El PP dice que Chaves quiere tirar las casas en Marbella
El PSOE anunci¨® ayer que denunciar¨¢ por injuriosas y difamatorias unas cu?as de publicidad radiof¨®nica en las que el PP acusa al presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves, de querer derribar las viviendas ilegales de Marbella.
El vicesecretario local del PSOE, Jos¨¦ Bernal, anunci¨® que remitir¨¢ un escrito a la Junta Electoral de Zona y que sus servicios jur¨ªdicos estudian interponer una demanda contra el PP por atentado contra el honor.
Una de las cu?as que han provocado la intervenci¨®n del PSOE marbell¨ª dice textualmente: "Chaves y el Partido Socialista pretenden derribas las viviendas ilegales y quieren que los compradores de buena fe paguen con su patrimonio las consecuencias de lo que hicieron otros". En otra, se asegura que los gobiernos socialistas de Chaves y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero "han dicho no a que se devuelva a Marbella los bienes incautados en la operaci¨®n Malaya".
El PSOE marbell¨ª exige al PP que deje de difundir estas cu?as radiof¨®nicas, que ya escuchan desde hace varias semanas, y reclama una rectificaci¨®n en los mismos medios en los que se est¨¢n difundiendo. Solicitar¨¢n la aplicaci¨®n del art¨ªculo 68 de la Ley Org¨¢nica 5/1985 del R¨¦gimen Electoral.
Derribos y sentencias
"El derribo de las viviendas ilegales no lo decide la Junta, sino los jueces", recuerda Jaime Olcina, secretario de estrategia electoral del PSOE. La alcaldesa de Marbella, ?ngeles Mu?oz (PP), ha repetido estos argumentos en numerosas ocasiones. En la mayor¨ªa de las ocasiones hace referencia a la solicitud de ejecuci¨®n de sentencia que ha hecho el Gobierno andaluz con respecto a unas 40 licencias de obra declaradas nulas en los tribunales. En al menos tres resoluciones del TSJA, los magistrados han acordado esperar a que se apruebe el Plan General, opci¨®n a la que se ha avenido la Junta.
Los t¨¦cnicos de la Junta han redactado el Plan General de la ciudad en el que se proponen la regularizaci¨®n de 18.000 viviendas ilegales y s¨®lo deja fuera de ordenaci¨®n unas 700 viviendas incompatibles con el modelo de ciudad que se propone. Sobre los bienes de Malaya, los socialistas defienden que no se puede tocar unas propiedades intervenidas judicialmente hasta que se celebre el juicio.
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