El futuro de la Universidad y el Estado de las Autonom¨ªas

La universidad aparece hoy como una instituci¨®n fundamental para consolidar la competencia de Europa en la econom¨ªa del conocimiento, y una pieza b¨¢sica en el proceso de modernizaci¨®n y convergencia de la sociedad espa?ola. Asumiendo ese decisivo papel, nuestras universidades abordan un proceso de transformaci¨®n profunda alimentado por dos retos ineludibles. Por una parte, la adaptaci¨®n al Espacio Europeo de Educaci¨®n Superior (EEES) que desarrolla el proceso de convergencia establecido en Bolonia. Se trata de configurar una oferta docente m¨¢s armonizada y, por tanto, favorecedora de la movilidad en el mercado de trabajo europeo, adem¨¢s de m¨¢s ¨¢gil, eficiente y profesionalizante frente a una realidad laboral cambiante en exigencias y capacidades.

Corresponde a los Gobiernos aut¨®nomos validar la oferta de las universidades con un desarrollo equilibrado

Por otro lado, un reto tan crucial como el anterior es la necesaria transformaci¨®n de la universidad hacia nuevos sistemas de gesti¨®n y gobierno de su funci¨®n investigadora. Un proceso que debe permitir a nuestras universidades afrontar su papel como actor principal en la econom¨ªa del siglo XXI, materializando la llamada tercera misi¨®n de la universidad: gesti¨®n y transferencia del conocimiento.

Dos retos estrat¨¦gicos para el futuro de la universidad y del pa¨ªs que, como muchos en la Espa?a actual, deben orientarse en pol¨ªticas de Estado pero se materializan y sustentan bajo la responsabilidad de los Gobiernos aut¨®nomos. El marco pol¨ªtico estatal lo establece la Ley Org¨¢nica de Universidades, recientemente reformada, en virtud de la cual, bajo un amplio r¨¦gimen de autonom¨ªa, cada universidad podr¨¢ establecer su perfil diferenciado definiendo con amplia libertad de acci¨®n su oferta docente y sus estrategias de cooperaci¨®n y competencia.

Corresponde, sin embargo, a los Gobiernos aut¨®nomos validar esta oferta, asegurando su desarrollo equilibrado, pertinente y sostenible. Lo anterior implica definir un marco normativo y financiero que permita hacer viable un sistema universitario socialmente eficiente en el contexto de la comunidad aut¨®noma e integrado de forma competitiva en el ¨¢mbito europeo.

Tambi¨¦n la reforma de la LOU parte de la firme convicci¨®n de que la Universidad debe desarrollar una investigaci¨®n de calidad y una gesti¨®n eficaz de la transferencia del conocimiento, consolidando su papel activo en el proceso de innovaci¨®n y en el desarrollo econ¨®mico. Esta misi¨®n tambi¨¦n se enmarca estrat¨¦gicamente, en gran medida, adem¨¢s de en la propia LOU, en otra importante pol¨ªtica de estado: el Plan Nacional de I+D. El PN de I+D establece las prioridades cient¨ªficas y tecnol¨®gicas del Gobierno, orientando la actividad de los investigadores universitarios. Define adem¨¢s la provisi¨®n de grandes infraestructuras, los programas de recursos humanos o la generaci¨®n de espacios de innovaci¨®n como los parques cient¨ªficos. Con ello incentiva el desarrollo y crecimiento del sistema universitario, ya que, no en vano, ¨¦ste representa el principal recurso cient¨ªfico del pa¨ªs.

De nuevo, corresponde a las CC AA asumir la integraci¨®n eficiente de esta acci¨®n pol¨ªtica. Una contribuci¨®n que deber¨ªa pasar por proveer a las universidades de las condiciones financieras y organizativas id¨®neas para desarrollar y consolidar su competencia cient¨ªfica y tecnol¨®gica. Una capacidad que les permita competir eficientemente en el marco del PN, al tiempo que participar activamente en el proceso de innovaci¨®n local, nacional o internacional.

Est¨¢ a punto de ver la luz el nuevo Plan Nacional 2008-2011, a trav¨¦s del cual el Gobierno espa?ol renueva su apuesta por el desarrollo econ¨®mico basado en el conocimiento. Un Plan que debe dar respuesta al documento de Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnolog¨ªa (ENCYT) aprobado por la Conferencia de Presidentes Auton¨®micos celebrada el pasado 11 de enero.

La ENCYT representa un gran acuerdo en pol¨ªtica de ciencia y tecnolog¨ªa, basado en el principio de corresponsabilidad de las decisiones. Asume por tanto que la interrelaci¨®n entre la Administraci¨®n General del Estado (AGE) y las CC AA se hace imprescindible para la consolidaci¨®n de la sociedad del conocimiento, exigiendo una visi¨®n integrada de la pol¨ªtica de I+D+i en el conjunto de las pol¨ªticas p¨²blicas del Estado para contribuir a la vertebraci¨®n territorial y a la cohesi¨®n social. En este contexto, recordemos que la aportaci¨®n de las CC AA al gasto p¨²blico en I+D del Estado representa ya m¨¢s del 20% y, sin embargo, no resulta a¨²n suficiente para asegurar las responsabilidades que deben asumir las universidades en materia de investigaci¨®n.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta el escenario actual, debemos saludar con renovadas expectativas la constituci¨®n hoy de la Conferencia General de Pol¨ªtica Universitaria, un ¨®rgano establecido en la reforma de la LOU para la coordinaci¨®n y cooperaci¨®n entre el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia y las CC AA en esta materia. La importancia de esta Conferencia reside en sus funciones de planificaci¨®n y asesoramiento sobre el desarrollo de las pol¨ªticas universitarias, su articulaci¨®n en el EEES, su evaluaci¨®n y su interrelaci¨®n con las pol¨ªticas de investigaci¨®n. Pero tambi¨¦n en sus competencias para planificar consorciadamente la ense?anza universitaria, actuando sobre la conformaci¨®n equilibrada del sistema universitario espa?ol y su financiaci¨®n.

El desarrollo operativo de este nuevo instrumento, as¨ª como el funcionamiento efectivo del Consejo General de la Ciencia y Tecnolog¨ªa, deben permitir a los responsables auton¨®micos formular y consensuar con la Administraci¨®n General del Estado una acci¨®n pol¨ªtica eficaz para dotar a nuestras universidades de las condiciones de gesti¨®n, organizaci¨®n y suficiencia financiera que posibiliten abordar los retos referidos. El futuro de la universidad se presenta claro y esperanzador, pero su ¨¦xito depender¨¢, no obstante, de la necesaria sinergia entre el Estado y las Autonom¨ªas. Haciendo competentes estos dos ¨®rganos -Consejo y Conferencia- avanzaremos seguro en el buen camino, aunque el camino debamos recorrerlo r¨¢pido. Treinta a?os de Estado de las Autonom¨ªas quiz¨¢s no sean muchos para consolidar una administraci¨®n tan compleja como la nuestra, pero, en el marco de la econom¨ªa global, si hablamos en t¨¦rminos de formaci¨®n, competencia cient¨ªfica o capacidad tecnol¨®gica, empiezan a ser ya demasiados.

Laura S¨¢nchez Pi?¨®n es consejera de Educaci¨®n y Ordenaci¨®n Universitaria de la Xunta de Galicia. Rogelio Conde-Pumpido es director general de Promoci¨®n Cient¨ªfica del Sistema Universitario Gallego.