Cada vez m¨¢s hijos del Estado

El Estado act¨²a crecientemente para quitar la tutela a los padres de ni?os en desamparo. Pero su actuaci¨®n, que alcanza a 85 ni?os de cada 100.000 en Espa?a -en 1997 eran 61,8-, arroja a veces situaciones discutibles y est¨¢ sometida a muchas cr¨ªticas por no favorecer la prevenci¨®n.

Yeray no lo sabe pero, a d¨ªa de hoy, es hijo del Estado. No son sus padres quienes se ocupan de cambiarle pa?ales, alimentarle o vacunarle, sino las enfermeras del hospital sevillano de Valme, donde naci¨® con un s¨ªndrome de abstinencia legado por su madre, que empez¨® a combatir la toxicoman¨ªa con metadona durante su reclusi¨®n por un atraco. Abuelos, t¨ªos o primos tampoco pueden visitarle: el contacto familiar ha sido prohibido por el Servicio de Menores de la Junta de Andaluc¨ªa tras declarar al reci¨¦n nacido en desamparo. Cuando reciba el alta m¨¦dica, ir¨¢ a un centro de protecci¨®n, donde permanecer¨¢ por un tiempo indefinido hasta que la Administraci¨®n decida si este beb¨¦ de apenas dos meses ser¨¢ cuidado por parientes o acogedores an¨®nimos.

"?Tienen una bola de cristal para saber lo que voy a hacer?", se queja la madre

Es "politoxic¨®mana", "agresiva y manipuladora", dice la Administraci¨®n

La labor preventiva ahorrar¨ªa dr¨¢sticas retiradas de ni?os, dicen los expertos.

Con la reclusa es m¨¢s f¨¢cil actuar que con familias de ingresos altos

Adicci¨®n a drigas y problemas mentales est¨¢n detr¨¢s de muchos abandonos

Se est¨¢n empezando a poner en marcha equipos de tratamiento militar

En Espa?a hay 27.000 menores en el sistema de protecci¨®n, construido para tutelar a ni?os abandonados, desatendidos o maltratados por su familia. A pesar de que su universo demogr¨¢fico decrece (los menores de 17 a?os eran el 19% en 1998 y ahora son el 17%), los expedientes de tutela aumentan. A esto contribuyen tambi¨¦n los menores extranjeros no acompa?ados que deben ser tutelados si carecen de allegados en Espa?a (las reagrupaciones familiares en el exterior son m¨ªnimas).

Yeray es una incorporaci¨®n reciente al sistema. Infrecuente. Se dir¨ªa que su destino est¨¢ en manos del Estado desde antes de nacer. Sus padres, Antonia F. P. y Rafael B. G., se conocieron durante una obra de teatro en la prisi¨®n. Se casaron en un permiso penitenciario. Y Yeray se gest¨® durante un vis a vis. A Rafael le trasladaron, con custodia policial, desde la prisi¨®n de C¨®rdoba hasta el hospital sevillano para que pudiera conocer a su hijo. Antonia, tras recuperarse del parto, regres¨® a la prisi¨®n de Alcal¨¢ de Guadaira (Sevilla), que cuenta con una unidad mod¨¦lica para madres presas. Volvi¨® destrozada, sola, sin beb¨¦.

"Es politoxic¨®mana de larga duraci¨®n", "no ha mostrado ning¨²n inter¨¦s real por mejorar sus aptitudes parentales", "es agresiva y manipuladora, con una grave trayectoria delictiva y disciplinaria", "incapaz de atender las m¨¢s m¨ªnimas necesidades de sus dos hijos anteriores", dice la Administraci¨®n en la resoluci¨®n que decreta el desamparo provisional del peque?o.

Antonia no se resigna y batallar¨¢ por la tutela en el juzgado. Desde la c¨¢rcel, en una conversaci¨®n telef¨®nica, se atropella para intentar contarlo todo. Es cierto que tiene un largo historial de consumo de drogas, que ha atracado y que se ha despreocupado de sus dos hijos anteriores, uno de ellos dado en adopci¨®n y el otro criado por su padre. Pero defiende su derecho a "una oportunidad". "?Es que tienen una bola de cristal para saber lo que voy a hacer?", cuestiona.

No. Pero la Administraci¨®n considera que, dados los antecedentes y el entorno, debe intervenir ante "la vulnerabilidad" de Yeray. "La clave para actuar es la protecci¨®n del menor", expone Jos¨¦ Luis Calvo, portavoz de Prodeni, asociaci¨®n de defensa de los ni?os. "Incluso en situaciones peligrosas, los padres suelen reclamar a sus hijos porque tienen una sensaci¨®n de propiedad sobre ellos. Es un criterio sobrepasado, el ni?o es una persona aut¨®noma de la madre, jur¨ªdicamente hablando", tercia.

Al sistema de protecci¨®n de las autonom¨ªas -es una competencia totalmente descentralizada- van a parar las v¨ªctimas de graves delitos (abusos sexuales o maltrato familiar) y quienes sufren situaciones de abandono menos extremo. Y tambi¨¦n los que, como Yeray, son considerados en riesgo de padecerlo. El 70% desembarca en el sistema por negligencia y desatenci¨®n.

La labor preventiva con las familias ahorrar¨ªa dr¨¢sticas retiradas de ni?os. Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. "El trabajo con la familia biol¨®gica es el gran d¨¦ficit que hemos tenido, lo sensato es poner medios para atajar la situaci¨®n y ver si es recuperable", sostiene Marino Villa, adjunto a la S¨ªndica de Greuges -la defensora ciudadana- de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema. "Como el inter¨¦s del menor es el bien supremo, aparto al ni?o de las brasas y entonces ya no encuentro raz¨®n para averiguar por qu¨¦ existen las brasas", critica. Villa sintetiza sus tres grandes preocupaciones: la prevenci¨®n, la atenci¨®n a las familias y la vuelta a casa "siempre que sea posible".

