El gran negocio de las alegaciones

Las cantidades de dinero que determinados profesionales, como abogados, arquitectos o aparejadores, est¨¢n reclamando a los propietarios de parcelas que necesitan alegar contra el nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Marbella (M¨¢laga) quitan el aliento. "Les llegar a pedir hasta 8.000 euros por hacer unos tr¨¢mites que no requieren gran esfuerzo, una vez que se conoce el procedimiento", explican expertos consultados. "Unos les timaron cuando compraron unas viviendas sin saber que eran ilegales y otros les tratar de estafar por segunda vez aprovech¨¢ndose de su miedo a cargar con la culpa", a?aden.

Los t¨¦cnicos de la Junta encargados de orientar a los ciudadanos que acuden al Palacio de Congresos a consultar el PGOU les aconsejan que no se dejen convencer ante presupuestos para alegaciones demasiado elevados. Algunas asociaciones vecinales ya han salido al paso reclamando al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andaluc¨ªa asistencia jur¨ªdica gratuita.

El plazo de alegaciones termina el pr¨®ximo 15 de octubre y los funcionarios auguran una avalancha de quejas para los ¨²ltimos d¨ªas. Desde agosto s¨®lo se han registrado 200, aunque fuentes municipales estiman que se superar¨¢n las 1.500.

El nuevo PGOU trata de poner orden a 15 a?os de descontrol urban¨ªstico en Marbella. Propone regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones. Se trata de que los promotores y constructores devuelvan las zonas verdes y de equipamiento escatimadas con sus promociones aportando terrenos que mejoren la calidad de vida en la ciudad. Los propietarios de estas viviendas temen que los empresarios traten de escurrir el bulto y sean ellos quienes tengan que pagar las cargas urban¨ªsticas.

Desde el pasado agosto, fecha en la que comenz¨® el periodo de alegaciones, varios profesionales conocidos por su vinculaci¨®n al Ayuntamiento han ofrecido sus servicios a los vecinos. El aparejador Antonio Bel¨®n, funcionario de Urbanismo en excedencia, ha repartido octavillas en las comunidades de propietarios ofreciendo sus servicios y el arquitecto Antonio Chac¨®n, antes vocal de la gestora propuesto por el PP, tambi¨¦n trabaja en ello. Al tiempo, Chac¨®n forma parte de un comit¨¦ asesor de la alcaldesa ?ngeles Mu?oz (PP) en temas urban¨ªsticos.

Esta semana, la agrupaci¨®n socialista ha solicitado al Ayuntamiento marbell¨ª informaci¨®n sobre la compatibilidad del trabajo de Chac¨®n. Los socialistas han pedido al secretario municipal que aclare si el ex vocal est¨¢ afectado por una prohibici¨®n de intervenir en asuntos relacionados con el Ayuntamiento durante dos a?os contados a partir del cese en su cargo en la Comisi¨®n Gestora. El arquitecto defiende su derecho a ejercer su profesi¨®n y subraya que su puesto en la Gestora no estaba vinculado al Urbanismo, por lo que no maneja informaci¨®n privilegiada. En el Ayuntamiento aseguran que sus consejos son "altruistas".

La urbanizaci¨®n Bello Horizonte es una de las m¨²ltiples comunidades afectadas por el sistema de compensaciones del nuevo planeamiento. Seg¨²n los vecinos, la promotora Macoda, constructora del conjunto residencial, se declar¨® en suspensi¨®n de pagos y no hizo entrega al Ayuntamiento de las parcelas de equipamiento que estaba obligada. Ahora el PGOU les exige que aporten estas zonas por sus medios. Se han informado sobre cu¨¢nto les costar¨¢ alegar contra esta situaci¨®n y el presupuesto -para el que dieron ofertas Bel¨®n y Chac¨®n- oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros. La derrama les llegar¨¢ a trav¨¦s de la cuota de la comunidad, pero los gastos pueden no quedarse ah¨ª.

El director de la oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Povedano, ha aconsejado a las comunidades de vecinos que se agrupen en plataformas de afectados para reclamar a los promotores que asuman sus responsabilidades. "Los empresarios tienen mecanismos para que estemos pleiteando hasta llegar a Estrasburgo, con lo cual se nos complica mucho el tema", mantiene Jos¨¦ Castillo, presidente de la Asociaci¨®n de vecinos Cristo de los Molinos. "La alcaldesa dijo que no iba a permitir que nos hicieran pagar los terrenos, pero lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es darnos cobertura jur¨ªdica gratuita para arremeter contra los promotores. Si no hicieron su trabajo de forma adecuada hace unos a?os, ahora tienen que hacerse responsables".

En la recta final del plazo permitido para presentar alegaciones hacen su agosto arquitectos, aparejadores o abogados en busca de afectados indecisos. Aunque no todo el gremio act¨²a de la misma forma. "Hemos recibido quejas de algunos arquitectos indignados por los comportamientos y las tarifas de sus colegas", se?alan desde la delegaci¨®n de Urbanismo. Los colectivos m¨¢s escasos de fondos han pedido asesoramiento a los grupos de la oposici¨®n, o utilizan como documento base alegaciones ya cursadas.