abril), consideran que la de Publicidad y Comunicaci¨®n Institucional es "una ley poco eficaz". Para contribuir a que el juicio sea certero, quiz¨¢ convenga recordar c¨®mo est¨¢bamos en 2004 con respecto a la cuesti¨®n, y qu¨¦ avances se est¨¢n produciendo.

A principios de 2004, igual que en los 50 a?os anteriores, cualquier ministerio pod¨ªa impunemente decir lo que quisiera en su publicidad, sin dar explicaciones a nadie. Pod¨ªamos enterarnos de que el Gobierno bajaba los impuestos y sub¨ªa las pensiones, aunque lo primero no fuera verdad y lo segundo fuera una obligaci¨®n legal derivada del Pacto de Toledo. Pod¨ªamos ver los grandes y asombrosos n¨²meros de las obras de infraestructuras que no sirven para nada al ciudadano. Y asist¨ªamos estupefactos al enfrentamiento de unos contra otros a cuenta del agua, por ejemplo. El dinero de todos, en fin, era utilizado no para ventaja ni beneficio de los ciudadanos, sino para presunta gloria del Gobierno. Hoy, gracias a la Ley de Publicidad y Comunicaci¨®n Institucional, eso es sencillamente ilegal, y cualquier ciudadano puede pedir la retirada de una campa?a de autobombo promovida por el Gobierno, de agresi¨®n de una administraci¨®n contra otra, o que confunda s¨ªmbolos con los de los partidos pol¨ªticos. Y la comisi¨®n creada para ello tiene obligaci¨®n de contestar en seis d¨ªas.

A principios de 2004, se intu¨ªa que la Administraci¨®n era el mayor anunciante del pa¨ªs, pero las partidas destinadas a publicidad se escond¨ªan en numerosos recovecos de los ministerios, y no hab¨ªa manera de saber cu¨¢nto dinero se destinaba, ni para qu¨¦ en concreto, ni con qu¨¦ criterios. Hoy sabemos, por primera vez en la historia, que la Administraci¨®n dedicar¨¢ este a?o 268 millones de euros a publicidad y comunicaci¨®n institucional (m¨¢s otros 100 de publicidad comercial). Sabemos a qu¨¦ se va a destinar cada euro. En unos meses, las Cortes y todos los ciudadanos tendr¨¢n tambi¨¦n el primer informe de publicidad y comunicaci¨®n institucional, el de 2006, y podr¨¢n saber ad¨®nde fueron los fondos utilizados por la Administraci¨®n en publicidad, incluyendo tambi¨¦n qui¨¦nes fueron las empresas adjudicatarias.

A principios de 2004, nadie estaba contento con los procedimientos de la contrataci¨®n de campa?as de comunicaci¨®n y publicidad. Nadie excepto quienes tuvieran la fortuna de ganar los concursos, muchas veces millonarios, que en demasiadas ocasiones se ganaban y perd¨ªan sin que los concursantes supieran muy bien por qu¨¦. Esto generaba el descontento de las agencias de publicidad, pero tambi¨¦n de empresas del resto de sectores (medios que criticaban la aplicaci¨®n de criterios pol¨ªticos, agencias de comunicaci¨®n tratadas como si fueran las hermanas peque?as y abandonadas de la publicidad...). Hoy, bajo el auspicio de esta nueva ley, que lo exige, el Gobierno est¨¢ estableciendo los criterios para que las campa?as de publicidad y comunicaci¨®n sean eficaces (tambi¨¦n en t¨¦rminos econ¨®micos) y los procesos de su contrataci¨®n perfectamente transparentes. Para ello hemos recabado la opini¨®n de todos cuantos tienen algo que decir: agencias, medios, profesionales, usuarios... En tan s¨®lo unas pocas semanas presentaremos las conclusiones y las recomendaciones derivadas de ellas.

