Cuando la maltratada retira la denuncia
El 37% de los casos de violencia sexista que retira la fiscal¨ªa se debe a que la v¨ªctima se niega a declarar contra su agresor - El Gobierno estudia eliminar esta "dispensa familiar"
Una mujer pone una denuncia ante la polic¨ªa contra su marido por malos tratos. Al d¨ªa siguiente, tiene que declarar ante el juez de instrucci¨®n. En ese momento pueden ocurrir varias cosas. Una, que ella diga que quiere retirar los cargos contra el presunto agresor, lo que ocurre en un 16% de los casos, seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial. Lo hacen unas 25.000 mujeres cada a?o. Las razones pueden ser varias: miedo, haber perdonado al agresor, desear reanudar la relaci¨®n con ¨¦l.
Una mujer pone una denuncia ante la polic¨ªa contra su marido por malos tratos. Al d¨ªa siguiente, tiene que declarar ante el juez de instrucci¨®n. En ese momento pueden ocurrir varias cosas. Una, que ella diga que quiere retirar los cargos contra el presunto agresor, lo que ocurre en un 16% de los casos, seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial. Lo hacen unas 25.000 mujeres cada a?o. Las razones pueden ser varias: miedo, haber perdonado al agresor, desear reanudar la relaci¨®n con ¨¦l.
Una segunda posibilidad es que quiera seguir adelante, con mayor o menor convicci¨®n. En este caso, lo primero que escucha del juez es que, si quiere, puede no declarar contra su agresor. As¨ª lo dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art¨ªculo 416. Una norma que data de 1882 y que exime a los testigos de declarar contra determinados parientes -como padres, hermanos y c¨®nyuge-. Este art¨ªculo, que se aplica tambi¨¦n, por analog¨ªa, a parejas de hecho, pretende proteger as¨ª los v¨ªnculos de solidaridad familiar.
Tanto en el caso de que la mujer retire la denuncia como en el supuesto de que se acoja a su derecho a no declarar, el procedimiento puede continuar de oficio y el fiscal puede mantener los cargos. Pero para que esto ocurra se necesitan pruebas. "Si no las hay, s¨®lo queda el sobreseimiento provisional, y el problema es que muchas veces no hay nada m¨¢s que la declaraci¨®n de la v¨ªctima", se?ala Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial. "Cuando hay un parte de lesiones u otros indicios, se contin¨²a con el procedimiento. Pero en el caso de la mujer fallecida en Vitoria el s¨¢bado, por ejemplo, la mujer retir¨® la denuncia y el fiscal se qued¨® sin testigo, que es la prueba estrella en estos casos. No hab¨ªa otras pruebas".
Problema de prueba
En el acto de juicio, vuelve a producirse la misma situaci¨®n. El juez tiene que decirle una vez m¨¢s a la v¨ªctima que, seg¨²n la ley, no tiene que declarar contra su agresor. En 2007, en el 37% de los casos en que los fiscales retiraron la acusaci¨®n por violencia de g¨¦nero la raz¨®n fue precisamente que la v¨ªctima se acogi¨® a la dispensa del art¨ªculo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez m¨¢s, el problema son las pruebas. Aunque, asociaciones de mujeres como Themis insisten en la obligaci¨®n de jueces y fiscales de seguir investigando a pesar de que las mujeres retiren la denuncia o no quieran declarar. La presidenta de Themis, Altamira Gonzalo, insisti¨® ayer en que, en el pol¨¦mico caso de Vitoria, "el agresor estaba denunciado y, por tanto, ten¨ªan que haber averiguado su grado de peligrosidad y haber puesto en marcha una serie de medidas de protecci¨®n aunque la v¨ªctima hubiera retirado la denuncia".
