El fiscal peruano pide 30 a?os de prisi¨®n para Fujimori
El ex presidente debe responder por 25 homicidios y dos secuestros en 1991 y 1992
Alberto Fujimori, presidente de Per¨² entre 1990 y 2000, compareci¨® ayer por primera vez en p¨²blico ante un tribunal peruano. La sala penal especial presidida por el vocal supremo C¨¦sar San Mart¨ªn dio inicio al juicio por los 25 asesinatos en la universidad lime?a de La Cantuta y la zona de los Barrios Altos, ocurridos en 1991, y por dos casos de secuestro acontecidos durante el golpe de Estado que dio en 1992.
La fiscal¨ªa considera que Fujimori dio la orden de estos cr¨ªmenes y pide 30 a?os de prisi¨®n. "A ra¨ªz de mi gobierno se respetaron los derechos humanos de 25 millones de peruanos", replic¨®, exaltado, el ex presidente.
El acusado sufri¨® una crisis de hipertensi¨®n y se suspendi¨® la sesi¨®n
A media ma?ana, Fujimori ingres¨® en la sala de audiencias construida especialmente para juzgarlo dentro de la Direcci¨®n de Operaciones Especiales de la polic¨ªa (DIROES), y ocup¨® una peque?a mesa frente a los jueces. Detr¨¢s del vidrio de seguridad se ubicaron tres de sus cuatro hijos y varios parlamentarios de su partido, que logr¨® 13 esca?os en las elecciones generales de 2006. Uno de ellos era su primog¨¦nita, Keiko Sof¨ªa, la congresista m¨¢s votada en dichos comicios.
Es la primera vez que se presenta p¨²blicamente desde que fue extraditado de Chile, el 22 de septiembre de 2007. Portaba un malet¨ªn, un bol¨ªgrafo y un cuaderno de apuntes. No dej¨® de tomar notas. Su mostr¨® impasible hasta que el tribunal le dio la oportunidad de hablar, despu¨¦s de que el fiscal Jos¨¦ Pel¨¢ez ratificara su acusaci¨®n y pidiera 30 a?os de c¨¢rcel para ¨¦l. Entonces, Fujimori alz¨® la voz y se mostr¨® col¨¦rico como pocas veces se lo hab¨ªa visto. Alab¨® su etapa de gobierno y rechaz¨® los cargos. "Si hubo hechos execrables, los condeno, pero no fueron por orden de quien habla", declar¨®. Despu¨¦s, sufri¨® una crisis de hipertensi¨®n que oblig¨® a suspender la sesi¨®n.
A su lado se sentaron familiares de las v¨ªctimas de las matanzas cometidas por el Grupo Colina, un destacamento paramilitar del Ej¨¦rcito peruano formado en los noventa para una "guerra sucia" contra presuntos miembros de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario T¨²pac Amaru.
Varios ex militares, miembros de dicho destacamento, forman parte del contingente de testigos que desfilar¨¢ por la sala. Tambi¨¦n altos mandos militares de la ¨¦poca y Vladimiro Montesinos Torres, el ex asesor presidencial que manej¨® los hilos de la siniestra red de espionaje fujimorista, recluido desde 2001 en la prisi¨®n de la Base Naval del Callao. Durante a?os, Fujimori ha dicho que no ten¨ªa conocimiento de la existencia del Grupo Colina ni de sus actos criminales.
Tampoco ha asumido responsabilidad alguna por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, comprendidos en el caso s¨®tanos del Servicio de Inteligencia del Ej¨¦rcito, por el lugar donde fueron recluidos durante d¨ªas. Sin embargo, varios miembros del Grupo Colina han declarado en procesos e investigaciones period¨ªsticas que sus ¨®rdenes llegaban directamente del alto mando del Ej¨¦rcito y del presidente.
Tambi¨¦n se cita como prueba de que Fujimori sab¨ªa de la existencia del Grupo Colina una distinci¨®n que dio a sus miembros y la amnist¨ªa que les otorg¨® despu¨¦s de que se descubrieran sus cr¨ªmenes y fueran sentenciados, en 1995. "Se va a demostrar que lo que hubo durante el gobierno de Fujimori fue una sistem¨¢tica pol¨ªtica de violaci¨®n de derechos humanos", coment¨® Ronald Gamarra, abogado de los familiares de algunas v¨ªctimas.
El proceso que arranc¨® ayer se calcula que durar¨¢ por lo menos hasta julio del pr¨®ximo a?o. Es un proceso pol¨¦mico porque Fujimori sigue siendo teniendo simpatizantes en Per¨². Algunos cientos se apostaron ayer en las inmediaciones de la puerta de ingreso de la DIROES para pedir la liberaci¨®n de su l¨ªder. Frente a los fujimoristas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos se han movilizado para exigir que todo el peso de la ley caiga sobre el ex presidente.
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