No todo vale con los ni?os

?Delinquen cada vez m¨¢s j¨®venes en Espa?a? ?Hay un gran n¨²mero de menores de 12 a?os perpetrando asesinatos y violaciones? ?Hace falta reformar la ley porque no funciona? ?Se puede hacer algo fuera del sistema penal con los menores de 14 a?os que cometen delitos?

Los delitos graves de menores de 14 se cuentan con los dedos de una mano

Unicef ha manifestado su "inquietud" por la iniciativa popular

Cada vez son m¨¢s habituales las bandas de ni?os que roban

Se puede actuar con estos menores al margen del sistema penal

El PP quiere llevar a la c¨¢rcel a todos los menores en centros que cumplan los 18

Ahora el juez ya puede decidir si la prisi¨®n de adultos es la mejor opci¨®n

El tema ha saltado al debate electoral despu¨¦s de que Mariano Rajoy anunciara esta semana dos medidas que llevar¨¢ a la pr¨¢ctica si el Partido Popular gana las pr¨®ximas elecciones: la primera, que la edad penal se baje de los 14 a los 12 a?os para los casos de delitos graves; la segunda, que todos los menores que cumplan una medida en un centro de reforma pasen a una c¨¢rcel de adultos al cumplir los 18 a?os. El comit¨¦ espa?ol de UNICEF ha manifestado "inquietud y preocupaci¨®n" ante la propuesta.

Los datos desmienten la necesidad de rebajar la edad penal: los menores de 14 a?os que cometen delitos graves "se pueden contar con los dedos de una mano", dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda (nombrado por el PP, que gobierna en Madrid). Los datos del Ministerio del Interior lo corroboran: por lo general hay apenas un homicidio o asesinato cada a?o. Y un gran n¨²mero de expertos internacionales reunidos esta semana en Madrid en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, organizado por el Gobierno regional, han coincidido en dos puntos b¨¢sicos. Primero, que la gran alarma social que causan los casos que saltan a los medios de comunicaci¨®n no se corresponde con la realidad. Y segundo, que imponer a estos chicos un castigo penal no tiene efectos positivos ni es necesario. La propuesta de la mayor¨ªa de los acad¨¦micos y juristas ha sido pedir la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicaci¨®n.

"Mariano Rajoy ha recogido con su iniciativa las l¨¢grimas de la madre de Sandra Palo [la chica de 22 a?os, discapacitada, que fue brutalmente raptada, violada, atropellada repetidas veces y asesinada por tres menores de edad que ten¨ªan m¨¢s de 14 a?os]", se?al¨® el martes Alfredo Prada, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia, tras la inauguraci¨®n del Congreso. En la clausura, al d¨ªa siguiente, las palabras del juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez Berm¨²dez podr¨ªan servir para responder a Prada: "Desde la perspectiva de la v¨ªctima, la exigencia del ojo por ojo es perfectamente comprensible. Pero el ojo por ojo conduce socialmente al caos y degrada la calidad humana de los ciudadanos". Y a?adi¨® que ninguna pena que se imponga a los delincuentes "puede calmar la desaz¨®n de los agredidos", por lo que las soluciones a los problemas de los menores infractores deber¨ªan plantearse con "serenidad, honestidad y, sobre todo, con responsabilidad". As¨ª que, ?qu¨¦ es lo que el Estado, de forma responsable, debe hacer con estos menores?

