Una nueva ley atiza el fuego entre Narbona y Aguirre
El ministerio llevar¨¢ al Constitucional la norma regional que resta poder a los agentes forestales
Una patrulla de agentes forestales de la comarca de Torrelaguna, en el noreste de la regi¨®n, ha denunciado al Ej¨¦rcito por sobrevolar el embalse protegido de Pedrezuela en ¨¦poca de anidaci¨®n de cr¨ªas de aves. Martinetes, muy sensibles a la alteraci¨®n de su h¨¢bitat; garzas reales, varias especies de ¨¢nades, cig¨¹e?uelas... pueblan el pantano y se ven afectadas por los aviones que vuelan a ras del agua.
?sta ser¨¢ una de las ¨²ltimas denuncias que interpongan los 269 agentes forestales que trabajan en la regi¨®n. La raz¨®n: la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quiere sacar adelante la Ley de Modernizaci¨®n del Gobierno y la Administraci¨®n de la Comunidad de Madrid la pr¨®xima semana. Esta norma deja sin atribuciones a los agentes forestales. Y exige a los guardas una autorizaci¨®n judicial para acceder a terrenos y montes privados.
"No podremos denunciar construcciones ilegales en terrenos protegidos, ni caza ilegal, vertidos t¨®xicos, o prevenir fuegos...", enumera Enrique Jim¨¦nez, agente forestal. La ley contradice, adem¨¢s, la Ley B¨¢sica de Montes, que establece que los agentes forestales podr¨¢n entrar libremente en cualquier lugar para investigar, inspeccionar, realizar mediciones o tomar fotograf¨ªas. Por ello, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunci¨® ayer que acudir¨¢ al Tribunal Constitucional. "Incumplen una norma estatal y una grave amenaza para el inter¨¦s general. Es un asalto y una burla a las instituciones parlamentarias", asegur¨® ayer Narbona.
La ministra remiti¨® ayer una carta a Aguirre advirti¨¦ndole de la incompatibilidad de ambas normas. Y le insta a que modifique "los preceptos que no tienen nada de urgentes ni de modernizadores". Narbona dijo no entender por qu¨¦ "en este momento del a?o [en pleno verano, con m¨¢s riesgos de incendio] quita las atribuciones de los guardas forestales".
Por su parte, portavoces de tres sindicatos (CC OO, UGT y el mayoritario Saftam) anunciaron ayer en una conferencia de prensa movilizaciones para protestar contra esta medida del Gobierno regional. Se quejaron de que con la retirada de la categor¨ªa de agentes de la autoridad, s¨®lo los agentes del Seprona podr¨¢n investigar. "S¨®lo son unos treinta para toda la regi¨®n", indic¨® Jos¨¦ Luis D¨ªaz, de CC OO.
Los forestales preparan una marcha el pr¨®ximo jueves entre la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, y la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Adem¨¢s, ma?ana se concentrar¨¢n con bicicletas y veh¨ªculos frente a la sede de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente.
El diputado socialista Modesto Nolla manifiesta que esta ley otorga el mismo tratamiento a las fincas privadas que a un domicilio. "Asegura la impunidad para las infracciones. El campo siempre es de alguien, pero el paisaje, no, y tenemos que protegerlo", concluye.
No es la primera bronca entre Aguirre y el Ejecutivo nacional. El Gobierno nacional lleg¨® a plantear en el Tribunal Constitucional una cuesti¨®n sobre la titularidad de la carretera de peaje R-1, entre Alcobendas y El Molar, y sobre el ¨²ltimo tramo de la M-50, en el noroeste de la regi¨®n, entre la A-1 (autov¨ªa de Burgos) y la A-6 (autov¨ªa de A Coru?a). El Ejecutivo nacional y la Comunidad se disputaron las competencias sobre ambas carreteras. Aguirre considera suya la titularidad de ambas v¨ªas porque discurren ¨ªntegramente por la regi¨®n. Pero el departamento que dirige Magdalena ?lvarez defiende su competencia porque los tramos fueron declarados "de inter¨¦s general". El Constitucional, primero anul¨® los estudios preliminares de estos planes, y despu¨¦s levant¨® la suspensi¨®n al considerar que la redacci¨®n de los proyectos no causa da?o al medio ambiente.
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