El Constitucional libra a 'los Albertos' de la c¨¢rcel

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, a los que ha librado de la condena de tres a?os y cuatro meses de c¨¢rcel que les impuso el Tribunal Supremo a cada uno por delitos de estafa y falsedad en la compra de los terrenos de las Torres KIO.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pascual Sala, declara que ni la Audiencia de Madrid ni el Tribunal Supremo vulneraron el derecho de los Albertos a la presunci¨®n de inocencia, o lo que es lo mismo, que hubo prueba de cargo suficiente para fundamentar la condena y concurrieron todos los rasgos t¨ªpicos del delito de estafa. Sin embargo, aprecia vulneraci¨®n, por parte del Supremo, del derecho a la tutela judicial efectiva al no haber estimado la prescripci¨®n.

En 1998, los Albertos, socios mayoritarios de Urbanor, pactaron un precio de venta de 231.000 pesetas por metro cuadrado de los solares de la plaza de Castilla, de Madrid, donde se iban a levantar las Torres KIO. Pero remitieron a los socios minoritarios un documento con la firma falsificada del representante de KIO en Londres, en el que figuraba un precio de 150.000 pesetas, en vez del precio verdadero. Los Albertos obtuvieron as¨ª un beneficio de m¨¢s de 4.000 millones de pesetas (25 millones de euros).

La querella contra los Albertos se present¨® el 6 de enero de 1993, ¨²ltimo d¨ªa anterior a la prescripci¨®n de los posibles delitos. El Supremo entendi¨® que la presentaci¨®n de esa querella cumpl¨ªa el requisito legal de que "el procedimiento se dirija contra el culpable", y conden¨®.

Sin embargo, el Constitucional ha aplicado su propia doctrina, que considera la querella contra los Albertos una "solicitud de iniciaci¨®n del procedimiento" y no "un procedimiento ya iniciado". As¨ª, la primera decisi¨®n judicial en el caso, el auto de incoaci¨®n de diligencias previas, "se dict¨® 13 d¨ªas despu¨¦s del vencimiento del plazo de prescripci¨®n". Para el Constitucional, el Supremo interpret¨® la prescripci¨®n de forma lesiva para el derecho de los Albertos a la tutela judicial, "en cuanto insuficientemente respetuosa del derecho a la libertad"

El magistrado Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas ha discrepado de la sentencia al entender que la decisi¨®n del Supremo estuvo bien fundamentada. Los accionistas de Urbanor indicaron que los dos financieros tienen pendiente el pago de m¨¢s de 40 millones de euros en indemnizaciones.