Una psic¨®loga de los servicios sociales de Madrid plantea un caso reciente. Tres ni?as cometieron un robo planeado en casa de los padres de una amiga. Dos ten¨ªan 13 a?os. Otra, 14. Esta ¨²ltima era penalmente responsable y se arriesgaba a ser internada en un centro, aunque finalmente se le impuso una medida de libertad vigilada. A las otras dos no les ocurri¨® nada. No eran responsables. Entraron en el sistema de protecci¨®n de menores y los servicios sociales intentaron trabajar con ellas y sus familias. Pero sin ¨¦xito. Las chicas ten¨ªan claro que la ley no las obligaba a nada, y que no ten¨ªan por qu¨¦ asistir a las citas con la psic¨®loga. Fue imposible implicar a las familias y realizar una intervenci¨®n social. Y cada vez son m¨¢s habituales las bandas de ni?os de 10, 11 y 12 a?os -casi siempre dirigidos por adultos- que amparados por su falta de responsabilidad penal roban tel¨¦fonos m¨®viles por la calle y asaltan los cajeros autom¨¢ticos de los bancos. En ocasiones la polic¨ªa ha llegado a detener hasta 69 veces a un mismo menor.

Es evidente que hay que dar una respuesta a estos casos, sobre todo para intentar evitar que a los 15 a?os estos chicos sean unos delincuentes profesionales. Pero, si se rebajara la edad penal a los 12 a?os, la misma pol¨¦mica podr¨ªa plantearse despu¨¦s con chicos de 9, 10 u 11 a?os. ?Hasta d¨®nde estamos dispuestos a bajar el l¨ªmite de la responsabilidad penal? ?Es consciente un chaval de 12 a?os de lo que supone su delito? Y, sobre todo, ?qui¨¦n dice que la respuesta penal sea la ¨²nica posible ni la mejor? ?Por qu¨¦ no se exige al Estado y a sus instituciones que pongan en marcha, seriamente, sistemas de protecci¨®n social y educativos?

"El derecho penal no puede solucionarlo todo", se?al¨® la francesa Jocelyne Castaign¨¦de, profesora de Derecho Penal y Criminolog¨ªa de la Universidad de Pau. En Francia no hay edad penal m¨ªnima sino que es el juez, en cada caso concreto, el que debe analizar la capacidad de discernimiento del menor. Es una f¨®rmula poco habitual en Europa, porque en casi todos los pa¨ªses se ha optado por el criterio de la edad, aunque ¨¦sta var¨ªe: 10 a?os en Inglaterra y Gales, 12 en Holanda, 14 en Espa?a, Alemania, Austria e Italia, 15 en Suiza y 16 en B¨¦lgica y Luxemburgo. Cada alusi¨®n de los ponentes en el Congreso a la necesidad de establecer pol¨ªticas educativas y preventivas, y no penales, iba seguida por aplausos y ovaciones de los asistentes, que llenaban el Palacio de Congresos.

Pero, ?en qu¨¦ se concretan estas posibles medidas "educativas y sociales"? ?Qu¨¦ se puede hacer fuera del ¨¢mbito del derecho penal cuando un menor de 14 a?os comete un delito? "Pues muchas cosas", responde el vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex fiscal de menores F¨¦lix Pantoja. "A trav¨¦s del fiscal y con la autorizaci¨®n del juzgado de familia se pueden imponer medidas de car¨¢cter obligatorio e incluso restringir derechos del menor como su libertad". Recuerda el caso de un chico con un grave problema de drogas que comet¨ªa de forma habitual peque?os delitos y que estaba bajo la tutela de una comunidad aut¨®noma. Desde la fiscal¨ªa se pidi¨® al juez que autorizara que no le dejaran salir del centro en el que viv¨ªa durante un tiempo, para poder trabajar con ¨¦l. Y as¨ª se hizo.

"El sistema de protecci¨®n tiene instrumentos suficientes para que se puedan adoptar este tipo de medidas", contin¨²a Pantoja. "Pero en la pr¨¢ctica todo falla: los fiscales no suelen actuar, los sistemas de tutela dejan mucho que desear con los adolescentes y preadolescentes, los educadores tienen pocos recursos, hay pocos medios... y tampoco tiene sentido sustituirlo por la intervenci¨®n penal porque muchas veces tiene las mismas carencias. Eso s¨ª, permite de forma m¨¢s r¨¢pida encerrar a los chavales, y parece que as¨ª nos quedamos m¨¢s tranquilos". Dos psic¨®logas de los servicios sociales madrile?os tambi¨¦n piden un mayor apoyo y ayuda por parte de los fiscales de menores. "Sin ellos estamos perdidas", se?ala una de ellas. "Porque los menores, y sus familias, saben que nosotros no tenemos forma de obligarles a colaborar en nada".

