La sentencia abre la v¨ªa a que las autonom¨ªas propongan magistrados

Una gran maquinaria pol¨ªtica lleva empantanada desde el 4 de diciembre del a?o pasado. Se trata del proceso para nombrar a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que llevan en funciones desde mediados del mismo mes. Deb¨ªan ser nombrados por el Senado antes del 17 de diciembre, cuando finalizaba el mandato de los actuales, con acuerdo del PP y el PSOE. Pero el PP boicote¨® todo el proceso porque consideraba inconstitucional la nueva forma de hacer los nombramientos. Ayer, el Constitucional rechaz¨® los argumentos del PP y abri¨® la v¨ªa para retomar el proceso, abortado por el propio Senado.

Esa nueva forma de nombrar a los magistrados da verdadera pereza. Con la nueva ley se trataba de acentuar el car¨¢cter de c¨¢mara territorial del Senado e involucrar a las comunidades aut¨®nomas en las altas instituciones del Estado. Para ello se establec¨ªa que los cuatro magistrados ser¨ªan elegidos de entre los candidatos propuestos por las comunidades, que podr¨ªan ser hasta 34 nombres (dos cada una). Para concretarlo, el Senado modific¨® su Reglamento el pasado noviembre, por primera vez sin consenso, ya que el PP se opuso radicalmente a todo el proceso con la excusa de que deb¨ªa esperarse a la sentencia conocida ayer. El resto de los grupos, liderados por el PSOE, decidieron que lo que deb¨ªan hacer era cumplir la ley en vigor e iniciar el proceso de nombramiento, con sentencia o sin ella.

El viernes 23 de noviembre, el presidente del Senado comunic¨® a los parlamentos aut¨®nomos que abr¨ªa un plazo de un mes para presentar candidatos. Pero era una quimera. Algunos parlamentos deb¨ªan incluso reformar sus propios reglamentos y ponerse de acuerdo en la forma de hacer las propuestas.

Las comunidades con mayor¨ªa del PP ignoraron ol¨ªmpicamente el asunto, dejando correr el tiempo. Las de mayor¨ªa socialista pidieron sospechosamente todas a la vez una ampliaci¨®n del plazo porque aseguraban que les era imposible encontrar nombres de consenso a tiempo. S¨®lo los partidos en Catalu?a y Canarias, por unos d¨ªas, parecieron dispuestos a buscar candidatos sin contar con el PP, pero esa posibilidad la desinfl¨® el propio PSOE. Finalmente, el Senado concedi¨® esa ampliaci¨®n "hasta despu¨¦s de las elecciones", que supon¨ªa, de facto, renunciar a cumplir su deber de nombrar a los magistrados a tiempo.

La apertura de un nuevo plazo no est¨¢ de momento entre las prioridades de la Presidencia.