Los retos de la justicia

Hace escasas fechas hemos conocido cifras de la Justicia. De un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo p¨²blicos los n¨²meros de la anualidad pasada y de otro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) daba cuenta, en sede parlamentaria, de los de la Justicia en nuestra comunidad. Ambas poco alentadoras sobre la marcha de la Administraci¨®n de Justicia. Dos constantes: el incremento de la litigiosidad, (doce a?os atr¨¢s ten¨ªamos cinco millones de asuntos al a?o, hoy son ocho) y el incremento, igualmente, del "pendiente".

En todo el pa¨ªs, 2.400.000 asuntos, en Andaluc¨ªa 400.000. Estos n¨²meros ponen a prueba, otra vez, la capacidad de ensanche de nuestro sistema, lo que se traduce, adem¨¢s, en ineficacia e insatisfacci¨®n de los ciudadanos frente a la Justicia. Prueba de ello son los estudios de opini¨®n, las quejas de los ciudadanos y el lugar en que sit¨²an a la Justicia. Me referir¨¦ a nuestro ¨¢mbito m¨¢s cercano.

No me equivoco si digo que cada a?o nuestra Justicia resuelve m¨¢s, pero no puede con el acumulado que tambi¨¦n crece. Un particular an¨¢lisis merece la jurisdicci¨®n contenciosa, que en nuestra comunidad aut¨®noma ingres¨®, en sus 33 juzgados y en la ¨²ltima anualidad, 42.231 asuntos, un 68% m¨¢s que el a?o anterior. Solamente pudieron resolverse 27.150 y el tiempo de respuesta super¨® los 23 meses. Son tendencias alcistas inequ¨ªvocas.

Ya no sirve la receta simplista de m¨¢s jueces y m¨¢s juzgados, que tanto juego dio en el pasado. Las plantillas de jueces y magistrados han crecido notablemente, as¨ª como la de secretarios y fiscales, tambi¨¦n la de funcionarios. Del mismo modo, a?o a a?o, se han constituido nuevos ¨®rganos judiciales que completan nuestra planta judicial. En Andaluc¨ªa, en los ¨²ltimos nueve a?os contamos con 132 nuevos juzgados, 47 plazas de magistrado y 10 nuevas secciones de Audiencia Provincial y unos incrementos presupuestarios muy notables. Este 2007 se prev¨¦n otras 24 plazas de jueces y magistrados. Pese a ese enorme esfuerzo, la situaci¨®n del sector Justicia lejos de mejorar, y siendo optimistas, se estanca, pero en ning¨²n caso alcanza niveles ¨®ptimos de eficacia y eficiencia.

Vivimos una fuerte crisis del modelo institucional de gesti¨®n de la Administraci¨®n de Justicia que reclama adem¨¢s de aportes cuantitativos y recursos humanos, y con toda urgencia, una nueva manera de conjugarlos. Estamos en condiciones de expresar que el aumento sistem¨¢tico de todos los par¨¢metros que inciden en la Administraci¨®n de Justicia (m¨¢s jueces, m¨¢s fiscales, m¨¢s ¨®rganos...) servir¨¢ para que la situaci¨®n no empeore, pero dista mucho de ser el ¨²nico cauce de resoluci¨®n de los problemas. Es precisa una redefinici¨®n del modelo mismo, incluida la oficina judicial, que nos permita abordar la Justicia del siglo XXI en t¨¦rminos de modernidad, agilidad, flexibilidad y seguridad jur¨ªdica. Somos, con el modelo actual, incapaces de superar esa barrera de pendencia.

Es tiempo de potenciar los ejes de la reforma de la Justicia que no son otros que los marcados por la Constituci¨®n espa?ola y los Estatutos y aqu¨ª el nuestro ha sido ambicioso, otorg¨¢ndonos a los andaluces un T¨ªtulo enteramente dedicado al Poder Judicial en Andaluc¨ªa. Cierto es que no pocas de sus previsiones, las de m¨¢s hondo calado, precisan del desarrollo org¨¢nico, ahora en tramitaci¨®n.

Es hora de que nuestro Tribunal Supremo sea el gran unificador de doctrina que reclama la Constituci¨®n. Lo es tambi¨¦n, como subraya el nuevo Estatuto, que el Tribunal Superior de Justicia sea, con plena efectividad, la ¨²ltima instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en la comunidad aut¨®noma. La norma institucional b¨¢sica tambi¨¦n incorpora su opci¨®n en ¨¢reas tan puntuales como el Consejo de Justicia de Andaluc¨ªa, la Justicia de paz o la de proximidad. Junto a ello se a?ade una ampliaci¨®n de las competencias ya existentes.

La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, en tramitaci¨®n parlamentaria, opta por un modelo novedoso creando los Consejos de Justicia como ¨®rganos colegiados, sustitutivos de las Salas de Gobierno. Son ¨®rganos que asumen, por v¨ªa de la delegaci¨®n, funciones del gobierno del Poder Judicial. El sistema, y no lo digo peyorativamente, es ventajista. Lo que se hace es aprovechar un modelo de gobierno cuyo funcionamiento tiene pleno reconocimiento desde todos los sectores potenci¨¢ndolo, siendo muy interesante en lo que de participaci¨®n externa y de implicaci¨®n auton¨®mica supone. Sobre la Justicia de proximidad y la de Paz algo habr¨¢ que hacer para crear una justicia titular en el primer escal¨®n jurisdiccional que pueda dar respuesta a un volumen de asuntos como los se?alados y superar el coste de una Justicia interina que alcanza en el territorio nacional los 36 millones de euros.

Los caminos precisan de concreci¨®n y s¨®lo ser¨¢ v¨¢lido aquel que con respecto al texto constitucional y estatutario encamine sus energ¨ªas en potenciar el papel unificador de la doctrina del Tribunal Supremo, evite la imprevisibilidad de las resoluciones judiciales, permita a los Tribunales Superiores de Justicia culminar la organizaci¨®n judicial en el ¨¢mbito territorial de las diferentes comunidades aut¨®nomas haciendo a ¨¦stas m¨¢s protagonistas de sus competencias y donde el Consejo General del Poder Judicial adecue su entramado organizativo con respeto a la estructuraci¨®n auton¨®mica del Estado.

Juan Carlos Campo Moreno es vocal del Consejo General del Poder Judicial