Costas sin cemento

Hay varias razones de fondo para defender el plan del Gobierno para recuperar el uso p¨²blico de las costas espa?olas, salvajemente urbanizadas -sobre todo la mediterr¨¢nea- durante d¨¦cadas hasta quedar asfixiadas por un cord¨®n de cemento. La m¨¢s importante es que la construcci¨®n desbocada en primera l¨ªnea de playa vulnera de forma flagrante la Ley de Costas y, por tanto, el car¨¢cter p¨²blico de la franja de litoral debe ser recuperado y, en adelante, respetado. Adem¨¢s, es ¨²til transmitir el mensaje de que existe la voluntad pol¨ªtica de combatir la especulaci¨®n salvaje perpetrada en muchas ocasiones con la colaboraci¨®n activa de los ayuntamientos y las comunidades aut¨®nomas y siempre con la vista gorda de los Gobiernos. Hay razones ecol¨®gicas, por supuesto, y en algunos casos de pura prudencia, como es el caso del riesgo que supone para las construcciones en la Manga del Mar Menor la subida esperada del nivel del mar.

Un plan tan ambicioso suscita evidentes temores de orden pr¨¢ctico. El Ministerio de Medio Ambiente se propone en un primer esfuerzo recuperar 770 kil¨®metros de costa por el procedimiento pol¨ªtico de un pacto con las comunidades aut¨®nomas, conocido como Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y con un coste estimado de 5.000 millones de euros, destinado a compensar la demolici¨®n de viviendas, chal¨¦s, hoteles, piscinas y otras modalidades de asfaltado costero. El ministerio no quiere recurrir a las expropiaciones, por motivos pr¨¢cticos. Pero debe ser consciente de que encontrar¨¢ grandes resistencias pol¨ªticas para consensuar este plan y probablemente muchas m¨¢s para aplicarlo. Ya se sabe que la playa es el atractivo tur¨ªstico principal de la mayor¨ªa de las zonas costeras, y alejar del mar las masas de ladrillo se interpretar¨¢ probablemente como un ataque a las rentas municipales. Adem¨¢s, existe el riesgo de que el Gobierno se enfangue en conflictos pol¨ªticos o legales con los ayuntamientos o autonom¨ªas m¨¢s reticentes a devolver la costa.

Pero la magnitud de los obst¨¢culos que se adivinan no justifica que se abandone el esfuerzo para dignificar las costas espa?olas. Hay que suponer que Medio Ambiente ha calculado bien las dificultades de la tarea y est¨¢ dispuesto a aplicar todos los medios legales para llevarla a buen puerto. Aunque es una decisi¨®n pragm¨¢tica y plausible descartar las expropiaciones -se evita as¨ª la animadversi¨®n generalizada contra la propuesta-, conviene tener a mano los recursos legales necesarios para imponer la ley. Porque, en ¨²ltimo extremo, indemnizar por construcciones que han ignorado la Ley de Costas equivale a transmitir el mensaje perverso de que el quebrantamiento de las leyes concede derechos a quienes la vulneran. Los interlocutores del Gobierno deben entender que si no se alcanza un acuerdo negociado sobre el plan, hay muchas razones para imponerlo por la fuerza de la ley.