Los promotores se suman al Pacto por la Vivienda a cambio de hacer menos pisos sociales

Habr¨¢ Pacto Nacional por la Vivienda, pero tambi¨¦n rebaja por parte del Gobierno en la ley en tr¨¢mite. Los promotores catalanes se sumar¨¢n al pacto tras conseguir modificar el texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda que est¨¢ en el Parlament en el punto que encall¨® la firma antes del verano: en vez de destinar el 20% de las promociones de m¨¢s de 2.000 metros cuadrados en suelo consolidado a vivienda protegida, los privados s¨®lo deber¨¢n destinarlo en edificios de m¨¢s de 5.000 metros. Lo anunciaron ayer el presidente de los promotores, Enric Reyna, y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar. Hoy se ver¨¢ con CiU con la intenci¨®n de cerrar los ¨²ltimos flecos.

Cuando a mediados del pasado mes de julio el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda anunci¨® la inminente firma del pacto -que busca consenso para atajar el problema de acceso a la vivienda con medidas como la creaci¨®n de 160.000 pisos sociales en 10 a?os-, comenzaron a crecerle los enanos. Promotores y CiU cuestionaron la firma de un documento que se refiere a una ley en tr¨¢mite y anunciaron que no firmar¨ªan sin antes salvar tres escollos del texto legislativo.

El primero de los puntos es el art¨ªculo 18.3, que el Gobierno ha accedido a rebajar despu¨¦s de m¨²ltiples reuniones que culminaron con el acuerdo que alcanzaron ayer Reyna y Baltasar. Los promotores defienden su postura argumentando que vulnera su seguridad jur¨ªdica, porque modifica las expectativas de quienes ya tienen suelo comprado. El salto en el redactado de la ley de 2.000 a 5.000 metros cuadrados es importante, puesto que en suelo consolidado en una ciudad como Barcelona es dif¨ªcil encontrar edificios de m¨¢s de 3.000 metros, aseguran los expertos.

Alquiler forzoso

El segundo de los puntos conflictivos es el art¨ªculo 42.6 de la ley, que prev¨¦ el alquiler forzoso de viviendas desocupadas. El consejero anunci¨® ayer que "queda pendiente de discusi¨®n con CiU". "Espero encontrar una soluci¨®n en las pr¨®ximas horas", aclar¨®, refiri¨¦ndose a la reuni¨®n que hoy tiene previsto mantener con el negociador convergente tanto en el Pacto como en la ley, Carles Sala.

El tercer escollo (art¨ªculo 79.2) se refiere al plazo de protecci¨®n de las viviendas sociales, fijado inicialmente en 90 a?os. Este plazo, que tambi¨¦n rechazaba el sindicato UGT, queda rebajado en las enmiendas aprobadas por la ponencia que discute la ley en el Parlamento antes de las vacaciones.

Tanto el consejero como el presidente de los promotores catalanes celebraron ayer el acuerdo alcanzado y coincidieron en la importancia de lograr un Pacto Nacional que busca atajar el problema de la vivienda por el m¨¢ximo n¨²mero de frentes. "El pacto propiciar¨¢ que centenares de miles de personas puedan acceder a una vivienda", dijo Baltasar, con medidas como la promoci¨®n de viviendas sociales, las ayudas al pago del alquiler y las subvenciones para obras de rehabilitaci¨®n, todas previstas en el pacto. Por su parte Reyna destac¨® la dureza de las negociaciones y apunt¨® que el resultado del acuerdo es fruto "de que ninguna de las dos partes haya conseguido el 100% de sus aspiraciones". "Las dos partes nos hemos quedado a medio camino", manifest¨®.

Otros flecos

Adem¨¢s de las cesiones de suelo consolidado para pisos sociales, el principal punto caliente, el acuerdo de ayer cierra otros flecos. Los promotores han logrado tambi¨¦n que el compromiso de los ayuntamientos de m¨¢s de 3.000 habitantes a tener el 15% de su parque de viviendas en pisos sociales en un plazo de 20 a?os s¨®lo afecte a los municipios de m¨¢s de 5.000 vecinos; han conseguido poder adjudicar ellos mismos el 30% de los pisos sociales que promuevan, cuando el texto preve¨ªa un ¨²nico registro de solicitantes; y han arrancado el compromiso del Gobierno de gestionar el arrendamiento de los pisos sociales de alquiler que promuevan los privados.