Encarcelado un funcionario que ya fue acusado por corrupci¨®n en 2004

El Guateque contin¨²a. Y con fuertes reminiscencias del pasado. El juez decret¨® ayer el ingreso en prisi¨®n sin fianza del funcionario jubilado, adscrito a la Gerencia de Urbanismo, Carmelo Garc¨ªa S¨¢nchez. Se le acusa de presuntos delitos de prevaricaci¨®n, cohecho y tr¨¢fico de influencias para la agilizaci¨®n del tr¨¢mite de licencias de locales comerciales y de ocio. Algo de lo que ya se le hab¨ªa acusado a?os atr¨¢s. Entonces fue absuelto.

El empleado del Ayuntamiento no fue condenado por falta de pruebas

El trabajabor municipal ocup¨® la m¨¢xima categor¨ªa en la escala laboral

Aguirre no ve claro el plan de Gallard¨®n de privatizar la gesti¨®n de licencias

Carmelo Garc¨ªa S¨¢nchez se sent¨® en el banquillo en 2004 por haber participado en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de sus locales. El fiscal le acus¨® entonces, junto a otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, de mediar a cambio de 12.000 euros para que el propietario de la sauna gay Para¨ªso obtuviera su licencia de funcionamiento. Carmelo Garc¨ªa fue absuelto, por falta de pruebas, del delito de tr¨¢fico de influencias por el que hab¨ªa sido imputado.

Seg¨²n el relato de los hechos que elabor¨® el fiscal del caso, la Polic¨ªa Municipal irrumpi¨® en mayo de 1995 en la sauna gay Para¨ªso. Los agentes anotaron los nombres de todos los clientes y precintaron el establecimiento, que estaba a la espera de recibir la licencia de apertura. El propietario de la sauna no daba cr¨¦dito. Como denunci¨® luego ante el juez, a comienzos de ese a?o hab¨ªa pagado grandes sumas de dinero a funcionarios para que acelerasen el tr¨¢mite de su licencia e impidiesen el cierre de otro local que pose¨ªa. El soborno que acredit¨® para denunciar a los funcionarios le cost¨® caro. El juez, a ¨¦l s¨ª, lo conden¨® a seis meses de c¨¢rcel.

Seg¨²n la versi¨®n del fiscal, Garc¨ªa S¨¢nchez se ofreci¨® en 1995 al due?o de la sala, Francisco Herrero, para mediar ante el Consistorio con el fin de resolver los problemas que el primero ten¨ªa con las autoridades municipales por la obtenci¨®n de la licencia de apertura de la sauna.

A cambio de ello, Carmelo Garc¨ªa exigi¨® el cobro de 3.000 euros en efectivo y posteriormente la misma cantidad trimestralmente. El dinero se lo tendr¨ªa que entregar mediante un cheque a un ingeniero que certificaba la validez del proyecto.

Tanto Garc¨ªa como el resto de funcionarios implicados negaron que nunca hubieran cobrado dinero por acelerar licencias de apertura.

Seg¨²n la versi¨®n que difundi¨® ayer el Ayuntamiento, Garc¨ªa S¨¢nchez entr¨® a trabajar en la Junta de Retiro en junio de 1959 y se jubil¨® en 2004. El mismo a?o en que se celebr¨® el juicio. En su ¨²ltima etapa laboral fue "relegado" al registro de la Gerencia de Urbanismo.

Fuentes municipales confirmaron que Garc¨ªa S¨¢nchez ha sido imputado como particular. Seg¨²n los consultados, habr¨ªa participado en la trama vali¨¦ndose de los contactos y la experiencia atesorada durante su etapa como empleado municipal.

Como resultado del juicio celebrado en 2004 fue condenado el funcionario municipal Juan Bautista Beltra Romero Sancho a seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n y a una multa de 6.310 euros. Tambi¨¦n fue condenado el due?o de la sauna, Francisco Herrero, a seis meses de c¨¢rcel por el delito de soborno. Los otros dos t¨¦cnicos municipales, Jer¨®nimo Pablo Mart¨ªnez Fuentes y Roberto Mart¨ªnez Guindal, fueron absueltos, informa Jos¨¦ Antonio Hern¨¢ndez.

