?ltimas torres sobre el acantilado

El urbanismo salvaje, en primera l¨ªnea del mar, no es solo la ca¨®tica herencia del desarrollismo urbano de los sesenta y sesenta. En Benidorm, paradigma del urbanismo vertical, contin¨²a el af¨¢n depredador del territorio bajo el amparo de licencias otorgadas en extra?as circunstancias hace d¨¦cadas. En el cabo de Punta Llisera, junto a su famosa playa de Levante, los obreros trabajan a destajo para levantar dos torres de 21 plantas, antes de que cristalice el expediente de expropiaci¨®n del Gobierno para recuperar para el dominio p¨²blico el solar (10.000 metros cuadrados) e incorporarlo al parque natural de Serra Gelada.

El Ministerio de Medio Ambiente tramita la compra forzosa de la parcela que invade la servidumbre de protecci¨®n, donde se levanta el complejo Gemelos 28, dos torres de 21 plantas para construir 168 apartamentos, promovido por el empresario Andr¨¦s Ballester. La empresa ha tasado en 90 millones de euros el valor del terreno. A pesar del proceso de expropiaci¨®n iniciado por el Gobierno, Edificaciones Calpe, del promotor Ballester, contin¨²a construyendo y ya ha vendido el 25% de la promoci¨®n de lujo, a precios que oscilan entre los 400.000 y los 800.000 euros. Ballester dice que parar¨¢ las obras cuando reciba alguna compensaci¨®n, ya que el proyecto se ajusta a la ley.

En 1988, el empresario Achille Cafarelli pidi¨® licencia al Ayuntamiento de Benidorm para el derribo y la construcci¨®n de viviendas en esta parcela. El PSOE, que gobernaba entonces en la ciudad, otorg¨® permiso el 1 de junio de 1988 en medio de una gran pol¨¦mica, sin esperar a que estuviera listo el nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana -en tr¨¢mite, que se aprob¨® en 1990-, ni la Ley de Costas, que ve¨ªa la luz el 26 de julio, pocas semanas despu¨¦s, y que lo hubiera impedido. La Ley de Costas obliga a guardar 20 metros de servidumbre de paso desde el linde del mar, y el edificio se sit¨²a a tan solo 7. Costas ha intentado todos estos a?os frenar las aspiraciones de Cafarelli y de Ballester, que en 1995 le compr¨® los derechos. La justicia les dio la raz¨®n y, en 1996, PSOE y PP aprobaron un estudio de detalle definitivo en virtud del cual se agrupaban las parcelas y se obten¨ªa una edificabilidad total de 26.597 metros c¨²bicos. La Abogac¨ªa del Estado present¨® un recurso contencioso administrativo contra ese tr¨¢mite que prolong¨® el proceso y fue desestimado. En 2005, finalmente, la Consejer¨ªa de Infraestructuras y Transportes otorg¨® la ¨²ltima autorizaci¨®n a Edificaciones Calpe. El condicionante es que la empresa est¨¢ obligada a ceder una parcela adyacente de 7.755 metros cuadrados para uso p¨²blico, sobre la cual construir¨¢ un mirador. Edificaciones Calpe inici¨® en 2005 el derribo del antiguo Coblanca, tras obtener todos los permisos y m¨²ltiples sentencias favorables en dos d¨¦cadas de litigios.La demolici¨®n dej¨® al descubierto los acantilados que tapaban el cemento, y los vecinos y la oposici¨®n, sorprendidos por la nueva realidad, iniciaron las protestas para impedir nuevas construcciones. La jefatura provincial de Costas intent¨® de nuevo paralizarlas. Pidi¨® medidas cautelares al TSJ -que fueron rechazadas en cuatro ocasiones-, mientras mediaba con el consistorio -tambi¨¦n sin ¨¦xito- para que permutara los terrenos. Al final, la ¨²nica f¨®rmula posible para impedir su construcci¨®n, seg¨²n reconoci¨® el jefe provincial de Costas, Vicente Mart¨ªnez, era la expropiaci¨®n. El Consejo de Ministros aprob¨® el 15 de junio la declaraci¨®n de utilidad p¨²blica de la parcela, y el BOE public¨® el expediente el 21 de agosto.

Andr¨¦s Ballester considera que Gemelos 28 est¨¢ "totalmente integrado en la configuraci¨®n urban¨ªstica" y que su realizaci¨®n "mejora, en todos los aspectos, el ¨¢rea en la que se ubicaba el edificio derribado", al construir un mirador sobre el cabo. El empresario considera que sufre "un grave e incomprensible abuso de posici¨®n dominante que quiebra el Estado de Derecho y el principio de seguridad jur¨ªdica".

El gobierno local de Benidorm, del PP, aplaude la iniciativa y el alcalde, Manuel P¨¦rez Fenoll, no duda de la legalidad de la promoci¨®n, avalada con dos sentencias del Tribunal Supremo. El PP sostiene que el Gobierno central "intenta lavar su conciencia", ya que fueron los socialistas quienes dieron la licencia cuando gobernaban en el a?o 1988.