PSOE e IU-ICV dan un vuelco total a la Ley de Memoria y declaran ileg¨ªtimos los juicios de Franco
Quedaban unas pocas horas para llegar al 44? aniversario del fusilamiento del comunista Juli¨¢n Grimau, uno de los m¨¢s pol¨¦micos asesinatos del franquismo perpetrado un 20 de abril de 1963, cuando el PSOE e IU-ICV cerraban en el Congreso un pacto que da un vuelco total al coraz¨®n del proyecto de Ley de Memoria Hist¨®rica, en tr¨¢mite en el Congreso.
Los socialistas ampl¨ªan el pacto a PNV, CC, BNG, y esperan contar con CiU. La ley camina as¨ª hacia su aprobaci¨®n final
Llamazares y Herrera interpretan que la reforma podr¨¢ ser utilizada ante el Supremo en las revisiones de condenas
El PP concluye que con el acuerdo se ha puesto fin a la transici¨®n y califica a los socialistas de "hijos bien del franquismo"
Los socialistas y el Gobierno, que ha redactado el texto, dan un giro completo a lo que hab¨ªan se?alado hasta ahora y deciden eliminar el denostado tribunal de cinco notables elegido por el Congreso, que s¨®lo ellos apoyaban. El Ejecutivo acepta la propuesta final de IU-ICV para que la ley declare la ilegitimidad de los tribunales y las sentencias franquistas.
Ese tribunal de cinco notables, que el PP pod¨ªa bloquear porque requer¨ªa una mayor¨ªa de 3/5, era precisamente la gran aportaci¨®n de una ley promovida por la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, y que ahora desaparece por decisi¨®n suya, ya que es ella quien ha controlado la nueva redacci¨®n.
La nulidad por ley queda descartada, porque, seg¨²n el Gobierno y el PSOE, eso corresponde a los tribunales, pero la declaraci¨®n de ilegitimidad es tan tajante que, seg¨²n la interpretaci¨®n de juristas consultados y a la que se suma IU-ICV, necesariamente ser¨¢ aportada como prueba v¨¢lida en las reclamaciones de revisi¨®n de sentencias que peri¨®dicamente llegan al Tribunal Supremo.
Otros apoyos
Al pacto inicial alcanzado por el PSOE e IU-ICV, y que cerraron en el Congreso Diego L¨®pez Garrido, portavoz del PSOE; Francisco Caama?o, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Herrera, de ICV, se sumar¨¢ presumiblemente Coalici¨®n Canaria, el BNG, el PNV, y CiU, aunque estos ¨²ltimos quisieron aclarar que el acuerdo alcanzado con IU-ICV no les compromete y que ellos negociar¨¢n a partir de sus enmiendas parciales. ERC, que exige la nulidad, se queda fuera de ese acuerdo, al menos de momento. El PCE de Felipe Alcaraz, enfrentado a la direcci¨®n de IU, tambi¨¦n se desmarc¨® de un pacto, que califica de "traici¨®n al esp¨ªritu del PCE".
El PP, que siempre se ha opuesto a la simple idea de promover una ley para rehabilitar a las v¨ªctimas de Franco, mont¨® en c¨®lera por la nueva redacci¨®n. "Han decidido enterrar definitivamente la transici¨®n democr¨¢tica", asegur¨® Eduardo Zaplana, el portavoz parlamentario de ese partido.
Luego fue a¨²n m¨¢s lejos y sostuvo que el PSOE es el verdadero heredero del franquismo, una acusaci¨®n que molesta mucho en el PP cuando se refiere a ellos. "Al final hacen igual que el franquismo: identificar a buenos y malos. Lo que pasa es que muchos de los socialistas importantes tienen ese complejo, ese papel de hijos bien del franquismo. Vivieron c¨®modamente, tranquilamente, disfrutaron de cargos, ellos y sus familias importantes, y ahora tienen que borrar esa etapa como sea. No es necesario, nadie se lo va a echar en cara", clam¨® Zaplana.
Ante este ataque frontal del PP, los socialistas quisieron dejar muy claro que las modificaciones pactadas con IU-ICV tienen valor pol¨ªtico, pero no jur¨ªdico.
El debate sobre la nulidad de las sentencias franquistas, algo que siempre han exigido las organizaciones de derechos humanos internacionales porque es lo que se hizo con las leyes nazis en Alemania o fascistas en Italia, genera un gran malestar en el mundo jur¨ªdico.
Una parte importante de los juristas -aunque hay excepciones, como Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn o Carlos Jim¨¦nez Villarejo, autor de la propuesta de IU-ICV- consideran que generar¨ªa inseguridad jur¨ªdica declarar nulas las sentencias franquistas.