Uno de los cabecillas de la supuesta trama de corrupci¨®n en el Ayuntamiento de Madrid, Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez de Castro, fue destituido de su cargo de director de servicio de una de las ¨¢reas de la Concejal¨ªa de Medio Ambiente en 2003. Adem¨¢s, fue degradado dos categor¨ªas profesionales, pas¨® del 30 -la m¨¢xima en el cuerpo de funcionarios- al 28. Fuentes municipales revelan que la destituci¨®n se produjo porque el puesto que ocupaba Fern¨¢ndez de Castro "exige una dedicaci¨®n especial y este funcionario no la cumpl¨ªa". Las mismas fuentes explican que el cargo que ocupaba no era de confianza, "sino de m¨¢xima categor¨ªa profesional". Por eso se le tuvo que reubicar dentro del Ayuntamiento en una funci¨®n acorde con su nueva categor¨ªa.

Fern¨¢ndez de Castro es un funcionario con mucha experiencia en el Ayuntamiento. Entr¨® en la funci¨®n p¨²blica municipal en 1968, cuando Carlos Arias Navarro era alcalde de Madrid. "Ahora est¨¢ a punto de jubilarse", se?ala un responsable municipal. El funcionario lleg¨® a ocupar la subdirecci¨®n general del servicio de Limpieza cuando Alberto L¨®pez-Viejo era concejal de Limpieza, entre 1999 y 2003. Ahora L¨®pez-Viejo es consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, nombrado por la presidenta regional Esperanza Aguirre. En esa misma ¨¦poca Fern¨¢ndez de Castro coincidi¨® en el Ayuntamiento con Aguirre, que era edil de Medio Ambiente.

Este funcionario encarcelado ocupa actualmente la jefatura de Evaluaci¨®n Ambiental de la Concejal¨ªa de Medio Ambiente. Desde su puesto controlaba los locales que incumpl¨ªan la normativa de ruidos. Y se encargaba de tramitar los asuntos relacionados con la insonorizaci¨®n y climatizaci¨®n de los bares. Fern¨¢ndez de Castro es administrador conjunto de una empresa. La sociedad El Almirez Turismo Rural, se dedica a la promoci¨®n inmobiliaria y a la ejecuci¨®n de obras, as¨ª como a la gesti¨®n de alojamientos rurales.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid no han podido precisar si los imputados que fueron detenidos la semana pasada por su supuesta implicaci¨®n en el caso y que fueron puestos en libertad el pasado domingo se incorporaron ayer a sus puestos de trabajo. Un responsable municipal explic¨® ayer que no pueden suspenderlos de empleo y sueldo por la presunci¨®n de inocencia.

Por otra parte, el pasado lunes la Guard¨ªa Civil registr¨® las dependencias de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de distrito de Tetu¨¢n, seg¨²n informa Jorge A. Rodr¨ªguez. Ayer imputaron a un arquitecto t¨¦cnico de la junta de Tetu¨¢n. Adem¨¢s, agentes del cuerpo armado interrogaron ayer a diez de los 14 nuevos imputados que se sumaron al proceso el pasado lunes. Entre las personas que declararon ayer ante la Guardia Civil se encuentra Mariano Garc¨ªa Bachiller, citado en calidad de testigo, no como imputado. La Operaci¨®n Guateque arranc¨® el pasado mi¨¦rcoles, tras cinco meses de investigaci¨®n y una decena de tel¨¦fonos de funcionarios pinchados. Ese d¨ªa, agentes de la Guard¨ªa Civil registraron las dependencias de la concejal¨ªa de Urbanismo. Desde entonces han sido imputados 17 personas, la mayor¨ªa funcionarios municipales. El juez que instruye el caso, Santiago Torres, investiga adem¨¢s a otras 14 personas por su presunta relaci¨®n con la red de cobro ilegal de comisiones.

Desde comienzo del caso el magistrado ha enviado a seis personas a prisi¨®n acusados de los delitos de prevaricaci¨®n, cohecho y tr¨¢fico de influencia. Entre los encarcelados se encuentran tres funcionarios, Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez de Castro, jefe del departamento de Evaluaci¨®n Ambiental de Medio Ambiente; Victorino Ceballos, jefe de divisi¨®n de impacto ambiental de Medio Ambiente; Carmen Eulalia Ib¨¢?ez Mart¨ªnez, asesora t¨¦cnica del mismo departamento. Tambi¨¦n han sido enviados a la c¨¢rcel dos personas vinculadas con estudios de arquitecturas que supuestamente hac¨ªan de intermediarias: Santiago Castillo Morales y Antonio S¨¢nz Escribano. Ayer, el juez que instruye el caso orden¨® enviar a prisi¨®n a Carmelo Garc¨ªa S¨¢nchez, ex funcionario de Urbanismo.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, indic¨® que no ve "clara la propuesta de Gallard¨®n de privatizar la concesi¨®n de licencias administrativas", a ra¨ªz del caso Guateque. Y achac¨® la aparici¨®n de la trama a la normativa "decimon¨®nica" que existe en Espa?a.