La Junta abre la v¨ªa para legalizar el centro comercial de Roquetas

La Junta ha abierto la v¨ªa para una futura legalizaci¨®n del centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar. La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas ha remitido al ayuntamiento de la localidad, gobernado por Gabriel Amat, presidente del PP de Almer¨ªa, un escrito en el que le exige la revisi¨®n de las licencias de obras y de primera ocupaci¨®n concedidas entre noviembre de 2003 y julio de 2004 a General de Galer¨ªas Comerciales, empresa propietaria de la superficie que dirige Tom¨¢s Olivo, uno de los empresarios implicado en el caso Malaya.

El documento de Obras P¨²blicas recuerda al Ayuntamiento la nulidad de los acuerdos municipales que concedieron la licencia para construir el centro comercial. Destaca que son "contrarios a derecho" por habilitar una edificaci¨®n muy superior a la permitida -180.016 metros cuadrados distribuidos en tres plantas frente a los 37.000 metros cuadrados de suelo aprovechables que fijaba la ficha urban¨ªstica del sector- y por ocupar espacios previstos para uso p¨²blico.

A pesar de que estas actuaciones est¨¢n tipificadas en la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa como infracciones de car¨¢cter grave y muy grave, seg¨²n recoge el escrito, la revisi¨®n de las licencias no supone un nuevo paso para el cierre de la pol¨¦mica superficie comercial, sino "un punto de partida" para buscar una soluci¨®n que venga a regularizar el establecimiento, seg¨²n explicaron fuentes de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas.

Se emprender¨¢ este camino de la mano del consistorio y desde el ¨¢mbito administrativo, prescindiendo de la justicia, que en noviembre de 2006 rechaz¨® el cierre del centro comercial "por el inconmensurable coste social" que supondr¨ªa su clausura. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa hab¨ªa declarado ilegal la licencia que concedi¨® el Ayuntamiento al empresario. El consistorio obvi¨® un informe vinculante desfavorable de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa. Aunque la decisi¨®n fue recurrida por la Junta ante el TSJA, el hecho de que el mismo tribunal anulase, en junio de 2007, por falta de fundamentos el informe en el que previamente sostuvo la anulaci¨®n de la licencia, har¨¢ dif¨ªcil que prospere la medida.Entre esta mara?a judicial, el camino abierto para urgir la nulidad de las "viciadas" licencias de obras y de primera ocupaci¨®n responde a la percepci¨®n por parte de Obras P¨²blicas de que el cierre del Gran Plaza es socialmente inviable. Tal y como ya estableci¨® el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 2 en noviembre de 2006, la medida supondr¨ªa un "sacrificio innecesario de riqueza y un inconmensurable coste social" para los m¨¢s de 4.000 empleados directos e indirectos del centro.

Por ello, el requerimiento remitido al consistorio roquetero sienta las bases para un proceso de di¨¢logo entre el Ayuntamiento y la Junta " tendente a buscar los mecanismos mediante los que se resuelve la situaci¨®n". "Las licencias son nulas, por lo que hay que revisarlas y anularlas", sentencian desde Obras P¨²blicas. Posteriormente, se?alan, se har¨¢ viable una nueva revisi¨®n mediante la que, sin contravenir el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), se puedan conceder unos nuevos permisos que no sean ya contrarios a derecho.

En esta v¨ªa "habr¨¢ sin duda que buscar medidas de compensaci¨®n" para restituir a la ciudadan¨ªa el suelo p¨²blico invadido, dicen desde la Junta, aunque "a¨²n no se ha concretado una f¨®rmula". Mientras Obras P¨²blicas espera una respuesta del consistorio que, por el momento, no se ha producido, en principio no se plantea desde la Junta la imposici¨®n de sanciones econ¨®micas.