Cuando la tutela la tiene la comunidad aut¨®noma, es m¨¢s f¨¢cil intervenir con los chicos y pedir medidas judiciales que cuando est¨¢n con sus padres. Por no hablar de cuando es la propia familia la que les incita a cometer delitos. Si la situaci¨®n es grave, se puede declarar judicialmente la situaci¨®n de riesgo o desamparo del menor y quitar la tutela a los padres. Pero no siempre es f¨¢cil, y jueces y fiscales suelen ser reticentes a separar a un ni?o de la familia. As¨ª que, en estos casos, la sensaci¨®n de impunidad crece. El Defensor del Menor, Arturo Canalda est¨¢ de acuerdo con que se baje la edad penal, pero s¨®lo "para casos excepcionales". E insiste en que lo esencial es establecer medidas socioeducativas que se puedan imponer de forma "obligatoria y coactiva". "Incluso con sanciones econ¨®micas para los padres que no quieran colaborar", dice. Aunque para eso har¨ªan falta reformas legales.

Finlandia ha optado implantar un verdadero sistema de protecci¨®n de menores. Una vez cometido un delito, y entendiendo que el menor est¨¢ poniendo en peligro su futuro, se puede intervenir de muchas formas: con asistencia financiera, orientaci¨®n psicol¨®gica o terap¨¦utica, o imponi¨¦ndole determinadas tareas. Es posible, incluso ingresarlo en una casa de acogida o residencial. Este sistema se aplica a los menores de 15 a?os -l¨ªmite de la edad penal en ese pa¨ªs-, pero cada vez m¨¢s tambi¨¦n a los chicos de 15 a 17. El n¨²mero de menores en las c¨¢rceles de Finlandia ha pasado de 761 en 1975 a 65 en 2006, seg¨²n datos ofrecidos por el director del Instituto Nacional de Investigaciones para las Pol¨ªticas Legales de ese pa¨ªs, Tapio Lappi-Sep?l?. All¨ª se ha optado por evitar los internamientos y desarrollar la actuaci¨®n socioeducativa.

Aparte de la propuesta de la edad penal, Mariano Rajoy tambi¨¦n ha dicho esta semana que llevar¨¢ a las c¨¢rceles de adultos todos los menores internos en centros de reforma cuando cumplan los 18 a?os. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, de 2000, fue reformada el a?o pasado para permitir esta posibilidad. Seg¨²n la nueva redacci¨®n de la norma, ahora el juez "podr¨¢ ordenar" que el interno pase a prisi¨®n al alcanzar la mayor¨ªa de edad. Por lo tanto, se estudia cada caso concreto. El PP propone que se haga de forma autom¨¢tica. Dado que el objetivo de la Ley del Menor es la reeducaci¨®n, no parece muy l¨®gico que despu¨¦s de unos a?os de tratamiento espec¨ªfico se les traslade a una c¨¢rcel con adultos. "Es necesario examinar cada caso para ver si es necesario o contraproducente llevarlo a la c¨¢rcel", opina Canalda.

Los pol¨ªticos sacan a la calle el debate sobre la delincuencia juvenil con mucha apelaci¨®n al miedo pero pocos datos. Populismo para ganar votos. "Despu¨¦s del 11-S y del 11-M, los ciudadanos quieren seguridad total. Hemos cambiado a Rousseau por el Leviat¨¢n de Hobbes", se?ala Bernat Castany, de la Universidad Ram¨®n Llull de Barcelona. "Pero lo que hay que hacer es educar a estos j¨®venes en responsabilidad".