Constituci¨®n: ?sociedad limitada?

Un magn¨ªfico periodista y mejor amigo con el que me cruc¨¦ el pasado martes en el avi¨®n a Madrid, comparti¨® conmigo sus desasosiegos sobre la situaci¨®n del Tribunal Constitucional. Y sus temores y sus prevenciones eran ciertamente fundadas. No hay duda de que resulta muy preocupante lo que est¨¢ sucediendo con el Tribunal Constitucional. Y lo es sobre todo porque el descr¨¦dito que est¨¢ implicando la lucha descarnada en su interior sobre su composici¨®n, sobre las formas de renovaci¨®n, con vetos y acusaciones cruzadas entre sus miembros, est¨¢ simplemente destruyendo un significativo capital de autoridad y de credibilidad democr¨¢tica. Un capital de legitimidad que presidentes y vicepresidentes como Manuel Garc¨ªa Pelayo, Francisco Tom¨¢s y Valiente, Francisco Rubio Llorente, Luis L¨®pez Guerra, Pedro Cruz y Carles Viver Pi-Sunyer supieron conferirle, con una labor contenida de construcci¨®n de doctrina que supo ir ajustando el texto constitucional a los cambios sociales y pol¨ªticos que se fueron produciendo. Y lo hicieron a partir de los valores que cada uno profesaba, pero tambi¨¦n de la autonom¨ªa t¨¦cnica e institucional que su posici¨®n les exig¨ªa. En estos momentos, la situaci¨®n es tan an¨®mala que, como anticipaba mi amigo, se est¨¢ poniendo en peligro no s¨®lo el futuro de esa instituci¨®n, sino incluso el futuro de la propia Constituci¨®n.

La incomprensi¨®n ciudadana sobre el comportamiento de sus ¨¦lites puede arrastrarnos a¨²n m¨¢s en el descr¨¦dito general de la pol¨ªtica institucional.

?Como se ha llegado a esta situaci¨®n? Sin duda, las previsiones constitucionales sobre la composici¨®n del Alto Tribunal no fueron todo lo buenas que cabr¨ªa esperar. De hecho, el acuerdo reforzado al que han de llegar las c¨¢maras para nombrar a los miembros del tribunal deja en manos exclusivas de los dos grandes partidos su designaci¨®n. Y depende, por tanto, del momento pol¨ªtico que se atraviese que se llegue con mayor o menor facilidad a un acuerdo. De existir buen feeling, la cosa se produce con cierta facilidad y puede incluso que los partidos designen, como ha ocurrido, personas realmente muy significativas del panorama jur¨ªdico espa?ol. Pero si la situaci¨®n est¨¢ como ahora, no hay espacio para florituras acad¨¦micas y cada uno se enfrenta al otro a cara de perro, y el que sale perdiendo es el tribunal. Pero, incluso en el mejor de los casos, es evidente que la composici¨®n del tribunal es cosa de dos, de los dos partidos nacionales, agravado adem¨¢s por el hecho de que dos miembros del tribunal son nombrados por el Gobierno, lo que aumenta esta bipolaridad. Y los dos que son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial padecen de los mismos problemas que estamos comentando. No hay posibilidad alguna de que exista una v¨ªa por la que las sensibilidades territoriales, las visiones plurales de lo que es el pa¨ªs, puedan verse representadas en el tribunal. Si la ha habido, como me consta que ha sido, debe atribuirse a una coyuntura excepcional y totalmente epis¨®dica. Y entonces la Constituci¨®n acaba siendo vista como algo de propiedad limitada. Es cierto que en los momentos de la LOAPA el Alto Tribunal zanj¨® la cuesti¨®n, desairando en parte las pretensiones uniformizadoras surgidas de los acuerdos entre los dos grandes partidos en plena oleada posterior al 23 de febrero, pero esa prueba de autonom¨ªa fue fruto de una visi¨®n de autocontenci¨®n y de sentido institucional en el ejercicio de sus funciones que hoy resulta, lamentablemente, ins¨®lita.

Pero, al margen de ello, el otro gran elemento ahora en juego es la propia posibilidad, legal sin duda, pero pol¨ªticamente absurda, de que tras dos a?os de debate estatutario en Catalu?a, tras todo tipo de tensiones y equilibrios entre partidos e instituciones, tras la aprobaci¨®n por el Parlament de un texto y la laboriosa aprobaci¨®n en las Cortes, y tras un refer¨¦ndum que dejo exhaustos a muchos ciudadanos catalanes de buena fe, el Alto Tribunal, si logra salir del atolladero en el que est¨¢, pueda enmendarnos la plana a todos los que contribuimos a que el proceso culminara, con insatisfacciones y frustraciones varias, pero que al fin culminara. Y lo tiene que hacer respondiendo a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo (sic). Con mucha m¨¢s autoridad que yo, lo dec¨ªa as¨ª el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Javier P¨¦rez Royo en este mismo peri¨®dico: "La Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa son simult¨¢neamente documentos pol¨ªticos y normas jur¨ªdicas. Son el punto de llegada de un proceso pol¨ªtico, del pacto constituyente o estatuyente, y el punto de partida de un ordenamiento jur¨ªdico... El proceso de elaboraci¨®n de las reformas estatutarias del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n no es comparable con el que se sigue para la reforma de las dem¨¢s normas jur¨ªdicas sin excepci¨®n. La participaci¨®n de los ciudadanos en refer¨¦ndum lo convierte en algo cualitativamente distinto. Despu¨¦s de que los ciudadanos han manifestado directamente la voluntad general, no debe producirse control jurisdiccional". Lo que jur¨ªdicamente es posible, pol¨ªticamente es un disparate. Y la legalidad vac¨ªa de legitimidad es un artificio que acaba pereciendo.

Si tenemos un tribunal emponzo?ado en batallas y desaires cruzados, que est¨¢ atrapado en votar para saber qui¨¦n puede votar lo que no deber¨ªa votar, y tenemos un tribunal que no va salir airoso de ninguna manera de esta situaci¨®n, lo que deber¨ªamos ir pensando es qu¨¦ ocurre con el texto constitucional despu¨¦s de tantos zarandeos. Tal vez lo que est¨¢ ocurriendo es que, si no disponemos de un ¨®rgano que permita ir adecuando un texto (forzosamente r¨ªgido e interpretable al mismo tiempo) a los cambios y coyunturas por las que pasa el pa¨ªs y que nos permita ir acomod¨¢ndonos en esa tensi¨®n entre modelos territoriales de Espa?a que nos acompa?a desde hace tanto tiempo, ser¨ªa mejor empezar a pensar que tenemos que cambiar las reglas de juego y encontrar nuevas formas de arbitraje. Pujol y Maragall nos han advertido de lo que nos puede venir encima. Ser¨ªa bueno que todos estuvi¨¦ramos advertidos. La incomprensi¨®n ciudadana sobre el comportamiento de sus ¨¦lites puede arrastrarnos a¨²n m¨¢s en el descr¨¦dito general de la pol¨ªtica institucional.

Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la UAB.