La fiscal¨ªa de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales

Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, traslad¨® ayer a los fiscales delegados de esa materia las conclusiones alcanzadas en unas jornadas celebradas en diciembre en Fuerteventura para que se apliquen. Entre ellas, figura que los fiscales de las secciones de Medio Ambiente y Urbanismo pidan la ejecuci¨®n de las sentencias firmes que hayan declarado una obra ilegal. En concreto, en el apartado dedicado a cuestiones relativas a los delitos sobre la ordenaci¨®n del territorio y contra el patrimonio hist¨®rico consta: "Se insiste en la importancia de que se acuerde la demolici¨®n de la obra ilegal en el proceso penal para evitar sensaciones de impunidad y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de las ejecutorias para la efectiva aplicaci¨®n de dicha medida cuando as¨ª se haya establecido por sentencia".

Se recomiendan medidas preventivas ante un posible da?o irreparable

Esas conclusiones incluyen "la conveniencia de la adopci¨®n de medidas cautelares en los casos de obras ilegales" y tambi¨¦n de acciones preventivas ante una actuaci¨®n que pueda significar un da?o irreparable. "Como medida preventiva en el caso de acciones anunciadas que puedan suponer un da?o irreparable a la ordenaci¨®n del territorio o al patrimonio hist¨®rico, el fiscal considerar¨¢ la posibilidad de intervenir en el proceso administrativo, de Responsabilidad Medioambiental o bien comunicar a quien pueda autorizar la acci¨®n que ocasionar¨ªa un da?o, que se iniciar¨¢n acciones penales", se detalla en el documento.

El texto, que fija entre otras cosas un protocolo para que trimestralmente sean remitidas a Vercher las sentencias de las distintas Audiencias y calificaciones de cada fiscal¨ªa en estas materias, tambi¨¦n se refiere a la relaci¨®n con las Administraciones en materia de urbanismo y de medioambiente. Para evitar confusiones y aclarar posiciones, se detalla: "Se pone de manifiesto los conflictos existentes entre las Administraciones de diversas comunidades aut¨®nomas con los correspondientes cuerpos de Agentes Forestales, acord¨¢ndose que dichas circunstancias no deben suponer obst¨¢culo alguno para que por parte de la secci¨®n de Medio Ambiente se siga contando con los mismos en el desempe?o de su funci¨®n como polic¨ªa judicial gen¨¦rica".

Y, en otro punto, se precisa: "No se estima procedente la suscripci¨®n de protocolos de colaboraci¨®n o convenios en materias que son propias de dichas Administraciones y relativas al ejercicio de sus funciones, dado que el incumplimiento de la obligaci¨®n de colaborar con la Administraci¨®n de justicia en general y con el ministerio fiscal en particular lleva aparejada la responsabilidad legal oportuna".