De la Rosa, a?o XIII

El juicio por la descapitalizaci¨®n de Grand Tibidabo, uno de los casos que mejor encarn¨® los prodigiosos a?os del pelotazo, ha quedado pr¨¢cticamente ventilado esta semana, 13 a?os despu¨¦s de destaparse. La Audiencia de Barcelona no anunciar¨¢ hasta enero si sienta en el banquillo a Javier de la Rosa y a otras cinco personas, pero, en el peor de los casos para ellos, s¨®lo se les juzgar¨¢ por delito fiscal. Y tiene muchas posibilidades de acabar absueltos.

La sociedad adeuda a Hacienda m¨¢s de 24 millones por diversos impuestos

La defensa cree que hab¨ªa causas de nulidad, pero prefiri¨® el acuerdo

Tambi¨¦n se les acusa de apropiaci¨®n indebida, pero lo reconocer¨¢n cuando se reanude la vista, el 14 de enero, y al tribunal no le quedar¨¢ m¨¢s remedio que dictar una sentencia de conformidad. Es la consecuencia del acuerdo extrajudicial entre todas las partes y que conllevar¨¢ una pena de tres a?os de c¨¢rcel para Jotaerre por apropiarse de 68 millones de euros entre 1991 y 1994 en diversas operaciones de ingenier¨ªa financiera. En el caso de Juan Cruells, Ramon Fiter, Arturo Pi?ana, Florencio Cerd¨¤ y Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, la pena ser¨¢ de un a?o prisi¨®n.

La justicia no entiende de silogismos, pero es inevitable comparar esa condena con las que se imponen a diario en Espa?a. Si se recuerda, adem¨¢s, que 10.000 peque?os accionistas perdieron los ahorros de su vida y que todav¨ªa no han cobrado, la pena a¨²n parece m¨¢s blanda.

"Es verdad que para este viaje no hac¨ªan falta alforjas. A nosotros no nos satisface el pacto, pero creemos que es un mal menor", explica Miquel Masramon, el abogado que defiende a m¨¢s de 200 perjudicados. "Con o sin juicio, lo importante es que los accionistas cobren alg¨²n d¨ªa y hay que admitir que el proceso penal no es la mejor v¨ªa". Masramon entiende que cuando la sentencia penal adquiera firmeza ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil acudir a la v¨ªa civil y seguir batallando en otros procedimientos para que los accionistas cobren.

Uno de esos procesos pendientes es la tramitaci¨®n de la quiebra que present¨® Grand Tibidabo en 2004, con 30,38 millones de euros de deuda. De ellos, 24,1 millones eran deudas contra¨ªdas con la Agencia Tributaria por diversos per¨ªodos e impuestos, principalmente de sociedades. Hace ahora tres a?os, se present¨® a la junta de accionistas un convenio para liquidar la empresa, pero la Agencia Tributaria se opuso y el proceso sigue vivo.

La deuda de Grand Tibidabo con Hacienda explica la rotunda negativa del Abogado del Estado a retirar su acusaci¨®n por delito fiscal contra De la Rosa, Cruells, Pi?ana y Carolina Malagelada. Para los dos primeros solicita cuatro a?os de c¨¢rcel y para los restantes, dos a?os y dos meses, adem¨¢s de una indemnizaci¨®n conjunta de 1,62 millones de euros. Esa es la cantidad que, seg¨²n la Abogac¨ªa del Estado defraudaron a Hacienda Grand Tibidabo y las sociedades instrumentales utilizadas en las operaciones de ingenier¨ªa financiera.

Diversas fuentes judiciales han explicado que si la Abogac¨ªa del Estado se sumase al pacto extrajudicial y renunciase a seguir acusando por delito fiscal, Hacienda estar¨ªa renunciando a cobrar la deuda pendiente de 24,1 millones de euros. Por eso, el pasado d¨ªa 17 la insistencia del Abogado del Estado sac¨® de quicio a algunas de las defensas cuando pidi¨® que hubiera juicio.

Si finalmente hubiera juicio por delito fiscal, Hacienda seguir¨ªa mantenido esa posici¨®n privilegiada para cobrar alg¨²n d¨ªa, aunque finalice con sentencia absolutoria, como parece. "A quien se lleva el dinero de una sociedad no se le puede pedir que lo declare a Hacienda si, encima, la perjudicada es la propia sociedad", explica Emilio S¨¢nchez Ulled, fiscal del caso, junto a David Mart¨ªnez Madero.

Por eso, reconoce que, con la evoluci¨®n de la jurisprudencia, no se sostiene la acusaci¨®n de delito fiscal que present¨® la fiscal¨ªa en su escrito de conclusiones provisionales en 2000 y por el que se ped¨ªan cuatro a?os de c¨¢rcel para De la Rosa. Tambi¨¦n se le acusaba de apropiaci¨®n indebida y se le ped¨ªan tres a?os de c¨¢rcel por el desv¨ªo de seis millones de euros de la sociedad Gran Pen¨ªnsula a Grand Tibidabo a trav¨¦s de un aval de la Generalitat, pero la Secci¨®n Segunda de la Audiencia de Barcelona lo archiv¨® al no apreciar delito. La tercera acusaci¨®n contra De la Rosa era el delito continuado de apropiaci¨®n indebida por vaciar las arcas de la sociedad. La petici¨®n inicial de la fiscal¨ªa era de seis a?os y finalmente ha quedado reducida a tres para poder firmar el pacto extrajudicial con las defensas y las acusaciones.

El fiscal S¨¢nchez Ulled defiende el pacto extrajudicial y admite que se corr¨ªa el riesgo de una absoluci¨®n por todos los delitos a causa del tiempo transcurrido. "Lo que vale es lo que se diga en el juicio y ya han pasado entre 13 y 17 a?os de los hechos, con lo que dif¨ªcilmente se pueden acordar los testigos", explica. La otra prueba de cargo son los informes periciales, "que son contradictorios y tampoco van a recordar quienes los hicieron".

Francesc Jufresa, abogado de De la Rosa, tambi¨¦n afirma que el pacto extrajudicial que ¨¦l instig¨® no le satisface del todo -en un principio su cliente s¨®lo aceptaba una pena de seis meses-, y que podr¨ªa haber combatido la absoluci¨®n. Con todo, cree que es preferible as¨ª. "Ten¨ªamos numerosos motivos para pedir la nulidad, porque se realizaron intervenciones telef¨®nicas sin garant¨ªas y Hacienda estuvo investigando a las sociedades al tiempo que lo estaba haciendo el juzgado. Por no hablar de que quien entonces defend¨ªa a mi cliente era, al mismo tiempo, un imputado en la causa". Pero como tampoco ten¨ªa la certeza de que el tribunal le dar¨ªa la raz¨®n prefiri¨® pactar con las acusaciones.

Un atenuante que esgrime el fiscal para rebajar la pena son las dilaciones indebidas. O sea, la dificultad para celebrar juicio por los recursos y escritos de las defensas. Pero el retraso se produce si, como ocurri¨® en este caso, los jueces tardan m¨¢s de un a?o en resolver. El caso Gran Tibidabo lo investig¨® el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona, cuyo titular es Joaqu¨ªn Aguirre, y los recursos de apelaci¨®n los vio la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial que preside Pedro Mart¨ªn. Era el tribunal que deb¨ªa celebrar el juicio, pero se abstuvo en 2004 por entender que estaba "contaminado" al resolver tantos recursos.