Los jueces plantan cara al fiscal general

Una instrucci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado, aparentemente inocua, provoc¨® ayer que los jueces de la Audiencia Nacional decidieran ir a la guerra, es decir, convocar a la Junta de Jueces y denunciar los hechos al Consejo General del Poder Judicial, seg¨²n inform¨® uno de ellos. El casus belli es la potestad que se adjudica a los fiscales para ordenar investigaciones a la polic¨ªa judicial, aunque un juez ya tenga abierto un procedimiento por el mismo caso y, por lo tanto, tenga la direcci¨®n de la instrucci¨®n.

La instrucci¨®n que el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, dirigi¨® ayer a todas las Fiscal¨ªas sobre la direcci¨®n del ministerio p¨²blico de las actuaciones de la Polic¨ªa Judicial ten¨ªa la apariencia de un recordatorio, puesto que casi todo lo que menciona ya est¨¢ en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal. Todo, menos un aspecto que es el que ha resultado pol¨¦mico y ha puesto en pie de guerra a los jueces. ?stos ven en la notificaci¨®n de la instrucci¨®n en Lunes Santo, una maniobra y un primer paso hacia que la instrucci¨®n la dirijan los fiscales, pero sin cambiar la ley.

Magistrados de la Audiencia Nacional piden convocar la junta de jueces

Y el aspecto en cuesti¨®n es el punto 8 de las conclusiones del citado documento que dice textualmente: "Los Sres. Fiscales est¨¢n facultados legalmente para continuar en sus funciones de direcci¨®n de la Polic¨ªa Judicial aunque exista un procedimiento judicial en curso, por lo que a¨²n en estos supuestos podr¨¢n ordenar a la Polic¨ªa Judicial la pr¨¢ctica de diligencias concretas referidas a aspectos puntuales de la investigaci¨®n, con el objeto y con la obligaci¨®n de aportarlas a la causa cualquiera que fuera su resultado, en virtud de principio de imparcialidad que preside su actuaci¨®n".

Para los jueces de la Audiencia, "esta instrucci¨®n autoriza al fiscal para que haga una instrucci¨®n paralela y fuera del control judicial y fuera del conocimiento de las partes personadas en el procedimiento". Est¨¢ claro que la ley autoriza a los fiscales a realizar una investigaci¨®n prejudicial, de forma que puedan pedir a la Polic¨ªa Judicial que investigue los aspectos que considere oportunos para confirmar la existencia de delitos o la identidad de sus autores.

Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su art¨ªculo 773, es meridianamente clara: "Cesar¨¢ el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos". Es decir, que la Fiscal¨ªa puede investigar por su cuenta, pero siempre que un juez no est¨¦ investigando los mismos hechos.

El Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, recientemente aprobado, detalla en su art¨ªculo 5 la forma de proceder y en ninguno de sus apartados autoriza a la Fiscal¨ªa a realizar pesquisas al margen de la autoridad judicial, cuando el procedimiento penal ya estuviera en marcha.

Uno de los magistrados considera que la autorizaci¨®n a los fiscales para que insten pesquisas sobre aspectos concretos de la investigaci¨®n "es una barbaridad, porque da una patente de corso a las investigaciones paralelas del fiscal sin control judicial". Adem¨¢s, insisti¨®, sustrae a la defensa y a las otras acusaciones el conocimiento de las diligencias de que se trate, por lo que en el momento en que se aporte a la causa, ?qu¨¦ debe hacer el juez?, ?repetirla para que la diligencia de prueba sea realizada con contradicci¨®n de las partes?

Fuentes de la Audiencia se?alaron que ese punto preciso de la Instrucci¨®n supone una modificaci¨®n de la ley de forma espuria. Por lo dem¨¢s, la Instrucci¨®n destaca que los fiscales deben establecer cauces de comunicaci¨®n fluida con la Polic¨ªa Judicial para hacer m¨¢s eficaz la investigaci¨®n y dejar claro los criterios de prioridad, la forma de actuaci¨®n y la coordinaci¨®n de las pesquisas.

El documento de Conde-Pumpido da tambi¨¦n instrucciones sobre c¨®mo se debe convocar a los polic¨ªas que act¨²en de testigos en los juicios y se?ala que se deben promover las v¨ªas de comunicaci¨®n precisas con los agentes que hayan intervenido en asuntos concretos para aclarar aspectos que no est¨¦n suficientemente claros o para ampliar la informaci¨®n de que se disponga.

La instrucci¨®n puntualiza que se debe "desterrar la pr¨¢ctica de citaciones generalizadas de agentes policiales" y tambi¨¦n que por parte de esos polic¨ªas que declaren como testigos en los juicios se eviten "las respuestas gen¨¦ricas o evasivas".