Pederastas en registros p¨²blicos

En Estados Unidos, desde 1996, todos los criminales sexuales que salen de la c¨¢rcel tienen que registrarse ante la polic¨ªa de su Estado y notificar cualquier cambio de domicilio. Todos tienen la obligaci¨®n de comunicarse con la polic¨ªa una vez al a?o durante 10 para actualizar sus datos, pero quienes fueron condenados por delitos contra menores o por m¨¢s de un delito sexual contra adultos tienen que hacerlo cada 90 d¨ªas de por vida. Si no cumplen pueden ser condenados a un a?o de c¨¢rcel y 100.000 d¨®lares de multa, y si fallan dos veces les pueden caer 10 a?os.

Los registros son gestionados por cada Estado, que es el que decide el acceso de la poblaci¨®n a esas bases de datos. Por lo general, todos son p¨²blicos y pueden encontrarse en la p¨¢gina web del Departamento de Justicia aunque no todos los delincuentes sexuales est¨¢n listados. Todo depende de la gravedad del caso. En la mayor¨ªa de esos registros s¨®lo se puede buscar al criminal del que se conoce el nombre o domicilio concreto. Pero tambi¨¦n hay bases de datos privadas que permiten averiguar si existe alg¨²n delincuente sexual viviendo en las cercan¨ªas de cualquier domicilio.

Las regulaciones estatales o locales tambi¨¦n pueden imponer normas como la de Miami Dade County, que obliga a los pederastas a buscar casa a una distancia m¨ªnima de 762 metros de cualquier lugar de congregaci¨®n de ni?os. La rigidez de esta norma ha provocado que desde hace un mes siete pederastas vivan bajo un puente en Miami con el consentimiento de la polic¨ªa, al no haber podido encontrar casa.

Connecticut y otros doce Estados debaten exigir a quienes tienen antecedentes de pedofilia que registren ante la polic¨ªa todos sus correos electr¨®nicos y sus personalidades virtuales -las que utilizan para los mensajes instant¨¢neos o para juegos como Second Life-. Si llegara a aprobarse, quienes no registren sus direcciones virtuales podr¨ªan enfrentarse a hasta cinco a?os de c¨¢rcel.

Ocho Estados, incluidos California y Texas, permiten el uso de castraci¨®n qu¨ªmica para violadores y pederastas reincidentes que salen de prisi¨®n y tambi¨¦n para aquellos que lo soliciten voluntariamente. La medida es pol¨¦mica y no tiene el apoyo de la comunidad m¨¦dica porque la decisi¨®n de imponer la castraci¨®n no la expresa un psic¨®logo sino un juez.

Se puede acceder a la informaci¨®n del registro a trav¨¦s de la polic¨ªa. La solicitud se acepta autom¨¢ticamente para asuntos laborales directamente relacionados con los menores de edad. Se intenta prevenir as¨ª que un pederasta o un abusador sexual encuentre trabajo en escuelas, guarder¨ªas o centros de vacaciones. El Gobierno estudia la posibilidad de ampliar el acceso al registro, aunque se resiste a ponerlo a disposici¨®n de familias o asociaciones de vecinos.

En los pr¨®ximos meses, la polic¨ªa obtendr¨¢ un nuevo poder para entrar y registrar la vivienda de un convicto de delitos sexuales. Si, por ejemplo ve una bicicleta infantil en el jard¨ªn de un ex violador, podr¨¢ entrar en su casa, interrogarle y buscar m¨¢s pistas aunque no tenga otras pruebas ni informaci¨®n de esa persona.