Trabajo no entrega a la Sindicatura la documentaci¨®n de Movilma
La Sindicatura de Cuentas tiene que investigar, por mandato parlamentario, si el grupo de empresas Movilma, propiedad de militantes socialistas, hizo un buen uso de las subvenciones que le otorg¨® la Uni¨®n Europea para impartir cursos a parados. Pero no puede porque el Departamento de Trabajo, que le debe remitir la documentaci¨®n, no se la env¨ªa, y eso que la Sindicatura as¨ª se lo requiri¨® en dos ocasiones. En Trabajo, en manos del PSC, las cartas no aparecen en el archivo, o al menos eso aseguran. El organismo fiscalizador, por tanto, se vio obligado a entregar el pasado lunes al Parlament su informe sobre la gesti¨®n de estos cursos en tiempos de Converg¨¨ncia i Uni¨®, pero sin incluir los expedientes correspondientes a Movilma.
Trabajo sostiene que nunca ha recibido la petici¨®n de informaci¨®n
Este entramado de empresas -investigadas por una serie de contratos que les adjudic¨® el Ayuntamiento de Barcelona- percibieron del Departamento de Trabajo un total de 460.225 euros de subvenci¨®n para formar a parados. Esto es todo lo que la Sindicatura ha podido aclarar.
El pasado jueves en el Parlament el PP y CiU reclamaron que la Sindicatura insistiera sobre este caso. Obtuvo el voto contrario de las tres formaciones de izquierda (PSC, ERC e ICV). Los republicanos -pese al silencio c¨®mplice de los socialistas- comentaron que la Sindicatura lo deber¨¢ hacer porque tiene que ampliar los casos bajo objeto de investigaci¨®n judicial y ah¨ª, en su opini¨®n, est¨¢ incluido Movilma. Pero este caso ya fue archivado por la justicia. Ahora debe ser la Sindicatura la que aclare si sigue con la investigaci¨®n de los cursos de Movilma.
El l¨ªder de Uni¨® Democr¨¤tica, Josep Antoni Duran Lleida, defendi¨® ayer la buena gesti¨®n del Departamento de Trabajo de la Generalitat entre 1991 y 2001, periodo repleto de irregularidades, seg¨²n la Sindicatura. "Adem¨¢s, lo mismo que la Sindicatura dice del Departamento de Trabajo, lo dice del Ayuntamiento de Cornell¨¤ de Llobregat". El detalle que Duran obvi¨® fue que la Generalitat gestion¨® el 87% de los fondos sospechosos, mientras que los ayuntamientos apenas controlaron el 10% de ¨¦stos.
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