La enmienda de Ibarra

El pasado s¨¢bado, Rodr¨ªguez Ibarra, ex presidente socialista de Extremadura, defendi¨® una enmienda al programa electoral de su partido por la que se exclu¨ªa cualquier negociaci¨®n con ETA si no exist¨ªa una disoluci¨®n previa de la banda, y se asum¨ªa el compromiso de, en todo caso, condicionar el inicio de un posible nuevo proceso de di¨¢logo con la banda a la existencia de un acuerdo con el principal partido de la oposici¨®n. La enmienda fue negociada y convertida en una anodina propuesta que apenas compromet¨ªa a nada.

Tal vez era arriesgado plasmar en el programa obligaciones cuyo cumplimiento depende de circunstancias hoy desconocidas, pero la propuesta de Ibarra ten¨ªa el m¨¦rito de incitar al debate, que sigue pendiente en el PSOE, sobre el balance del fracasado intento de final pactado de ETA. El PP sostiene que ese balance es muy negativo: que interrumpi¨® una situaci¨®n de descomposici¨®n y falta de expectativas que hubiera conducido a la extinci¨®n de ETA; y que la presencia de ANV en los ayuntamientos demuestra que su entorno ha salido fortalecido. El Gobierno, por su parte, niega tales conclusiones, pero no ofrece un balance alternativo. Su respuesta se reduce b¨¢sicamente a reprochar al PP que siga utilizando el terrorismo en la confrontaci¨®n pol¨ªtica.

PP y PSOE se acomodaron, por razones diferentes, a la ruptura del consenso contra ETA

La incapacidad para ofrecer explicaciones claras es un punto d¨¦bil de este Gobierno

Es cierto que la desmesura de muchas de sus cr¨ªticas ofrece coartadas al Gobierno para esquivar la rendici¨®n de cuentas. Pero tambi¨¦n que una cierta incapacidad para ofrecer explicaciones claras es un punto d¨¦bil de este Gobierno. Los argumentos tienden a ser sustituidos por la afirmaci¨®n (o negaci¨®n) enf¨¢tica de algo.

El aval concedido por el Parlamento hac¨ªa depender el di¨¢logo con ETA de una serie de condiciones, cuya valoraci¨®n corresponder¨ªa al Gobierno. Era l¨®gico ofrecer ese margen de confianza en un asunto como ¨¦ste, pero ello implicaba el compromiso de rendir cuentas a posteriori. Como explica Ram¨®n Vargas Machuca en el ¨²ltimo n¨²mero de la revista Claves (enero-febrero 2008), la "delegaci¨®n activa" consustancial al sistema representativo concede a los gobernantes una amplia autonom¨ªa de actuaci¨®n dentro del marco legal; pero a condici¨®n de que exista la posibilidad de control y fiscalizaci¨®n ulterior por parte de los representados y compromiso de los representantes de responder de manera p¨²blica de sus actos: como garant¨ªa de que no har¨¢n aquello que no sean capaces de explicar.

Seguro que existieron razones para instar la anulaci¨®n de s¨®lo la mitad de las listas de ANV. Razones pol¨ªticas. Pero en lugar de ofrecerlas, asumiendo la responsabilidad de haberlo hecho, se dice que fue una decisi¨®n "estrictamente jur¨ªdica"; como si no lo hubiera sido la ilegalizaci¨®n de todas ellas. Es posible que tambi¨¦n haya razones que justifiquen otras decisiones que resultaron incomprensibles en su momento, durante la tregua, o incluso otras que se han conocido a posteriori, como los intentos de mantener la interlocuci¨®n despu¨¦s de la T-4. Pero si hay razones, deben exponerse, con la ¨²nica reserva de aquello que pueda afectar a la seguridad. E incluso esto ¨²ltimo, con la condici¨®n de una informaci¨®n reservada a, como m¨ªnimo, el l¨ªder del primer partido de la oposici¨®n.

El balance definitivo de cada intento de salida dialogada ha dependido en gran medida de lo ocurrido tras su fracaso. El de Lizarra fue m¨¢s bien negativo porque el PNV, principal interlocutor de ETA entonces, mantuvo tras la ruptura de la tregua la misma pol¨ªtica (soberanismo, frente nacionalista) que hab¨ªa adoptado mientras estuvo vigente, para evitar su ruptura. Producida ¨¦sta, la nueva coartada fue que se trataba de mantener abierta la posibilidad de reanudar el proceso. Eso reforz¨® las posiciones de ETA, que interpret¨® la radicalizaci¨®n del PNV como prueba de la eficacia pol¨ªtica de la violencia, y pas¨® a colocar en primer plano el escal¨®n siguiente al de la autodeterminaci¨®n: la territorialidad, Navarra.

Por el contrario, el Gobierno de Zapatero ha tenido inter¨¦s en acreditar su voluntad de aplicar una pol¨ªtica radicalmente distinta a la desplegada durante la tregua. Detenciones (de etarras y miembros del brazo pol¨ªtico), ilegalizaciones, fin de la tolerancia de hecho hacia el entorno alegal. Eso ha debilitado a ETA y creado gran desconcierto en las bases de Batasuna, enfrentadas de nuevo al dilema de si les resulta rentable mantener la dependencia de la banda. Sin embargo, el balance se ha oscurecido por la retirada de Imaz. Si su l¨ªnea se hubiera impuesto en el PNV habr¨ªa sido evidente el balance positivo de la iniciativa de Zapatero.

El ¨²nico tanto anotado por ETA ha sido la ruptura de la unidad anteriormente visible entre los dos principales partidos en este terreno. Ambos se acomodaron, por razones distintas, a esa situaci¨®n que, vista desde hoy, es evidente que tuvo un efecto negativo en el proceso. Los socialistas subestimaron la importancia del consenso para disponer de un mayor margen de maniobra: en relaci¨®n a los presos de ETA, por ejemplo, y tambi¨¦n para establecer una relaci¨®n menos conflictiva con las asociaciones de v¨ªctimas.

Con independencia de que figurase o no en el programa, la propuesta de Ibarra era una oportunidad para debatir estas cuestiones. Para intentar un balance no pasional de la experiencia que pueda servir de orientaci¨®n para una posible nueva ocasi¨®n.

Porque a pesar del fracaso seguimos estando, como ha dicho Daniel Innerarity (El Correo, 21-1-08), en la fase que separa la derrota de ETA de su final. Tras la ruptura de la tregua de 1999, ETA asesin¨® a 46 personas en cuatro a?os; ahora ha asesinado a cuatro personas en 46 meses de legislatura. Ning¨²n balance objetivo podr¨¢ prescindir de ese dato, ni de las consecuencias que del mismo derivan.