"La ley prev¨¦ expedientes de desamparo y expedientes de riesgo. De estos no conozco ninguno, siempre se acude a la cirug¨ªa desesperada del desamparo, que es menos caro que trabajar con la familia en una situaci¨®n de riesgo", se queja Jos¨¦ Antonio Bosch, el abogado que ahora defiende a Antonia y que antes represent¨® a otras madres biol¨®gicas de Sevilla a las que la Junta hab¨ªa retirado sus hijos.

"La inversi¨®n social es el caballo de batalla y lo que lleva a algunos a afirmar que se quitan s¨®lo los ni?os a los pobres. Con la reclusa es m¨¢s f¨¢cil actuar que con familias de ingresos altos", abunda el portavoz de la asociaci¨®n Prodeni, Jos¨¦ Luis Calvo. "La institucionalizaci¨®n de la protecci¨®n del menor y los recursos para sus familias se han desarrollado a diferente velocidad", a?ade.

La prevenci¨®n requiere fondos. Y el trabajo con las familias para desterrar factores de riesgo, tambi¨¦n. "Los presupuestos en servicios sociales suelen ser exiguos, aunque parece que la concienciaci¨®n se est¨¢ despertando poco a poco", afirma Miguel ?ngel Ruiz, profesor de Metodolog¨ªa de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Aut¨®noma de Madrid y coautor de un proyecto sobre infancia y adolescencia para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. "No todas las comunidades aut¨®nomas proporcionan el mismo nivel de pol¨ªticas y servicios sociales para los grupos m¨¢s marginados de la poblaci¨®n, en particular familias pobres, familias monoparentales, as¨ª como para ni?os gitanos y ni?os de familias inmigrantes", censuraba a Espa?a, en 2002, el Comit¨¦ de Derechos del Ni?o de la ONU.

"La pobreza no es el problema", dice taxativo el catedr¨¢tico de Psicolog¨ªa Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jes¨²s Palacios. "De cada 10 ni?os en protecci¨®n, siete est¨¢n por negligencia, son los menores que pueden quedarse solos cuatro d¨ªas, que est¨¢n desnutridos, a veces sus padres ni siquiera son muy conscientes por sus propios problemas de salud mental o de adicci¨®n". Remacha: "La combinaci¨®n de adicciones y problemas mentales suele ser fatal".

Palacios cree que se est¨¢ reforzando la prevenci¨®n y pone el ejemplo de Andaluc¨ªa, donde se han creado equipos de tratamiento familiar que no exist¨ªan hace una d¨¦cada: "Es un progreso importante que permite hacer una evaluaci¨®n m¨¢s segura. Hay una dificultad de origen, los profesionales hacen pron¨®sticos basados en las evidencias que a veces se cumplen y a veces no".

Aunque los errores sean m¨ªnimos, su impacto es infinito en la vida de los afectados. El abuso del acogimiento preadoptivo y la indiferencia ante el contexto de la familia biol¨®gica est¨¢ detr¨¢s de casos espeluznantes como el de Carmen Fern¨¢ndez, que perdi¨® la tutela de sus dos hijos en 1996 debido a su alcoholismo. Los ni?os fueron entregados a una familia con fines adoptivos cuando a¨²n no hab¨ªa transcurrido un a?o de la retirada y a pesar de que la rehabilitaci¨®n de la madre marchaba a buen ritmo. No tuvo segunda oportunidad. La mujer litig¨® en los tribunales durante a?os hasta que le dieron la raz¨®n. Su victoria fue tambi¨¦n una derrota. Hab¨ªa pasado tanto tiempo que la Audiencia de Sevilla admiti¨® que era imposible la reunificaci¨®n familiar. A cambio, conden¨® a la Junta de Andaluc¨ªa a indemnizar a la madre con 1,7 millones de euros por la "privaci¨®n ileg¨ªtima" de sus hijos. Han pasado 11 a?os y a¨²n falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de la Junta.

Pero las pol¨ªticas parecen ir cambiando. "Antes se tomaban decisiones demasiado dr¨¢sticas demasiado pronto, pero los movimientos de madres biol¨®gicas han asustado al sistema y ahora les cuesta mucho tomar una decisi¨®n de separaci¨®n por miedo a que se organice el foll¨®n", asevera el catedr¨¢tico de la Universidad de Sevilla Jes¨²s Palacios. "Lo m¨¢s importante es para qu¨¦ se interviene y si conseguimos compensar los d¨¦ficits. ?Cu¨¢ntos menores institucionalizados hacen estudios universitarios? El d¨¦ficit es tambi¨¦n el proyecto de salida", completa el adjunto al defensor del cuidadano de Barcelona Marino Villa.

El proyecto de salida de Yeray est¨¢ en fase de dise?o. Su madre se ha opuesto en los tribunales al desamparo. Ning¨²n familiar puede verle. Unos t¨ªos se han postulado como acogedores. Hace pocos d¨ªas, Soledad, la abuela de la ni?a, recibi¨® la visita de t¨¦cnicos de protecci¨®n que eval¨²an el entorno familiar. "Se sorprendieron por la casa", cuenta Soledad en un sal¨®n repleto de fotos de bodas, comuniones y celebraciones. El ¨²ltimo retrato incorporado a la galer¨ªa es el de Yeray. El duod¨¦cimo nieto de Soledad. Uno de los 27.000 hijos que tiene el Estado.