CC OO denuncia a cargos de Aguirre por "coacciones" a los forestales

Comisiones Obreras se querell¨® ayer por "prevaricaci¨®n y coacciones" contra dos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre por la orden interna -"nota interior"- emitida en noviembre de 2006 a los agentes forestales de Madrid por la que les prohibieron remitir directamente a la justicia las denuncias de los delitos que descubrieran. "Con la nota interior, lo que en la pr¨¢ctica se est¨¢ ordenando a los agentes forestales es que desatiendan sus obligaciones de un modo absoluto, hasta el punto de que el cumplimiento de tal nota podr¨ªa dar lugar a delitos", reza la querella.

A finales de 2006, el Gobierno de Esperanza Aguirre calc¨® del Ejecutivo balear, tambi¨¦n del PP, el veto a los forestales para denunciar delitos a la justicia. Los forestales demostraron luego en el archipi¨¦lago que el Ejecutivo aut¨®nomo congel¨® durante meses sus denuncias, que luego fueron reflotadas por la justicia al hilo de la investigaci¨®n del caso Andratx.

Los querellados del Gobierno madrile?o son el director general del Medio Natural, Miguel Allu¨¦, y el jefe del cuerpo de agentes forestales de Madrid, Jos¨¦ Luis Monle¨®n. Ambos cursaron la nota que ha incendiado a los forestales de la comunidad.

Tal orden establec¨ªa: "A partir de hoy, y hasta la entrada en vigor del protocolo de tramitaci¨®n de denuncias pendientes de elaborar, cualquier il¨ªcito penal no podr¨¢ remitirse directamente por los agentes forestales en nombre o como miembro del cuerpo de agentes forestales a los juzgados o fiscal¨ªa, debiendo poner la denuncia en conocimiento de la jefatura del cuerpo, la cual actuar¨¢ conforme a normativa y cauces vigentes establecidos al efecto".

El contenido de dicha "nota interior" del cuerpo de los forestales a¨²n est¨¢ vigente. CC OO considera que pulveriza el car¨¢cter de agente de la autoridad que tiene el cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid en virtud de la norma regional que lo cre¨® de 2002. "El cuerpo de agentes forestales tiene la consideraci¨®n de polic¨ªa administrativa especial y sus integrantes ostentar¨¢n el car¨¢cter de agentes de la autoridad cuando presten servicio en el ejercicio de sus funciones, para todos los efectos legalmente procedentes", se?ala esa norma.

Custodia de bienes jur¨ªdicos

Ese papel lo refrend¨® la Ley de Montes de 2003, tras sus posteriores modificaciones: "Agente forestal: funcionario que ostenta la condici¨®n de agente de la autoridad. (...) Tiene encomendadas, entre otras funciones, las de polic¨ªa y custodia de los bienes jur¨ªdicos de naturaleza forestal y la de la polic¨ªa judicial en sentido gen¨¦rico, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Y, ciertamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal confirma que los forestales forman parte de "la polic¨ªa judicial, y ser¨¢n auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigaci¨®n de los delitos y persecuci¨®n de los delincuentes".

Y de esta norma legal deriva el riesgo de que los forestales incumplan tal deber de denuncia: "Los que por raz¨®n de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de alg¨²n delito p¨²blico estar¨¢n obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal o al tribunal competente, al juez de instrucci¨®n en su defecto". Tal es el dilema de los forestales: incumplir una norma interna de sus mandos o incumplir la normativa estatal. O se exponen a la sanci¨®n de sus jefes o a la exigencia de responsabilidades por un juez o fiscal, plantean.

Los forestales, cuando entr¨® en vigor tal norma, ignoraban que, posteriormente, el Gobierno de Esperanza Aguirre alumbrar¨ªa, en la Ley de Medidas Urgentes de Modernizaci¨®n del Gobierno -aprobada la semana pasada-, nuevas f¨®rmulas para recortar sus funciones fiscalizadoras del cumplimiento de la legislaci¨®n urban¨ªstica o medioambiental: se les proh¨ªbe entrar en los terrenos y montes privados sin autorizaci¨®n judicial. Entienden que esto les impedir¨¢ actuar con diligencia para detectar irregularidades en terrenos privados. Los agentes consideran que la suma de ambas normas -no presentar denuncias a la justicia, no entrar en terrenos privados para investigar- deja en nada su capacidad inspectora o coactiva.