La batalla pol¨ªtica sacude el Constitucional

El Tribunal Constitucional vive la mayor batalla pol¨ªtica de su historia. El PP ha impugnado las leyes m¨¢s importantes de la reciente etapa socialista, hasta un total de 19, mediante una bater¨ªa de recursos de amparo e inconstitucionalidad que, sin embargo, no han obtenido hasta la fecha r¨¦ditos destacables: ni se acept¨® anular el embri¨®n del plan Ibarretxe, ni se admiti¨® que los jueces pudieran paralizar individualmente las bodas homosexuales y no est¨¢ claro que el Estatuto catal¨¢n vaya a verse antes de las elecciones. Por eso parece haberse impuesto un cambio de estrategia: hacerse a toda costa con la mayor¨ªa del Constitucional, descabalgando a la presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas. Paralelamente, el sector progresista pretende mantener el anterior estado de cosas en el que disfrutaba de una te¨®rica mayor¨ªa gracias al voto de calidad de la presidenta.

La recusaci¨®n de Tremps da alas a dos jueces conservadores para el asalto a la presidencia

El Plan Hidrol¨®gico y el matrimonio homosexual penden de las impugnaciones

Conde fue represaliado por no haber secundado un recurso del PP contra el 'plan Ibarretxe'

Desde la ¨²ltima renovaci¨®n del Tribunal, el delicado equilibrio que le manten¨ªa dividido a partes iguales en dos sectores de seis magistrados cada uno, ven¨ªa contrapesado por el voto un magistrado conservador que votaba con el sector progresista en esos asuntos de clara factura pol¨ªtica.

El magistrado era Vicente Conde Mart¨ªn de Hijas y hasta principios de a?o su voto hab¨ªa venido permitiendo a la presidenta gobernar el Tribunal con la comodidad que da contar con 7 votos a 5 en los asuntos m¨¢s delicados. Tanto es as¨ª que la presidenta cre¨ªa contar con el voto de Vicente Conde en el asunto m¨¢s trascendental de los que se hab¨ªan presentado hasta ahora: el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el nuevo Estatuto catal¨¢n.

?Por qu¨¦ Vicente Conde, antiguo magistrado de la ¨¦lite del Tribunal Supremo, votaba aparentemente en contra de los intereses del partido que le hab¨ªa situado en su cargo?

Para entender la situaci¨®n a la que se ha llegado en el Constitucional hay que remontarse al final de la legislatura anterior, a los ¨²ltimos meses de Aznar en La Moncloa. El 13 de noviembre de 2003, el Gobierno Aznar impugn¨® ante el Constitucional el plan Ibarretxe cuando a¨²n estaba en fase embrionaria. Aunque la impugnaci¨®n ofrec¨ªa muchas dudas, Aznar viv¨ªa en una nube: el PP iba a repetir mayor¨ªa absoluta, y manejaba a su antojo el BOE, incluso para incriminar penalmente a Ibarretxe si se le ocurr¨ªa convocar un refer¨¦ndum. Sin embargo, el Pleno del Constitucional rechaz¨® el recurso apenas un mes despu¨¦s de que, contra pron¨®stico, el PSOE ganase las elecciones. La admisi¨®n a tr¨¢mite se perdi¨® por 7 votos a 5. Uno de los que vot¨® en contra fue Conde Mart¨ªn de Hijas. Dicen que Aznar nunca se lo perdon¨®, pero en el Alto Tribunal se da por sentado que fue ese voto el que le cost¨®, mes y medio despu¨¦s, la presidencia del Constitucional a Vicente Conde.

En el Constitucional hay una norma no escrita seg¨²n la cual, s¨®lo deben optar a presidente y vicepresidente aquellos a los que les quedan tres a?os en el Tribunal. Con ese sistema, todas las facilidades reca¨ªan en Vicente Conde. Era el de mayor edad -64 a?os- entre los cuatro a los que corresponde cesar en 2007, y en caso de empate con Mar¨ªa Emilia Casas la presidencia acabar¨ªa siendo para ¨¦l.

El 15 de junio de 2004 se proced¨ªa a la elecci¨®n de nuevo presidente. Al comienzo de la votaci¨®n, surgi¨® la sorpresa: el conservador Jorge Rodr¨ªguez-Zapata anunci¨® su candidatura, lo que dividi¨® el voto y rompi¨® las expectativas de Vicente Conde. As¨ª, en la primera votaci¨®n, el esperado empate no se produjo: Casas obtuvo 6 votos, Conde 3 y Rodr¨ªguez-Zapata otros 3. Al no obtener ning¨²n candidato la mayor¨ªa absoluta de 7 votos se procedi¨® a la segunda votaci¨®n. Para sorpresa general y frente a todos los pron¨®sticos, Casas obtuvo los siete votos y por primera vez una mujer alcanz¨® la presidencia del Tribunal Constitucional.