El Gobierno est¨¢ estudiando modificar la ley para que las v¨ªctimas de malos tratos tengan la obligaci¨®n de declarar. Pero no han tomado una decisi¨®n definitiva al respecto, seg¨²n fuentes del ministerio de Justicia. En la reciente tramitaci¨®n de la Ley de Igualdad el Gobierno intent¨® incluir esta reforma legal, pero no recab¨® en el Senado los suficientes apoyos parlamentarios. La modificaci¨®n es pol¨¦mica. Los detractores entienden que puede ser contraproducente y provocar que las mujeres, a las que cuesta tomar la decisi¨®n de denunciar, dejen de hacerlo si saben que van a estar obligadas a declarar. Por otro lado, se plantean qu¨¦ ocurrir¨ªa con las mujeres que decidieran no declarar a pesar de estar obligadas por la ley.
La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, opina que esta dispensa familiar decimon¨®nica no encaja en los casos de malos tratos. "No tiene ning¨²n sentido cuando el testigo es, adem¨¢s, v¨ªctima de un delito. Imaginemos el caso de un hombre que viola a su sobrina. ?Debemos proteger aqu¨ª los lazos familiares?". Cazorla insiste en los problemas de prueba que acarrea para los fiscales la dispensa familiar. "No hay que olvidar que se trata de un delito peculiar, con relaciones familiares de por medio, y la mujer suele bajar la guardia. No imagina que su compa?ero, el padre de sus hijos, pueda llegar a matarla, y por lo tanto a veces decide no declarar. No es consciente del riesgo que corre".
El abogado madrile?o Fernando Bejerano opina que es necesario que se elaboren estudios para investigar las razones de que las mujeres no declaren. "Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal est¨¢ bien porque lo que queremos es que no se caigan los procedimientos por falta de pruebas, pero hay que ir m¨¢s all¨¢. Tenemos que pensar qu¨¦ es lo que no les estamos dando a las v¨ªctimas para que deseen volver a un entorno de agresi¨®n. S¨®lo conociendo las causas podremos tocar otros aspectos de la legislaci¨®n o mejorar la protecci¨®n".
Justicia admite que se debe mejorar el diagn¨®stico y la evaluaci¨®n del riesgo
El ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, indic¨® ayer que es necesario hacer "un verdadero diagn¨®stico" de las situaciones de riesgo en los casos de violencia de g¨¦nero para determinar la protecci¨®n necesaria en cada situaci¨®n, porque no se puede proteger a todas las mujeres de la misma forma. "Hay que hacer un an¨¢lisis de los supuestos de muerte en profundidad, porque nos va a ayudar a afinar en algo que es la gran preocupaci¨®n y que es el diagn¨®stico de las situaciones de riesgo, porque no se debe utilizar el mismo aparataje y la misma t¨¦cnica de persecuci¨®n y protecci¨®n ante situaciones de riesgo diferentes", se?al¨®.El ministro hizo estas declaraciones a ra¨ªz del caso de A. V. la mujer fallecida el s¨¢bado en Vitoria tras ser apu?alada por su marido. La v¨ªctima hab¨ªa retirado la denuncia por maltrato psicol¨®gico presentada en el mes de diciembre.El ministro defendi¨® la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero aprobada en diciembre de 2004 y asegur¨® que se necesita tiempo para acabar con un mal tan enraizado. "La ley est¨¢ sirviendo en la medida en que las cifras no son las que eran y sobre todo hay una enorme sensibilizaci¨®n que no exist¨ªa", a?adi¨®.La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, coincide en la necesidad de mejorar en la valoraci¨®n del riesgo que corre cada v¨ªctima. "La violencia de g¨¦nero es una cuesti¨®n compleja y cada mujer maltratada necesita un traje a medida. Son necesarias unidades de valoraci¨®n de riesgo, pero formadas no por jueces y fiscales sino por expertos que determinen lo que es necesario hacer en cada caso para proteger a la v¨ªctima".El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera, tambi¨¦n defendi¨® ayer la ley pero hizo una cierta autocr¨ªtica. "El Gobierno intensificar¨¢ la aplicaci¨®n de las normas", se?al¨®. "Creo que todo el mundo coincide en que la ley es necesaria y su aplicaci¨®n de be ser mejorada, sin ninguna duda. En ello estamos tanto desde el punto de vista de la eficacia jurisdiccional como de la eficacia en la protecci¨®n".
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