Campa?a del Consell por una ley que Zapatero lleva al Constitucional
La nueva legislaci¨®n generaliza la separaci¨®n de bienes matrimonialLos nacionalistas apoyan la f¨®rmula del PP para salvar el marco constitucional
El Consell ha decidido replicar con publicidad a la decisi¨®n del Gobierno que preside Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero de llevar al Tribunal Constitucional la ley de R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial Valenciano, que entrar¨¢ en vigor la pr¨®xima primavera. El consejero de Gobernaci¨®n, Seraf¨ªn Castellano, present¨® ayer una campa?a de publicidad institucional que se iniciar¨¢ hoy mismo y que proseguir¨¢ tras el par¨¦ntesis de la campa?a electoral. Con esta campa?a -que se difundir¨¢ a trav¨¦s de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana, cines, metro y la red de Cercan¨ªas- el Consell pretende dar a conocer la legislaci¨®n que fija nuevos derechos y obligaciones a los enlaces matrimoniales en la Comunidad Valenciana. "Mientras nadie [del Constitucional] nos diga lo contrario seguiremos adelante", sentenci¨® Castellano, pese a la situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica que se podr¨ªa generar si el TC da la raz¨®n al Gobierno.
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La nueva ley, que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo 25 de abril, introduce modificaciones importantes en la ordenaci¨®n del matrimonio. La mayor es que, por defecto, todos los casamientos que se realicen a partir de la pr¨®xima primavera se regir¨¢n por el r¨¦gimen de separaci¨®n de bienes. Y no el de gananciales, que es el utilizado hasta ahora, a no ser que, expresamente, la pareja opte por la separaci¨®n de bienes.
El Gobierno considera que los principales art¨ªculos de la nueva ley valenciana que regula el matrimonio entran en colisi¨®n con la Constituci¨®n. Para el Gobierno, las Cortes Valencianas no pueden ampliar su capacidad de legislar sobre la base de un derecho civil foral que no est¨¢ recogido en la Constituci¨®n, como s¨ª ocurre con autonom¨ªas como Catalu?a y Navarra.
Por su parte, el Consell considera que la recuperaci¨®n del derecho foral est¨¢ recogida en el nuevo Estatut, votado por PP y PSOE, y que la Constituci¨®n recoge el derecho de las autonom¨ªas a desarrollar sus propios derechos civiles all¨ª donde existiesen antes de la aprobaci¨®n de la Carta Magna en 1978. Castellano argument¨® ayer que el derecho foral valenciano es, con diferencia, el m¨¢s completo y desarrollado de Espa?a.
"Queremos exigir al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad", dijo Castellano, que cree que el recurso busca mantener los privilegios de determinadas autonom¨ªas.
La ley valenciana contempla una detallada carta, basada en el derecho foral, de contratos de desposorio, con f¨®rmulas ya utilizadas en otras autonom¨ªas.El pleito que ha planteado el Gobierno al Consell no es una cuesti¨®n menor, ya que el Tribunal Constitucional debe dirimir si es l¨ªcito utilizar un Estatuto de autonom¨ªa para estirar la Constituci¨®n. De hecho, partidos como Esquerra Unida (que vot¨® a favor de la ley de R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial mientras el PSPV-PSOE se opuso) o Esquerra Republicana apoyan la v¨ªa utilizada por el PP de la Comunidad Valenciana para salvar el actual marco constitucional sin necesidad de recurrir a su reforma. Una f¨®rmula que tambi¨¦n han ensayado los partidos catalanes en la reforma del Estatuto y que han copiado otras autonom¨ªas.
En ese contexto, Castellano intent¨® ayer desvincularse [sin mencionarlos] de partidos federalistas y soberanistas al proclamar: "No queremos 17 agencias tributarias, ni 17 consejos generales del poder judicial y somos ejemplo de sentido com¨²n, pero somos los ¨²nicos a los que el Gobierno castiga y recurre la ley al Constitucional". "Es un agravio al pueblo valenciano", dijo.
El precedente jur¨ªdico m¨¢s cercano sobre un pleito similar es el recurso del Gobierno al Constitucional contra la ley valenciana de Arrendamientos Hist¨®ricos, aprobada durante la presidencia de Joan Lerma en 1986 y destinada a regular una situaci¨®n contractual ajena al derecho castellano y basada en el derecho civil valenciano anterior a la derogaci¨®n de los fueros.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 1992 solucion¨® entonces el conflicto competencial al entender que, en este caso, exist¨ªa un derecho civil valenciano, vigente en el momento de aprobarse la Constituci¨®n, pero no porque estuviese compilado, sino por la v¨ªa de la costumbre. Argumentaci¨®n con la que el Constitucional limitaba a la Generalitat la posibilidad de legislar en materia de derecho civil valenciano m¨¢s alla de cuestiones anecd¨®ticas.
El Consell que preside Francisco Camps interpreta ahora que la nueva redacci¨®n del Estatut concede la base suficiente como para promulgar nuevos textos legales que estructuren instituciones determinantes en la vida de los valencianos como la familia o el derecho sucesorio. De hecho, el consejero de Gobernaci¨®n reconoci¨® ayer que en los pr¨®ximos meses presentar¨¢ al pleno del Consell el proyecto de ley del Derecho Sucesorio Valenciano, con el que se pretende fijar una nueva carta de derechos y obligaciones a las herencias, donaciones y transmisiones. Una cuesti¨®n tanto o m¨¢s importante que la ley del R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial Valenciano en una autonom¨ªa como la valenciana donde la empresa familiar tiene peso espec¨ªfico propio.
Castellano confes¨®: "Si el recurso del Gobierno prospera ante el Tribunal Constitucional descabezar¨¢ la ley valenciana porque afecta a cuestiones fundamentales como la separaci¨®n de bienes, la german¨ªa o el trabajo para la casa", confes¨® ayer el consejero de Gobernaci¨®n, que a?adi¨®: "Ser¨ªa una mutilaci¨®n de la ley que la dejar¨ªa desdibujada". Y, adem¨¢s, bloquear¨ªa las aspiraciones de recuperar el derecho civil valenciano del Consell, que ha creado grupos de trabajo espec¨ªficos para compilar, revisar y actualizar los fueros.
En este contexto, la diputada de Esquerra Unida en el Congreso de los Diputados, Isaura Navarro, ya plante¨® en la legislatura que ahora acaba la necesidad de reformar el art¨ªculo 149 en su apartado uno, regla octava de la Constituci¨®n para permitir que las comunidades aut¨®nomas que tengan reconocido el derecho civil propio en sus Estatutos puedan legislar en esta materia.
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