Un general clavado al sill¨®n

Poder o Justicia. Desde hace ocho meses el general Pervez Musharraf libraba una guerra sin cuartel contra jueces, abogados y opositores que con la Constituci¨®n en la mano contestaban la legalidad de su reelecci¨®n. Convencido de que ¨¦l es el ¨²nico que puede salvar al pa¨ªs de caer en las garras de Al Qaeda y el extremismo isl¨¢mico, Musharraf hizo uso de sus galones y suspendi¨® ayer de un plumazo una Carta Magna que no se ajusta a su visi¨®n de c¨®mo debe gobernarse Pakist¨¢n y con ella a los legalistas del Tribunal Supremo que, con Iftijar Chaudry a la cabeza, se atrevieron a sugerir a principios de a?o que si Musharraf no abandonaba su uniforme no pod¨ªa presentarse a la reelecci¨®n como jefe de Estado.

El presidente cuenta ahora con 12 meses para ama?ar la Constituci¨®n El gran perdedor es el pueblo paquistan¨ª y sus ansias de democracia

Esos jueces -ocho de diez- ahora destituidos y bajo arresto domiciliario, deb¨ªan pronunciarse la pr¨®xima semana sobre si la candidatura del general a las presidenciales del pasado 6 de octubre era inconstitucional. Todo apunta a que el veredicto no ser¨ªa favorable a Musharraf, que habr¨ªa visto como los jueces le arrebataban unas elecciones ganadas por aplastante mayor¨ªa, ya que los votantes eran los diputados del partido creado por ¨¦l, la Liga Musulmana de Pakist¨¢n-Q (PML-Q), despu¨¦s de que la oposici¨®n abandonara la Asamblea Nacional y las cuatro asambleas provinciales.

Todos los intentos de Estados Unidos por lavar la cara de la dictadura paquistan¨ª resultaron nulos. Washington, que considera a Musharraf su mejor aliado asi¨¢tico en la lucha contra el terrorismo, trat¨® de evitar que el general recurriera a sus poderes castrenses para seguir gobernando e impulso un acuerdo entre el general y Benazir Bhutto, l¨ªder del Partido Popular del Pakist¨¢n (PPP), la principal fuerza opositora. El acuerdo para compartir el poder supon¨ªa que Musharraf retiraba los cargos por corrupci¨®n que Bhutto ten¨ªa pendientes y que el PPP no boicoteaba las elecciones presidenciales. Pero la ex primera ministra siempre insisti¨® en que Musharraf ten¨ªa que dejar el uniforme y modificar la Constituci¨®n de manera que el jefe de Gobierno pudiera tener un tercer mandato. Bhutto gobern¨® entre 1988 y 1990 y entre 1993 y 1996, de ah¨ª su exigencia de modificar la Carta Magna.

La creciente impopularidad del presidente convirti¨® en arenas movedizas cada uno de sus movimientos a lo largo de este a?o. Cercado por los jueces, la opini¨®n p¨²blica y la oposici¨®n, Musharraf se aferr¨® al uniforme como su tabla de salvaci¨®n y termin¨® por recurrir a un estado de excepci¨®n, que en realidad es una ley marcial, te?ida con los mismos tintes democr¨¢ticos con que ha disfrazado su regimen militar desde que dio el golpe contra el Gobierno de Nawaz Sharif en 1999.

Sharif es, sin duda, la china en el zapato de Musharraf, adem¨¢s de su mayor rival. El intento de Sharif de volver al pa¨ªs, el pasado 10 de septiembre, finaliz¨® con su inmediata deportaci¨®n a Arabia Saud¨ª. Sin embargo, tanto dentro como fuera de Pakist¨¢n hab¨ªan aumentado las presiones para que se le permitiera participar en las elecciones generales, ahora congeladas.

La declaraci¨®n del estado de emergencia supone que la actual Asamblea Nacional, cuyo periodo legislativo expiraba el pr¨®ximo d¨ªa 15, podr¨¢ prolongar su vigencia un a?o m¨¢s. Apoyado en sus lacayos de la PML-Q y despu¨¦s de haber colocado al frente del Tribunal Supremo a Abdul Hamid Dogar, un juez que le defiende de forma visceral, el general cuenta con un periodo de gracia de 12 meses para ama?ar la Constituci¨®n de 1973 a su antojo, como ya hizo el anterior dictador Mohamed Zia ul Haq (1977-1988).

Mientras, el gran perdedor de este nuevo juego militar es el pueblo paquistan¨ª y sus ansias de pacificar y democratizar el pa¨ªs. La mayor¨ªa de los paquistan¨ªes se encuentran en medio del extremismo isl¨¢mico y la violencia militar.