Es cierto que la Comisi¨®n de Publicidad Institucional no puede retirar una campa?a de un ayuntamiento o de una comunidad aut¨®noma, pero ese hecho est¨¢ muy lejos de ser "irrisorio", como afirma el editorialista de EL PA?S. Despu¨¦s de una negociaci¨®n parlamentaria que no fue f¨¢cil, se acept¨® que uno de los art¨ªculos de la ley -el art¨ªculo 4, referido a las prohibiciones- fuera de car¨¢cter b¨¢sico, es decir, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones. Pero, ?puede el lector imaginar lo que suceder¨ªa si la Comisi¨®n -una comisi¨®n gubernamental- tuviera capacidad para retirar campa?as institucionales de otras administraciones? Ser¨ªa como si la Comisi¨®n parlamentaria de control de RTVE pudiera controlar tambi¨¦n a las televisiones auton¨®micas, por poner un ejemplo parecido.

?Habr¨ªa sido posible promover una ley que, adem¨¢s de ser b¨¢sica en las prohibiciones, hubiera sido tambi¨¦n b¨¢sica en los instrumentos para su cumplimiento? S¨ª, si hubiera habido voluntad por parte de las comunidades aut¨®nomas, en particular por parte de las gobernadas por el PP. Y aqu¨ª viene el ¨²ltimo recordatorio.

En 2004 la vicepresidenta del Gobierno convoc¨® a los consejeros de presidencia o equivalentes de las comunidades aut¨®nomas. Pretend¨ªa explicarles la intenci¨®n de la ley, y tambi¨¦n ir esbozando los puntos esenciales aplicables a las mismas para conseguir un texto consensuado. Fue in¨²til. Quien pareci¨® actuar como portavoz espont¨¢neo de los presidentes del PP, el consejero Gonz¨¢lez Pons de la Comunidad Valenciana, amenaz¨® primero con dar por terminada la reuni¨®n, y luego anunci¨® el rechazo de todas las comunidades del PP en bloque a cualquier intento de regular un tema cuyo contenido era entendido como competencia exclusiva.

Pues bien, tres a?os despu¨¦s, como reconoce EL PA?S, "es verdad que la publicidad irregular de la Administraci¨®n central parece haber desaparecido", y algunas comunidades aut¨®nomas siguen en las mismas. Algunos casos son ofensivos a la inteligencia de los ciudadanos y a los principios esenciales de la democracia, que pasan por respetar con el m¨¢ximo escr¨²pulo los fondos p¨²blicos. V¨¦ase la Comunidad de Madrid derrochando cientos de miles de euros cada d¨ªa anunci¨¢ndose en los lugares m¨¢s inveros¨ªmiles -incluyendo el blog del ex portavoz "popular" Rodr¨ªguez- y con los m¨¢s inveros¨ªmiles mensajes.

Lo que ha cambiado en estos tres a?os, desde principios de 2004 a 2007, son precisamente los principios que se aplican en la comunicaci¨®n p¨²blica del Gobierno central. Esta ley, lo reitero, es eficaz porque evita el autobombo, porque permite que las campa?as sean accesibles para las personas con discapacidad, porque garantiza la transparencia y la eficacia en la contrataci¨®n. La ley es eficaz tambi¨¦n porque traslada al ¨¢mbito de la publicidad los principios que este Gobierno mantiene y defiende. Lo hemos demostrado con la reforma de RTVE, con el cambio sustancial en la Agencia Efe, con el aumento de la pluralidad informativa y con el fomento general de una comunicaci¨®n m¨¢s abierta, m¨¢s aut¨¦ntica, m¨¢s transparente. A la postre, subyace un concepto distinto de la ciudadan¨ªa: nosotros no creemos que los ciudadanos sean seres est¨²pidos a los que se convenza con esl¨®ganes f¨¢ciles y efectistas repetidos decenas de veces. Nosotros creemos que estamos al servicio de ciudadanos inteligentes, que saben distinguir la m¨²sica del ruido y la sustancia del envoltorio.

Fernando Moraleda es secretario de Estado de Comunicaci¨®n.