Las denuncias de la Ley Antitabaco siguen in¨¦ditas dos a?os despu¨¦s

No hay manera. Es como si las instituciones se hubieran declarado insumisas a la ley antitabaco. En 1 de enero se cumplen dos a?os de la entrada en vigor en toda Espa?a, pero en la comunidad aut¨®noma sigue sin aplicarse en su integridad por las diferencias entre Gobierno y ayuntamientos. Ambas instituciones no se ponen de acuerdo sobre cu¨¢l de ellas tiene que velar por su cumplimiento. Euskadi vive as¨ª en una especie de limbo, cuyas consecuencia m¨¢s visibles son dos: la paralizaci¨®n de las 163 denuncias presentadas por los ciudadanos hasta ahora y la ausencia de una inspecci¨®n efectiva, que compruebe que los locales de hosteler¨ªa y todo tipo de centros cumplen con la norma.

En el caso vasco, la controvertida ley antitabaco ha chocado con un mal habitual, el reparto de competencias entre las instituciones. Pero ahora, en lugar de pelear entre ellas por ver qui¨¦n se apropia de ella, lo que est¨¢n haciendo Gobierno y ayuntamientos es tratar de quitarse la responsabilidad de encima. La ley necesita para su completo desarrollo que el Ejecutivo de Vitoria apruebe un decreto. Sin embargo, todo sigue igual que cuando entr¨® en vigor la norma. Las denuncias se tramitan, pero no se aplican, quedan paralizadas.

El concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, el socialista Peio L¨®pez de Munain, recurre a los informes de los servicios jur¨ªdicos del consistorio para refrendar que la competencia corresponde al Gobierno vasco, tanto en la faceta inspectora como sancionadora. Pero se muestra proclive a alg¨²n acuerdo. "Est¨¢ claro que el Ejecutivo no puede asumir la labor inspectora. Si lo tenemos que hacer los ayuntamientos, que nos financien los medios". En busca de ese consenso, la consejer¨ªa de Vivienda y Asuntos Sociales y la Asociaci¨®n de Municipios Vascos-Eudel habilitaron el a?o pasado una mesa de di¨¢logo para aclarar dudas, pero la confusi¨®n sigue dominando.

El departamento remite las denuncias a los ayuntamientos y ¨¦stos, a su vez se las devuelven alegando que carecen de competencias. Al final, vaticina L¨®pez de Munain, ser¨¢n los jueces los que dictaminen. "La inacci¨®n de las instituciones llevar¨¢ a alg¨²n particular a presentar la denuncia ante el juez y ya veremos lo que pasa". Hasta entonces, la ley sin aplicarse.

Desde el departamento se quita importancia al caso. Un portavoz invita a los ayuntamientos a que precisen su falta de medios. "No hay pol¨¦mica. La labor inspectora corresponde a cada instituci¨®n en el ¨¢mbito de sus competencias. En cualquier caso, que digan los ayuntamientos lo que necesitan"