En Espa?a no hubo una ruptura, al contrario que en otras dictaduras, sino una transici¨®n a la democracia. Por eso los tribunales actuales, y en especial la Sala de lo Militar del Supremo, a la que llegan todas las peticiones de revisi¨®n de condenas a muerte dictadas por consejos de guerra franquistas, las desestima sistem¨¢ticamente. Entienden que esas personas fueron juzgadas seg¨²n las leyes vigentes en el franquismo, que no han sido anuladas aunque la Ley de Amnist¨ªa de 1977 y la Constituci¨®n las inutilizaron.
Los socialistas han negado durante meses la posibilidad de hacer declaraci¨®n general de nulidad alguna, pero al final s¨ª han aceptado una declaraci¨®n general de ilegitimidad.
Pero para no enfrentarse con el mundo de la justicia, el Gobierno quiere dejar muy claro que la ley no tiene efectos jur¨ªdicos. Sin embargo, tanto Llamazares como Herrera, que estaban muy satisfechos con el acuerdo, insisten en la idea de que la ley podr¨¢ ser utilizada frente a los tribunales.
Lo cierto es que la norma es tajante al declarar la ilegitimidad "por ser contrarios a derecho y vulnerar las m¨¢s elementales exigencias del derecho a un juicio justo" de todos los tribunales y consejos de guerra franquistas por motivos ideol¨®gicos o pol¨ªticos y al declarar ileg¨ªtimas todas sus sentencias.
Para contrarrestar la idea lanzada por Zaplana de que se trata de una ley contra uno de los dos bandos, los socialistas insisten en que el primero de los apartados, que se refiere a la Guerra Civil, servir¨¢ tambi¨¦n para condenar las tropel¨ªas cometidas en el bando republicano contra los simpatizantes de la causa nacional.
Tambi¨¦n aqu¨ª, la interpretaci¨®n que han hecho los socialistas es distinta a la de IU-ICV. Llamazares y Herrera destacaron en su comparecencia p¨²blica que adem¨¢s de la ilegitimidad han conseguido eliminar algunas referencias a los dos bandos que los situaban al mismo nivel. Adem¨¢s, destacaron que han logrado eliminar la prohibici¨®n de la ley para conocer los nombres de quienes dictaron sentencias injustas durante el franquismo. IU-ICV tambi¨¦n logra que el pre¨¢mbulo haga una condena expresa del franquismo. Seg¨²n Llamazares y Herrera, en vez de una ley de punto final, como la defini¨® Amnist¨ªa Internacional, ahora es una norma m¨¢s parecida a lo que han hecho otros pa¨ªses, especialmente Alemania en 1998.
Vibrante debate
Si no modificaba radicalmente, como ha hecho, el contenido de la ley, el Gobierno corr¨ªa el riesgo de no contar con los apoyos suficientes para aprobarla. En el debate de totalidad, realizado en diciembre de 2006, tanto IU-ICV como ERC hab¨ªan presentado sendas enmiendas a la totalidad. PNV, CiU y el Grupo Mixto, no lo hicieron, pero en los discursos coincidieron en dejar solos al PSOE y el Gobierno en su idea del tribunal de cinco notables.
El largo e intenso debate, vibrante en ocasiones al recorrer la tr¨¢gica historia espa?ola del siglo XX, estuvo involuntariamente protagonizado por el abuelo del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, militar republicano fusilado por los nacionales. Zapatero reproch¨® entonces a Herrera, cuando pas¨® a su lado, el rechazo de su grupo. "Es injusto, estamos haciendo un gran esfuerzo", le dijo. Herrera le pidi¨® que fuera m¨¢s lejos. Ayer, el Gobierno le hizo caso, y el proyecto de ley camina as¨ª, tras tres a?os de tortuoso recorrido, hacia su aprobaci¨®n final.
EL NUEVO ARTICULADO DE LA LEY
"Se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros ¨®rganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideol¨®gicos o pol¨ªticos, condenas o sanciones de car¨¢cter personal, as¨ª como sus resoluciones"
"Por ser contrarios a derecho y vulnerar las m¨¢s elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades pol¨ªticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta T¨¦cnica del Estado y el Gobierno y el Tribunal de Orden P¨²blico, as¨ª como todos los consejos de guerra realizados por motivos ideol¨®gicos o pol¨ªticos"
"Se declaran ileg¨ªtimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideol¨®gicos o pol¨ªticos por cualesquiera tribunal u ¨®rganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un r¨¦gimen democr¨¢tico en Espa?a o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constituci¨®n"
"Se reconoce el derecho a obtener una declaraci¨®n de reparaci¨®n y reconocimiento personal a quienes padecieron los efectos de las resoluciones anteriores. Este derecho es compatible con el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia"
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