Gran dependencia, gran retraso

La realidad suele desbordar las previsiones. Con los primeros pasos de la Ley de la Dependencia tambi¨¦n ha ocurrido. Desde abril, cuando se abri¨® el proceso, hasta el pasado 23 de octubre, 65.321 personas hab¨ªan solicitado ser evaluadas porque consideran que tienen derecho a ser declaradas grandes dependientes y recibir ayudas.

Son el doble de lo que calculaba el Libro Blanco de la Dependencia para Andaluc¨ªa: 34.000. Es una de las razones que puede contribuir a retrasar la aplicaci¨®n real de la nueva ley en Andaluc¨ªa, aunque los partidos de la oposici¨®n tambi¨¦n acusan a la Consejer¨ªa para la Igualdad y el Bienestar Social de no haber puesto en marcha los medios suficientes.

Hasta octubre, hab¨ªan sido valoradas 28.000 personas (el 43%). De ellas, 9.400 est¨¢n recibiendo alguna prestaci¨®n, seg¨²n la consejera Micaela Navarro. Pero no son nuevas prestaciones nacidas al amparo de la ley. Se trata de dependientes que ya se beneficiaban de alguna ayuda y que ahora se acogen al nuevo paraguas legal. La propia Navarro, en una comparecencia de febrero pasado ante el grupo de trabajo sobre dependencia creado en el Parlamento, se refer¨ªa a esto: "Puede que entre el 70% y el 80% de las personas con dependencia ya est¨¦n atendidas".

No todas las personas que solicitan ser valoradas ser¨¢n declaradas grandes dependientes, los ¨²nicos que se benefician de la nueva ley este a?o, pero la administraci¨®n est¨¢ obligada a examinar su solicitud. El plazo para ello, fijado legalmente, es de tres meses. Las quejas por este incumplimiento abundan. Algunas han llegado a los tribunales.

Tres familias malague?as con hijos con discapacidad denunciaron hace un mes ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa a la Consejer¨ªa por incumplir los plazos. Despu¨¦s de cuatro meses de espera, segu¨ªan sin ser baremados. Igualdad admiti¨® que no contaba con "suficiente personal" para valorar las peticiones, lo que alargaba el proceso.

La Junta ha contratado a 392 personas para realizar las valoraciones y ha financiado la contrataci¨®n de otras 536 personas para ayuntamientos y diputaciones. Pero son insuficientes. Micaela Navarro ha anunciado que el dispositivo se reforzar¨¢ con otros 200 contratos.

En el Parlamento, la oposici¨®n ha reprochado con dureza el retraso que acumula la aplicaci¨®n. "Los impresos necesarios [informe social, tr¨¢mite de consulta y programa individual de atenci¨®n] los han publicado hace dos d¨ªas en el BOJA", censur¨® la portavoz del PP, Esperanza O?a.El portavoz de IU, Jos¨¦ Cabrero, puso otro ejemplo: "Acaban de contratar, hace 10 d¨ªas, el programa inform¨¢tico que luego es el que va a desarrollar el Plan Individual de Atenci¨®n y todo lo que significan los servicios".

Sin darles la raz¨®n abiertamente, Micaela Navarro record¨® que "la puesta en marcha de cualquier sistema tiene sus complejidades" y que es "la m¨¢s interesada" en que se cumplan los plazos. "Pero si una solicitud llega a un ayuntamiento en mayo y la remiten a la delegaci¨®n en octubre, dif¨ªcilmente vamos a poder cumplir los plazos", rebati¨®.

La consejera asegur¨® que las prestaciones econ¨®micas se otorgar¨¢n en con car¨¢cter retroactivo. Para 2008, la Junta destinar¨¢ a pagar las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia 156 millones de euros, que absorben casi el 58% de todo lo presupuestado para los "servicios en materia de dependencia" para el pr¨®ximo ejercicio (270 millones).

El esfuerzo para aplicar la ley va a descansar m¨¢s en estas prestaciones que en la oferta residencial. En la actualidad hay 20.607 plazas en residencias para grandes dependientes, incluyendo p¨²blicas y concertadas. "Todo aquello que se pague con dinero p¨²blico, para m¨ª es p¨²blico".