El fiscal acusa de falsedad al general que intercambi¨® las identidades del Yak-42

Casi cuatro a?os y medio despu¨¦s de la mayor cat¨¢strofe de la historia del Ej¨¦rcito espa?ol en tiempos de paz -el accidente del Yakovlev-42, en el que fallecieron en Trabzon (Turqu¨ªa) 62 militares que regresaban de Afganist¨¢n en mayo de 2003- la tortuosa investigaci¨®n judicial parece encaminarse a su fin.

El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos ha preparado un escrito en el que acusa al general de Sanidad Vicente Navarro, y a los dos oficiales m¨¦dicos que le apoyaron en la identificaci¨®n de los cad¨¢veres, de un delito de falsedad, que el C¨®digo Penal castiga con penas de entre tres y seis a?os de prisi¨®n.

El escrito, dirigido al juez central de instrucci¨®n n¨²mero 3, Fernando Grande-Marlaska, considera probado que s¨®lo 32 cuerpos fueron identificados en el dep¨®sito de cad¨¢veres instalado en Turqu¨ªa a partir de sus signos externos (restos de uniformes, documentos, etc.), mientras que las dem¨¢s identidades las asign¨® aleatoriamente el general Navarro, comisionado personalmente por el entonces ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, del PP.

Todos err¨®neos

La asignaci¨®n de identidades no s¨®lo fue aleatoria sino que err¨® en todos los casos, por lo que 30 cad¨¢veres se entregaron a familias que no eran las suyas y fueron enterrados o incinerados, en contra de los deseos de sus verdaderos parientes, con nombres que no les correspond¨ªan. Las identidades err¨®neas se reflejaron en los certificados de defunci¨®n y en los informes de las necropsias, lo que constituye falsedad de documento p¨²blico.

El escrito de acusaci¨®n -equivalente a la petici¨®n de procesamiento- se dirige contra el general de divisi¨®n en la reserva Vicente Navarro Ruiz, el comandante Jos¨¦ Ram¨ªrez Garc¨ªa y el capit¨¢n Miguel S¨¢ez Garc¨ªa. En cambio, el fiscal no acusa al teniente general en la reserva Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n, que encabezaba la delegaci¨®n que Trillo envi¨® a Turqu¨ªa y declar¨® como imputado en la Audiencia Nacional en noviembre de 2004, por considerar que no intervino en la identificaci¨®n de cad¨¢veres.

La cuesti¨®n a la que no responde el escrito del fiscal es por qu¨¦ el Gobierno del PP tuvo tanta prisa en enterrar a las v¨ªctimas. El accidente del Yak-42 se produjo en la madrugada del 26 de mayo y el funeral de Estado, con presencia de los Reyes y en la base de Torrej¨®n de Ardoz (Madrid), tuvo lugar en la tarde del 28. Toda la investigaci¨®n forense se hizo en apenas 24 horas. La Guardia Civil prepar¨® un equipo de especialistas en identificaci¨®n de cad¨¢veres para viajar a Turqu¨ªa y algunas familias fueron avisadas para tomarles muestras de ADN, pero el Ministerio de Defensa orden¨® que no acudieran alegando que "no era necesario", porque los cuerpos se encontraban en buen estado y era f¨¢cil identificarlos. En sus declaraciones ante el juzgado, Navarro y sus dos ayudantes alegaron lo contrario: que los cad¨¢veres se estaban descomponiendo y hab¨ªa bolsas con pedazos.

El escrito del fiscal supone que da por agotada la instrucci¨®n y debe abordarse la apertura de la vista oral. Pide que las diligencias previas se eleven a procedimiento abreviado, equivalente al sumario en los delitos con pena inferior a nueve a?os, y se dirija contra los acusados.

El proceso por falsedad no es el ¨²nico que se sigue por el Yak-42. El pasado 1 de junio, el juez Grande-Marlaska decidi¨® archivar el caso por la contrataci¨®n del avi¨®n ucraniano, con el argumento de que el Ministerio de Defensa no ten¨ªa obligaci¨®n de verificar la falta de preparaci¨®n o descanso de la tripulaci¨®n, factores que la comisi¨®n internacional de investigaci¨®n consider¨® decisivos para el error humano que llev¨® al siniestro.

La decisi¨®n de Grande-Marlaska a¨²n no es firme, ya que las familias de las v¨ªctimas han presentado recurso de apelaci¨®n, pero en este caso la Fiscal¨ªa ha dado por bueno el archivo.

Adem¨¢s, en Zaragoza se sigue el procedimiento civil contra las compa?¨ªas contratistas del avi¨®n. El pasado 11 de octubre, la Audiencia Provincial decidi¨® anular el juicio celebrado en enero de 2006 en el que la compa?¨ªa a¨¦rea UM Air, la aseguradora Bussin Joint-Stock y la intermediaria Chapman Freeborn fueron condenadas a indemnizar con un total de 10 millones de euros a las familias de las v¨ªctimas. La nulidad se bas¨® en un defecto formal en el emplazamiento a la firma intermediaria.