?Qu¨¦ hab¨ªa pasado? Uno de los magistrados conservadores, Jorge Rodr¨ªguez-Zapata, que hab¨ªa prometido su voto a Vicente Conde, hab¨ªa votado a Mar¨ªa Emilia Casas. Adem¨¢s, se hab¨ªa registrado un voto nulo, buscado a prop¨®sito en una papeleta que conten¨ªa tachaduras. Todos miraron a Roberto Garc¨ªa-Calvo.

En el tribunal, la ca¨ªda de Conde se atribuy¨® a una represalia en toda regla por no haber secundado la impugnaci¨®n del plan Ibarretxe.

Pero a partir de entonces, el voto de Vicente Conde empez¨® a acompa?ar a los del sector progresista en asuntos de inter¨¦s del PP. Conde fue ponente y vot¨® a favor de no tener que reformar la Constituci¨®n Espa?ola para adaptarla a la europea, (tres conservadores votaron en contra), o rechaz¨®, en el tr¨¢mite de admisi¨®n, que los jueces de registro civil pudiesen cuestionar la constitucionalidad del matrimonio homosexual (cuatro conservadores votaron a favor). Pero sobre todo, fue el "s¨¦ptimo voto" que inclin¨® la balanza en contra del recurso de amparo del PP contra la decisi¨®n de la Mesa del Congreso de tramitar el Estatuto de Catalu?a como reforma estatutaria.

Ese voto, sin embargo, fue el que confundi¨® a todo el sector progresista, que cre¨ªa contar con Vicente Conde cuando el PP present¨® el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catal¨¢n. Por el contrario, se encontraron con que Conde cambi¨® de bando y pas¨® a alinearse con el sector conservador, vot¨® a favor de la expulsi¨®n del recusado Pablo P¨¦rez Tremps del tribunal que debe juzgar el Estatuto catal¨¢n, dejando el tribunal en un 6 a 5 a favor de los conservadores, que quieren recortar el texto.

Tras la expulsi¨®n de P¨¦rez Tremps del debate del Estatuto catal¨¢n el pasado febrero, el grupo conservador se muestra unido y enardecido, en tanto que el desconcierto cunde en el sector que hasta ahora ha disfrutado de casi tres a?os de c¨®moda gobernabilidad en el Tribunal. Los conservadores tienen prisa: quieren la sentencia del Estatuto lo m¨¢s tarde para Navidad. En todo caso, antes de las elecciones de 2008.

Entretanto, se dan cuenta de que el mandato de Mar¨ªa Emilia Casas como presidenta concluye en junio de 2007, fecha en la que los conservadores pueden exigir el nombramiento de un nuevo presidente. Si el cargo recae en uno de ellos, no s¨®lo puede perderse el Estatuto catal¨¢n, sino buena parte de las normas m¨¢s significativas de la legislatura socialista: el Plan Hidrol¨®gico, el matrimonio homosexual, la violencia de g¨¦nero, las leyes de paridad... Todas las que ha ido impugnando el PP y que con un cambio en la presidencia del Constitucional quedar¨ªan al alcance de los mismos que urdieron la expulsi¨®n de un magistrado para derribar el Estatuto.

Desde el Gobierno, se impone blindar a la presidenta para lo cual, en una pol¨¦mica maniobra, se introduce en el Congreso una enmienda a la Ley Org¨¢nica del Tribunal (LOTC) que prorroga el mandato de la presidenta y el vicepresidente desde el momento que expiren sus mandatos hasta su renovaci¨®n (diciembre 2007). El PP monta en c¨®lera, pero antes de que pueda mover ficha, los dos magistrados m¨¢s derechistas del Tribunal, Roberto Garc¨ªa-Calvo y Jorge Rodr¨ªguez-Zapata, exigen la dimisi¨®n de la presidenta en una carta en la expresan su m¨¢s "profunda discrepancia" con la pr¨®rroga de su mandato. Sus compa?eros declinan respaldarles para no contaminarse.

A finales de julio, el PP recurre la pr¨®rroga de la presidencia y la participaci¨®n de las autonom¨ªas en los nombramientos de magistrados por el Senado. La presidenta Casas, y el vicepresidente Jim¨¦nez, presentan su abstenci¨®n y que el Pleno decida si deben participar o no en los debates.