1.481.476 sentencias por ejecutar

Juzgar no es s¨®lo sentenciar. Hay que ejecutar lo juzgado. Es una de las dos lecciones que se extraen del caso Mari Luz. Hasta la muerte de esa ni?a de cinco a?os el pasado enero supuestamente a manos del pederasta Santiago del Valle, que, a pesar de tener dos condenas firmes no hab¨ªa ingresado en prisi¨®n, la vigilancia estaba puesta en los atascos a la hora de resolver asuntos. Que se cumplieran las sentencias era un problema secundario, en la sombra, a pesar de que en el tercer trimestre de 2007, seg¨²n las estad¨ªsticas del Consejo General del Poder Judicial, quedaban por cumplir 1.481.476 sentencias en Espa?a, 406.665 de ellas procedentes de juzgados penales. Una cantidad excesiva y mal gestionada en la que, seg¨²n los propios jueces, podr¨ªan esconderse decenas de errores similares a los que no pudieron evitar la desaparici¨®n y muerte de la menor en Huelva.

El caos en este tipo de expedientes en el campo penal fue denunciado al Consejo en abril de 2004, cuando varios jueces destinados en los juzgados de lo penal especializados en ejecutorias -el sistema por el que se ha optado en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Guip¨²zcoa y Palma de Mallorca para aligerar el trabajo del resto de juzgados de lo penal- provocaron una inspecci¨®n para que el gobierno de los jueces tuviera constancia de la situaci¨®n, y organizaron una jornada de trabajo para analizar sus principales problemas y exponerlos al Consejo.

Los juicios r¨¢pidos creados con la ¨²ltima reforma procesal del PP -que se celebran en los juzgados de instrucci¨®n, pero cuyas sentencias ejecutan los de lo penal- han contribuido a aumentar el atasco, seg¨²n los propios jueces que ya no deben aplicar s¨®lo sus propias sentencias. Lo mismo ha ocurrido con la Ley Integral de Violencia de G¨¦nero, que les ha obligado a gestionar y controlar las penas de alejamiento que, en muchos casos, llevan aparejadas las condenas. "El descontrol es tal que cuando los medios recogen la muerte de una mujer a manos de su marido o compa?ero nos ponemos a rezar para que no haya ocurrido en nuestro partido judicial", asegura una magistrada con a?os de experiencia en juzgados de lo penal.

El segundo defecto de sistema detectado tras la muerte de Mari Luz es la ausencia de un programa inform¨¢tico ¨²nico que comunique los juzgados. Jueces y magistrados lo reclamaron hace cuatro a?os y aunque las consejer¨ªas de Justicia de las distintas comunidades aut¨®nomas -las competentes en la dotaci¨®n de medios de juzgados y tribunales donde esas competencias est¨¢n transferidas- han creado cada una su propia aplicaci¨®n inform¨¢tica, hasta el momento no est¨¢n comunicadas. Seg¨²n el art¨ªculo 230.5 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial es el Consejo el que debe controlar que esos programas sean compatibles, pero los trabajos en esa direcci¨®n -el llamado Punto Neutro judicial- no est¨¢n muy avanzados. Santiago del Valle ten¨ªa cuentas pendientes en cuatro juzgados cuando fue detenido por la muerte de Mari Luz. Ninguno de ellos fue capaz de descubrir el error a pesar de que el pederasta se presentaba cada dos semanas ante el juez puntualmente.