La batalla del Constitucional se libra en el Senado

Casi tantos como cartas en una baraja ser¨¢n los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional que, por vez primera, propongan las comunidades aut¨®nomas. El Senado afronta el ¨²ltimo periodo de sesiones de la legislatura con una prioridad inmediata: adaptarse a la nueva forma de elegir a los cuatro magistrados del Alto Tribunal que le corresponden seg¨²n la Constituci¨®n.

La novedad es que, en esta ocasi¨®n, la C¨¢mara territorial har¨¢ honor a su nombre en este cometido, ya que en vez de nombrar a cuatro juristas directamente, deber¨¢ escoger entre los candidatos que le presenten los parlamentos de las comunidades aut¨®nomas.

Por primera vez, las autonom¨ªas podr¨¢n proponer candidatos, hasta 34, para que el Senado escoja cuatro entre ellos

Si no se renueva el tribunal, los conservadores mantendr¨¢n la mayor¨ªa en el recurso del Estatuto catal¨¢n

El PP se opone a la reforma del reglamento de la C¨¢mara imprescindible para elegir cuatro nuevos magistrados

Seg¨²n la primera propuesta del PSOE, hasta 34 nombres pueden llegar a estar sobre la mesa, dos por cada comunidad. La primera dificultad es que la manera en que se va a realizar la elecci¨®n a¨²n no est¨¢ regulada. Y adem¨¢s, el PP, cuya participaci¨®n es imprescindible para elegir a los nuevos magistrados, se opone a que se haga.

En mayo pasado las Cortes aprobaron la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional (LOTC). El PP se opuso a lo calific¨® de "cacicada legislativa", ya que esta ley prorroga obligatoriamente el mandato de la presidenta del tribunal, Mar¨ªa Emilia Casas, de tendencia progresista, hasta diciembre. Lo que mantiene el empate entre progresistas y conservadores en el tribunal.

En esta ley se establec¨ªa tambi¨¦n, por primera vez, la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en la elecci¨®n de magistrados del TC (art¨ªculo 16.1). En vez de elegir el Senado directamente a los cuatro que le corresponden, los elegir¨¢ entre los candidatos propuestos por los parlamentos aut¨®nomos.

El PP ha recurrido por inconstitucional este punto de la LOTC porque, en su opini¨®n, "pervierte de ra¨ªz el modelo constitucional y abre perspectivas ins¨®litas para la progresiva sustituci¨®n de los poderes del Estado por las instituciones auton¨®micas", literalmente. Como dato curioso, Manuel Fraga, presidente fundador del PP, defendi¨® en 2002 la participaci¨®n auton¨®mica en el TC, precisamente con esta f¨®rmula.

La clave es que, en la anterior ocasi¨®n en que el Senado nombr¨® a sus cuatro magistrados, la mayor¨ªa absoluta del PP hizo que fueran tres a propuesta de los populares y s¨®lo un progresista.

Pero la composici¨®n del Senado ha cambiado, y en la renovaci¨®n que toca ahora se nombrar¨ªan dos de cada tendencia. Es decir, que a partir de diciembre los progresistas ser¨ªan mayor¨ªa en el Constitucional, por siete a cinco.

Esta ventaja se mantendr¨ªa incluso (seis a cinco) en el recurso del PP contra el Estatuto catal¨¢n, en el que no puede participar el progresista Pablo P¨¦rez Tremps, por haber sido recusado.

Los nuevos nombramientos se har¨¢n "en los t¨¦rminos que determine el Reglamento de la C¨¢mara", seg¨²n la LOTC. Pero el actual reglamento de la c¨¢mara no determina nada, por lo que hay que reformarlo para renovar el Constitucional. Sin embargo, por la misma raz¨®n que el PP recurri¨® por inconstitucional este art¨ªculo de la LOTC, su grupo parlamentario en el Senado se opone a negociar la reforma del Reglamento que desarrolle la ley, seg¨²n indican fuentes parlamentarias de este partido.

Dichas fuentes sostienen que esta oposici¨®n no tiene por qu¨¦ bloquear el proceso, ya es previsible que el TC d¨¦ absoluta prioridad a un recurso que afecta a su propio funcionamiento interno. Por tanto, si el fallo se produce este mismo mes y es contrario al PP, habr¨ªa tiempo para culminar el proceso antes del 19 de diciembre, cuando cesan los cuatro magistrados elegidos en 1998. Pero calcular plazos para una sentencia del TC es jugar a la ruleta, como demuestra el recurso contra el Estatuto de Catalu?a.

En cualquier caso la ley est¨¢ vigente y el Tribunal Constitucional ya ha comunicado al Senado, con cuatro meses de antelaci¨®n, que debe poner en marcha la renovaci¨®n de los cuatro magistrados. En consecuencia, la Mesa del Senado (el ¨®rgano de gobierno de la C¨¢mara), ha comunicado a los grupos parlamentarios que debe hacerse la reforma del Reglamento prevista en la ley para cumplir esta obligaci¨®n.

Reformar el reglamento "es un mandato legal", recuerda el portavoz del PSOE, Joan Lerma. "El PP no tiene motivos para oponerse. Todos los grupos tienen la obligaci¨®n legal de hacer esta reforma. Unas veces toca estar en minor¨ªa y otras en mayor¨ªa, pero no puede ser que porque no est¨¦s de acuerdo con una ley bloquees el funcionamiento de las instituciones. No tiene sentido", agrega.

"Si el PP no est¨¢ de acuerdo, no procede hacer la reforma", opina el portavoz de CiU en el Senado, Pere Mac¨ªas. "La tradici¨®n es que el Reglamento se hace con el acuerdo de todos". Si el PSOE decidiera seguir adelante, "nos extra?ar¨ªa, porque sienta un precedente".

Escuchando a Lerma, hay que contar con el escenario de que el PSOE decida seguir adelante y el Reglamento se reforme sin contar con el PP. Si hay acuerdo entre los grupos, la Comisi¨®n de Nombramientos no tendr¨ªa problemas para elegir a cuatro candidatos, ya que el ¨²nico voto en contra ser¨ªa el de P¨ªo Garc¨ªa-Escudero por el PP. Sin embargo, esos nombramientos deben ser ratificados por el pleno por una mayor¨ªa de tres quintos; es decir, 155 senadores. Es imposible alcanzar esa cifra si no se ponen de acuerdo PP y PSOE.

Se abre entonces la posibilidad de un ¨²ltimo escenario, dram¨¢tico. Aunque el coste pol¨ªtico es insospechado, PP podr¨ªa votar en contra de los nombramientos en el Pleno del Senado. En tal caso, se prorrogar¨ªa el mandato de los cuatro magistrados cesantes en diciembre. Claro que, de esta forma, tambi¨¦n se prorrogar¨ªa la actual mayor¨ªa conservadora en la deliberaci¨®n del Estatuto catal¨¢n.